lunes, 22 de mayo de 2017

Análisis

“EL CASO VENEZUELA”  EN LA GEOPOLITICA MUNDIAL


“El Caso Venezuela” merece cada vez mayor atención de las instancias internacionales tanto como ocurre con los conflictos armados del Medio Oriente, África y el riesgo de una nueva conflagración por las provocaciones nucleares de Corea Del Norte. La reciente sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a ochos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia fue acompañada por una nueva advertencia de Donald Trump, sobre las graves “tensiones políticas  venezolanas” al finalizar la reunión sostenida con el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien declaró a la vez “haremos todo lo que sea necesario en cooperación con otros países para arreglar la situación en Venezuela”.

La preocupación por el rumbo de la crisis nacional llego al Consejo de Seguridad de  las Naciones Unidas ( un escenario tradicionalmente reservado para considerar graves conflictos armados) a través de la embajadora norteamericana Nikki Haley, y si bien el planteamiento no mereció una votación del organismo, el tema quedo consignado seguramente para futuras ocasiones de no haber una solución  consensuada a la conflictividad política que desde hace más de un mes se ha contaminado con una creciente violencia  con saldo de muertes , heridos, detenciones y daños materiales a comercios e industrias ya no sólo focalizados en los espacios tradicionales de la oposición sino incluso en remotos lugares del interior.

Por primera vez, después de la “Crisis de los Misiles” en Cuba  en 1962 que estuvo a punto de provocar  una nueva Guerra Mundial al enfrentar a Estados Unidos y la Unión Soviética, y la ocupación de las Islas Malvinas por los militares argentinos en 1982  que activó la presencia de la Flota Inglesa en la región,  ningún hecho ocurrido en el continente en los últimos años había tenido un alcance mas allá de los limites regionales. La larga guerra centroamericana; la lucha contra la dictadura de Somoza en Nicaragua; el conflicto guerrillero de Colombia, el derrocamiento de Allende en Chile y la represión desatada por la dictadura de Pinochet en los años siguientes; y las prácticas  genocidas de los dictadores en el Cono Sur en los años setenta, entre otros eventos, siempre fueron abordados por la  Organización de Estados Americanos (OEA) y las gestiones de los gobiernos  vecinos. ¿Por qué  entonces la polarización política venezolana, sin que haya llegado todavía a las dimensiones de una abierta guerra no convencional, suscita no sólo la preocupación sino el interés en actuar de manera concreta por los factores que rigen las relaciones internacionales?.

EL ANTECEDENTE CUBANO

Varias razones explicarían el asunto. Luego de la caída del Bloque Comunista; de la invasión de Estados Unidos a Irak  en 1990; de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001 y las guerras siguientes de Afganistán y de nuevo Irak y más recientemente los resultados de la “Primavera Árabe”  en el 2011, han puesto en claro una nueva configuración geopolítica del mundo, que coincide con la emergencia y fortalecimiento de China como una de las primeras potencias económicas, Hugo Chávez en su proyecto de la Revolución Bolivariana, que tuvo un indudable impacto en América Latina  y a propósito de una favorable coyuntura de los precios del petróleo desarrolló una nueva diplomacia para vincular Venezuela a las naciones que ahora ejercen el contrapeso de la política de Washington, papel que el pasado ejercía la Moscú. La operación diplomática chavista tuvo dos efectos: la influencia de la propuesta bolivariana encontró aliados en países suramericanos en especial ,en Brasil y Argentina cuyos mandatarios  definieron una política común en el 2005 en el Mar del Plata al derrotar la propuesta del ALCA de Estados Unidos y abrieron espacio a una mayor integración no sólo económica si no a mayores coincidencias políticas en una estrategia que se extendió a Centroamérica y el Caribe a partir de convenios de colaboración energética como Petrocaribe.

