EL RITUAL DE LA VIOLENCIA

Papel Literario

EL RITUAL DE LA VIOLENCIA

 Manuel Felipe Sierra

“En Colombia un ciudadano es asesino cada 20 minutos”. Las palabras de Joseph S. Nye Jr., decano de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard, hace dos semanas , no provocaron mayor impacto entre más de 500 profesores y estudiantes del centro de estudio. No era la primera vez que la violencia colombiana era objeto de un examen en foros y seminarios  internacionales.

Más bien muchos de los asistentes repasaban un escalofriante y es escueto registro periodístico: “ En Bellavista hay 1.100 personas. Se estima que en este pequeño poblado combatieron casi cuerpo a cuerpo 400 paramilitares y 2000 guerrilleros. Los primeros utilizaron a la población civil  de escudo. Los insurgentes los atacaron sin medir las consecuencias. AL final desapareció el 10 por ciento del pueblo. 117 muertos civiles entre ellos 47 niños y 114 heridos. Por culpa de esta acción, de toda la región, según las Naciones Unidas30 mil campesinos se están desplazando en canoas por el río Atrato, la única vía del departamento del Chocó, que paras y guerrillas se disputan a sangre y fuego”(Semana, adición 1045).

En la masacre no intervinieron las fuerzas armadas, el factor más importante y numeroso en el conflicto colombiano. La región de la matanza está integrada en su mayoría por población negra, afrocolombiana y son territorios lluviosos a donde fueron aventados los blancos. El ex ministro de la Defensa. Rafael Pardo Rueda tiene una explicación: “El gobierno central desprecia a Chocó y a los negros  y los políticos del departamento los tienen sometidos al clientelismo” .

Es sólo un episodio que se enlaza con una historia cotidiana de violencia y de muerte a pocos días de una elección presidencial que asume, como es lógico, la paz como el más relevante y apremiante de los temas en debate. Pero la violencia es una patología instalada -a prueba de diagnostico certero- en la vida de Colombia. Se suele tomar como punto de partidas del calvario colombiano, el asesino del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948, como resultado de la conjura de las élites liberales y conservadoras  hermanadas por los privilegios desde el propio nacimiento de la nación. Para los efectos del hilvanar la historia ello es correcto. Pero la muerte de Gaitán dispara la violencia rural entre militares de los dos grandes partidos por casi nueve años y luego la convierte en forma de organización guerrillera hasta nuestros días, porque ella se nutre de un inagotable sustrato social.

Ya la sociedad colombiana era estructuralmente violenta y excluyente. A diferencia con Venezuela, por ejemplo, sus estratos de clases tuvieron poca movilidad, La Guerra de los mil días (1898-1902), no significo un peligro para la herencia militar y política de los conservadores les permitió imponer, durante tres décadas, una férrea hegemonía y consagrar un largo período de paz. A este fenómeno Gabriel García Márquez le ha dado una interpretación gráfica: “En Colombia ganaron la guerra los conservadores y en Venezuela los liberales”(federales).

Sin embargo, el asesinato de Gaitán desajustó la paz política. Durante años liberales y conservadores protagonizaron una horrenda matanza a lo largo y ancho del país, hasta que las élites oligárquicas –que han usado las denominaciones partidistas como franquicias flexibles- articularon el frente nacional bipartidista (1958-1974), con apoyo militar y que se tradujo en una relativa aparente normalidad política.

Pero los problemas de fondo se acentuaron en términos críticos. El ensayista William Ospina hace un juicio demoledor de la experiencia del co-gobierno alternativo: “En su momento los colombianos no advirtieron el terrible mal que representaba el pacto aristocrático, por cuanto se sepultaba de un modo oficial el derecho popular a expresarse políticamente. Ahora nos resulta increíble que se pudiera hablar de democracia mientras se prohibía expresamente la existencia de partidos políticos distintos a los oficiales”.