Al mismo tiempo, esa  política reforzó relaciones con países del Medio Oriente y no sólo con los viejos socios de la OPEP, también con naciones de la ex Unión Soviética y acentuó las relaciones económicas  con China y sus aliados hasta el punto de que hoy la potencia asiática luego de Estados Unidos es  el principal socio de la economía venezolana.
De alguna manera, guardando las distancias, se trataba de seguir los pasos de la operación de Fidel Castro en el año sesenta de alianza con la Unión Soviética en el marco de la “Guerra Fría” que de alguna manera lo ponía a salvo de la intervención anunciada de Estados Unidos y le permitía tal como ocurrió, prolongar un largo mandato. Ello explicaría que frente a la situación venezolana los gobiernos de China , Rusia e Irán (los más representativos  del nuevo esquema multipolar)  hayan expresado su apoyo de manera directa al gobierno venezolano en términos,  como el caso de Putin de forma categórica, en lenguaje diferente a lo ocurrido con otras crisis y conflictos más graves y extremos anteriores en la región y también porqué el más alto nivel de los Estados Unidos, Canadá, y de la Unión Europea advierte sobre un escenario incierto y peligroso de la situación venezolana .

¿RUMBO A SIRIA?


La politóloga  Elizabeth Burgos  analizaba recientemente la situación de país  a propósito de la presencia en Moscú del Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López  y la vigencia del “Convenio Integral de Cooperación” suscrito por Hugo Chávez y Fidel Castro el año 2000 y reactualizado y ampliado ahora por el militar venezolano en la capital rusa, y que supone cooperación y asistencia militar ante la posibilidad de que ambos países se vean amenazados no sólo, desde el exterior, si no también en situaciones que pongan en peligro la seguridad y el orden nacional. Burgos considera “que el reciente encuentro en Moscú no es una simple coincidencia y que el desenlace de la crisis venezolana también supondría eventualmente la paz del continente” y se pregunta: “¿Venezuela rumbo a Siria?”

sábado, 20 de mayo de 2017

ANÀLISIS
TIEMPO DE CONSTITUYENTE

Con razón se señala que Venezuela tiene una larga y no siempre positiva experiencia en materia constitucional. Desde 1811, con la Declaración de la Independencia, se han aprobado 26 constituciones además de numerosas Enmiendas y Actas Constitucionales. En el siglo XIX ello era explicable por cuanto las constituyentes buscaban legalizar frecuentes cambios de gobiernos mediante sublevaciones victoriosas, además de las perpetuaciones en el poder de gobernantes autoritarios y dictadores.
Luego en el siglo XX durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien gobernó a lo largo de 27 años, se aprobaron siete constituciones que tenían que ver con modificaciones de la Presidencia de la República o ciertos cambios que no implicaban necesariamente la premisa tradicional de la “Refundación del Estado”.

Si bien a la muerte de Gómez, durante la transición presidida por Eleazar López Contreras se hicieron modificaciones de la constitución gomecista de 1931 como la reducción del periodo presidencia, será en 1946,  durante el mandato de la Junta Revolucionaria de Gobierno encabezada por Rómulo Betancourt cuando se realiza la primera Asamblea Constituyente verdaderamente democrática con la participación de los modernos partidos políticos y que abre paso a la modernidad venezolana, garantizando el voto directo, universal y secreto para las mujeres y analfabetas, además de consagrar derechos sociales que venían siendo exigidos desde tiempos atrás.

El 24 de noviembre de 1948 fue derrocado Rómulo Gallegos, se inicia una etapa de gobiernos militares y mediante un acta rescatada de la Constitución de 1936 se convoca a nueva elecciones para una Asamblea Constituyente en 1953. El 30 de noviembre de 1952 se realiza la consulta y en ella resultan victoriosas las planchas de los dos partidos opositores legales URD y COPEI. La elección es desconocida por las fuerzas armadas y comienza el periodo dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, quien habría de gobernar durante cinco años  con una constitución aprobada por la Asamblea  ilegítima que regresa a varios de los contenidos o artículos abolidos por el texto de 1947.

LA DEMOCRACIA

A la caída de Pérez Jiménez el 23 de Enero de 1958 se inicia el verdadero proceso de construcción de la democracia para lo cual era necesaria la aprobación de nuevas bases constitucionales. El Presidente de la Junta de Gobierno Wolfang Larrazábal, como era tradición en estos casos, propuso la necesidad de una Constituyente que legitimara la transición democrática. La dirigencia política de entonces representada por los líderes políticos históricos (Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba , Rafael Caldera y Gustavo Machado), escogió una vida distinta y menos riesgosa en momentos de turbulencia política y decidió que el Congreso Nacional que se elegía conjuntamente con el Presidente de la República tuviera poderes constitucionales y de esta manera se aprueba la Constitución de 1961 que duraría 38 años hasta la Constituyente de 1999 convocada por Hugo Chávez una vez que fue electo Presidente de la República, y que había sido una de sus principales  promesas electorales.
 De esta manera nace la vigente Constitución Nacional Bolivariana que ha servido de soporte a los cambios introducidos por el llamado “proceso del chavismo”. El instrumento contempla importantes cambios en materias significativas como los derechos humanos y la preservación del medio ambiente además de definir la democracia venezolana como “participativa y protagónica”. Sin embargo, en el 2007 el mismo Chávez propuso una reforma constitucional que permitiría avanzar en el curso de un proyecto de cambios más sustantivos y que facilitaran la consolidación de “socialismo del siglo XXI”. La propuesta fue rechazada por el voto popular y a los siguientes meses mediante una Ley Habilitante fueron convertidos en instrumentos fundamentales varios de los contenidos de la reforma derrotada dando paso a un andamiaje jurídico que ha permitido hasta hora el curso del proyecto bolivariano y que desde 2013, con la muerte de su líder fundador, es encabezado por Nicolás Maduro.

 Sin embargo el tema de la convocatoria a una constituyente ha estado presente a lo largo de los últimos años toda vez que en el país desde el 2001 se ha configurado una severa polarización política con eventos como la salida del poder durante tres día del presidente Chávez por obra de una acción militar con presión de calle el 11 de abril del 2002; y que seguidamente generó acontecimientos durante ese año como la protesta milititar en la plaza Altamira en octubre y el llamado a un paro nacional en el mes de diciembre que se prolongo durante 63 días. Todo ellos obligó a la instalación de una Mesa de Negociones y Acuerdos entre el gobierno y la oposición con mediación de la OEA y en Centro Carter y la activación de un Referendo Revocatorio Presidencial  que culmino con la ratificación del gobernante.
Si bien las constituyentes se conciben para aprobación de nuevos textos constitucionales o modificaciones importantes del vigente, con el tiempo ha sido un mecanismo necesario para legitimar cambios de gobiernos y también para abordar situaciones de ingobernabilidad o crisis políticas terminales. Desde aquellos años sectores importantes del país han planteado la conveniencia del recurso constituyente para enfrentar una polarización entre dos visiones del Estado y con posturas ideológicas discrepantes que ha determinado la severa crisis planteada en los últimos meses y que pareciera conducir a un creciente cuadro de violencia.

EL PODER ORIGINARIO

El primero de mayo del 2017 y luego de resultar infructuoso el llamado a un dialogo entre los factores en pugna y ante un cuadro generalizado de violencia el presidente Nicolás Maduro apeló a los artículos 347,348 y 349 de la Constitución para convocar un proceso constituyente. Un planteamiento que desde el 2003 ha sido levantado por sectores de la oposición como una manera no sólo de reinstitucionalizar al Estado si no de encontrar espacios de encuentro para la convivencia política tal como ha ocurrido en otros países enfrentados a situaciones extremas de conflictividad. El llamado presidencial fue rechazado por la Asamblea Nacional como una “iniciativa fraudulenta”   y en la misma dirección se pronunció la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que agrupa a la mayoría de los partidos opositores, así como a reconocidos constitucionalistas. El CNE por su parte, ya  recibió el planteamiento formal  y se dispone a definir los detalles necesarios para la realización de la consulta, mientras que se profundiza la pugnacidad  y en las calles se registran desde hace un mes violentas acciones con saldos de muertos, cientos de heridos y detenidos, además de cuantiosos daños materiales por obra de saqueos y operaciones vandálicas. Más allá de los reparos técnicos o formales de la propuestas los cierto es que ante circunstancias que escapan a los mecanismo convencionales de la negociación política, pareciera no quedar otro camino que colocar la situación en manos de la voluntad popular mediante el recurso del voto universal, directo y secreto de la mayoría de los venezolanos. 