EL CAMBIO DE PIEL

La guerrilla siguió subsistiendo como consecuencia de un proceso de aguda exclusión social y unas relaciones de injusticia en el campo. Si bien la violencia expulsó nutridos contingentes humanos hacia las Principales ciudades, la acción armada se fue ajustando a las circunstancias internacionales, pero sustentada en causas nacionales.  Los guerrilleros colombianos preservaron su base campesina y no cedieron su liderazgo a expedicionarios académicos fanatizados por el guevarismo a movimientos que trataban de copiar la fortuna guerrillera de Fidel Castro. Estos núcleos armados (Tirofijo es un inquebrantable ejemplo de mimetismo ideológico) asumieron la orientación comunista en la etapa de los movimientos de liberación nacional; fueron pieza clave en la estrategia cubana de fomentar la insurrección en el continente y en las sucesivas modas que revistió la insurgencia armada en los años sesenta y setenta.

A comienzos de los años noventa el M-19 y el Ejercito Popular de Liberación (LPN) ambos con menor arraigo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y el Movimiento de Liberación Nacional (ELN) se acogieron a la legalidad y apostaron al proceso constituyente promovido por el presidente César Gaviria para producir un “revolcón”  institucional. Pero ya el narcotráfico, a través de los carteles de Medellín y Cali habían transitado el camino de la violencia y establecido un modus vivendi con los grupos guerrilleros -ya desprovistos de sustancia revolucionaria- y consolidado su relación con las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares), nacidas para proteger a los grandes hacendados del acoso guerrillero y como guardia protectora de los “barones” de la droga.

AL FILO DE LA NAVAJA

Los dos últimos gobiernos colombianos debieron afrontar una situación nueva: la agresiva arremetida de la guerrilla potenciada económicamente por el narcotráfico y la industria del secuestro y la extorsión. Acusado de llegar a la presidencia con el auxilio financiero de los carteles delictivos Ernesto Samper gobernó cuatro años con la habilidad de un equilibrista ante las aprensiones y la represión de los Estados Unidos que privilegiaban entonces el tema de la droga.  Andrés Pastrana, en cambio se embarcó en un Plan de Paz que sirvió para alimentar falsas expectativas en el ámbito interno.

El Plan Paz le permitió al mandatario manejarse  durante casi cuatro años (hasta febrero pasado cuando canceló las conversaciones con las FARC) evitando confrontaciones internas y en una acción para recobrar el protagonismo internacional de Colombia debilitado durante el mandato de Samper.  Pero se trataba simplemente de una menera de ganar tiempo. Pastrana mejor que nadie sabía que no eran posibles acuerdos estables con una guerrilla convertida en un emporio económico. Las FARC, en cambio, aceptaron el diálogo  porque durante tres años y medio gobernaron en un territorio de 42 kilómetros y pudieron ejercitar sin mayores riesgos sus gestiones diplomáticas en los centros de poder.

Las elecciones presidenciales del 26 de mayo, deberían ser ganadas en la primera vuelta por Álvaro Uribe Vélez, antioqueño, liberal de derecha y cuyo padre fue asesinado por las FARC, convertido en fenómeno electoral por su promesa de combatir frontalmente a la guerrilla en un contexto nacional que se inclina decisivamente a favor de exterminar a los focos irregulares. Si  Uribe cumple con su palabra de incorporar a cientos de miles de civiles al combate contra la guerrilla, el primer efecto sería la generalización del conflicto.

Si hay una segunda vuelta Uribe debería medirse con Horacio Serpa, candidato oficial del liberalismo, mano derecha de Samper durante su gobierno, político ducho, inteligente, de origen humilde (fue dependiente en una tienda en la provincia) y todavía no digerido por el paladar oligárquico bogotano.    Serpa no obstante, no ofrece nada nuevo o distinto a la propuesta de paz, más allá de los logros alcanzados por Pastrana.

Pero en estas elecciones están en juego otros factores no menos explosivos que la guerrilla y el narcotráfico. En Colombia venía coexistiendo la ingobernabilidad política con una relativa estabilidad económica.  El rumbo de la guerra ya hace estragos en la salud de la economía, sumida en la recesión, y con unas cifras siderales de desempleo y caída del consumo.  Como si fuera poco, sus vecinos

-antes amurallados en fortalezas democráticas- viven ahora procesos convulsos e impredecibles. El Plan Colombia, ha significado también la internacionalización del conflicto, justamente cuando en el mundo entero existe una hipersensibilidad ante los brotes terroristas.  Y no otra cosa son los grupos guerrilleros y paramilitares. Gane quién gane, Colombia seguirá pagando su dolorosa penitencia ante el altar de la violencia.