lunes, 15 de mayo de 2017

ANÁLISIS:

“EL CASO VENEZUELA”  Y LA TRANSICIÓN

Los procesos de transición no se inventan caprichosamente, sino que son el producto de inevitables circunstancias históricas que por lo general se conciben como una manera de reordenar la política y el Estado después de rupturas traumáticas o de cambios convenidos entre los actores de la conflictividad política. Quiérase o no, el país vive ahora  los pasos hacia una recomposición de las instituciones aunque el tema no haya sido asumido explícitamente por el oficialismo ni la oposición. Cuando el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup, apelando la mayoría opositora del Parlamento  anunció el año pasado el término del mandato presidencial  de Nicolás Maduro  en seis meses, apostaba a un tiempo de recomposiciones y cambios en la gobernabilidad;  y lo mismo puede decirse cuando la  Mesa de la Unidad Democrática (MUD) propuso activar el mecanismo constitucional del revocatorio presidencial que fijaba la necesidad no sólo de la salida del mandatario sino también de un período transicional sobre nuevas bases.
La reciente convocatoria del Presidente  Nicolás Maduro a una nueva Asamblea Constituyente también se inscribe en esta línea de razonamiento. Tanto las propuestas opositoras  como la reciente iniciativa presidencial responden a la conveniencia de un replanteamiento político de fondo, más  allá del convencional cambio de gobierno. Los planteamientos de las organizaciones opositoras se fundamentan en lo que para ellos es la necesidad de sustituir un modelo  político, económico y social y no sólo de la sustitución de un gobernante. Se razona que el modelo chavista que devino posteriormente en el llamado “socialismo del siglo XXI” no sólo ha demostrado  su inviabilidad teórica, sino que después de  dieciocho años ha desembocado en un severo fracaso de costosas consecuencias para los venezolanos.
La propuesta constituyente de Maduro, en cambio, si bien nace como respuesta a una crisis de ingobernabilidad y polarización social, la cual no sólo habría de requerir de un nuevo instrumento constitucional para la rectificación y la corrección de errores y equivocaciones, se propone además profundizar las bases de un modelo que todavía demandaría  una mayor radicalización.

CUATRO ETAPAS

En el siglo XX Venezuela vivió cuatro transiciones, dos de ellas pacificas y dos como derivación de fracturas militares. A la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935, Eleazar López Contreras comenzó un mandato particularmente complejo e impredecible porque se trataba de dar el paso entre una dictadura rural de veinte siete años hacia formas desconocidas de instituciones  y prácticas democráticas. El 18 de octubre de 1945 el Golpe de Estado contra Medina Angarita fraguado por el grupo militar encabezado por Marcos Pérez Jiménez y con el apoyo civil de Rómulo Betancourt y un grupo de dirigente de Acción Democrática,  si bien nació de un acto de fuerza, su inmediato desarrollo significó el comienzo de la vida verdaderamente democrática del país pero desató el inevitable conflicto entre las fuerzas del pasado y del futuro que condujo al derrocamiento de Rómulo Gallegos en 1948, el primer presidente constitucional legítimamente electo mediante el voto universal, directo y secreto.
Luego de 10 años de gobiernos militares, cinco de los cuales dieron forma a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de Enero de 1958 una persistente resistencia civil rematada finalmente por la presión de las armas, abrió paso a más de cuarenta años de ejercicio  de las instituciones democráticas sustentadas en la expresión de la voluntad popular. La victoria de Hugo Chávez en 1998, si bien se dio mediante el voto popular, por los planteamientos del candidato ganador y su propuesta central de una nueva Constituyente, significaba una ruptura incruenta y pacífica de las reglas del juego de la democracia representativa simbolizada en la alternancia partidista de AD y COPEI. Habría de comenzar entonces un enfrentamiento político que al cabo de casi dos décadas ha marcado la vida venezolana, con momentos de alta tensión (2001,2004), y el retorno a un aparente  clima de normalidad institucional.
A la muerte de Hugo Chávez en el 2013, quien había sido reelecto en dos oportunidades y que ejerció un liderazgo mediático e incuestionable con proyección internacionalidad, era evidente que su remplazo habría de generar vacios y debilidades en el mandato  de su sucesor en este caso Nicolás Maduro, quien durante cuatro años ha requerido de astucia política para afrontar tiempos difíciles y turbulentos. No es por azar entonces que los últimos meses, por obra de la caída del ingreso petróleo y la negativa a una rectificación a fondo de políticas económicas ineficientes   y propicias para la ineficiencia y la corrupción, haya resurgido la pugnacidad política pero a diferencia a años anteriores, ahora alimentada por condicionamientos de dimensiones  mucho más graves
La polarización política actual  se mezcla con una crisis económica que no sólo se revela en el desequilibrio macroeconómico e imparables niveles de inflación, (lo que ha ocurrido y ocurre en muchos país con respuestas conocidas y probadas), sino con dramáticas consecuencias de desabastecimiento, escasez, especulación y distorsiones de toda índole que complican la vida cotidiana del venezolano; a lo cual se suma una crisis social  inédita (mucho más grave que los conocidos índices de delincuencia que se registra en los países latinoamericanos), y que conforman factores delictivos que operan como grandes empresas con extraordinarias ganancias y además con una preparación militar que en algunos casos supera a los propios cuerpo policiales y organismo de seguridad.

Un diagnostico de tal gravedad, antes el cual la dirigencias políticas parecen ajenas a su verdadera consideración, ha conducido a un escenario de violencia que podría  catalogarse como una de las modernas formas de guerra civil. Negada hasta hora la posibilidad del dialogo y la búsqueda de aproximaciones entre el gobierno y la oposición, las expectativas apuntan hacia un recrudecimiento de un cuadro en el  cual el único pronóstico posible es el desbordamiento y protagonismo de aquellos sectores que se alimentan de la confrontación y el caos. No es extraño por eso que la comunidad internacional haya colocado en lugar privilegiado en su agenda el curioso, peligroso e incierto “Caso Venezuela “.

martes, 9 de mayo de 2017


Análisis 


LA CONSTITUYENTE: ¿PARA QUE?

El presidente Nicolás Maduro formalizó el miércoles 3 ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud para la activación de un proceso constituyente tal como lo anunciara el 1 de mayo. El mandatario apeló para ello a los artículos 347,348 y 349 de la Constitución Nacional Bolivariana y anuncio una “amplia consulta” con todos los sectores del país para definir las bases comiciales y la organización de una nueva Asamblea. Según el mandatario la iniciativa buscaría “ganar la paz” y se basaría en los siguientes puntos: ampliar el sistema económico; incluir las misiones; seguridad y justicia; nuevas formas de democracia; defensa de la soberanía; identidad cultural; garantía del futuro y cambio climático.
El mismo día la plenaria de la Asamblea Nacional rechazo el anuncio presidencial y exigió al Poder Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y al Poder Ciudadano abstenerse de avalar una “iniciativa fraudulenta”. También hizo un llamado a la Fuera Armada Nacional a respetar el marco jurídico-institucional previsto en la Constitución, “no atendiendo órdenes superiores que lesionen derechos humanos y menoscaben principios constitucionales”.
El presidente de la AN Julio Borges viajo a Washington el día siguiente para entregar al Secretario General de la OEA Luis Almagro copia de la declaración así como también la negativa del cuerpo a la anunciada salida de Venezuela del organismo internacional. En la misma línea se pronuncio la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y los principales líderes opositores que consideran que con esta convocatoria el Presidente “busca ganar tiempo mientras se posponen aun más las elecciones de alcaldes y gobernadores previstas para este año”. 
El tema constituyente ha sido una constante en la historia venezolana y particularmente en las últimas décadas, tanto que desde 1811, con el firma de La Declaración de la Independencia se han aprobado 26 constituciones además de numerosas Enmiendas y Actas Constitucionales que buscaban legalizar frecuentes cambios de gobierno mediante insurrecciones victoriosas así como la perpetuación en el poder de los dictadores. Incluso en los 27 años del gobierno de Juan Vicente Gómez se aprobaron siete (7) cambios constitucionales de acuerdo a la conveniencia del dictador y que no implicaban el tradicional llamado  “a  la refundación del Estado “.
Es 1946 cuando se convoca a la primera Asamblea Constituyente democrática durante el mandato de la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt cuando se abren paso a la modernidad política venezolana al otorgar el voto directo, universal y secreto a las mujeres y analfabetas consagrando además derechos sociales que venían siendo exigidos desde hacía mucho tiempo por sectores democráticos. El derrocamiento de Rómulo Gallegos en 1948 y la convocatoria a una Asamblea Constituyente en 1953 que resulto ilegitima una vez que el resultado electoral, que favorecía  a las planchas de URD partido liderizado por Jóvito Villalba, fuera desconocido por el Ejercito, dio paso a la dictadura de Pérez Jiménez.
A la caída del dictador el 23 de Enero de1958 se retomó lógicamente el tema de la legitimación constitucional del proceso de transición democrática. El Presidente de la Junta Provisional  Wolfgang Larrazábal asomó  la idea de la Constituyente mientras que la dirigencia política de entonces (Betancourt, Villalba, Caldera y Machado) se inclinó por otorgarle el mandato al nuevo Congreso Nacional que se elegía ese año para elaborar una nueva Constitución tomando en cuenta el cuadro de turbulencia e incertidumbre política que caracterizaba ese momento; de esta manera nace la Constitución de 1961, que durante 38 años sirvió de base al sistema democrático.

UN TEMA DE CHÀVEZ

El tema constituyente volvió ser reinstalado en el debate nacional a raíz del fracasado Golpe de Estado de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992 que si bien no tuvo éxito en el plano militar puso en claro los signos del agotamiento de un modelo político que requería del refrescamiento y el cambio. El propio presidente Carlos Andrés Pérez hablo de la posibilidad de una Constituyente pero finalmente se inclinó por una Comisión de Reforma Constitucional presidida por Rafael Caldera que por unos meses trabajó en temas que años después habrían de ser retomados en la Constitución Nacional Bolivariana de 1999.   En aquellos días que condujeron a un nuevo intento Golpe de Estado el 27 de noviembre del mismo año y que meses después, aunque alegando razones distintas, obligó a la renuncia de Pérez de la Presidencia era demasiado evidente que se imponía una respuesta mucho más eficaz ante el creciente desgaste del esquema bipartidista de gobierno.
En vísperas de las elecciones de 1993 Osvaldo Álvarez Paz entonces candidato presidencial de COPEI propuso incluir en la tarjeta de votación,   (tal como ocurrió en Colombia en 1990 durante el gobierno de Cesar Gaviria) una pregunta que implicaría la activación del mecanismo constituyente. Luego, durante su campaña presidencial Chávez convirtió el asunto en una propuesta fundamental de un futuro gobierno, tal como ocurrió una vez electo en 1998 cuando a los poco meses se eligió la Asamblea para elaborar y aprobar la Constitución vigente.

Chávez debería enfrentar ya como gobernante el reiterado llamado de sectores de la oposición partidarios del instrumento constituyente ante la grave polarización y conflictividad que marcaron los primeros años de su gobierno. Últimamente y ante el agravamiento a la situación nacional se ha actualizado la pertinencia de activar una consulta de este tipo. Con su iniciativa, ahora Maduro se aprovecha de un planteamiento que era propio de sus críticos y cuyo desenlace, dado el clima de opinión que se percibe en las calles, no resultaría favorable a su estrategia. Lo cierto es que la Constituyente ya no es sólo una respuesta para la refundación o cambios sustanciales de un Estado sino también la fórmula más democrática para enfrentar crisis terminales de gobierno. En este, caso habría que recordar que en estos escenarios su convocatoria requiere de un consenso mínimo entre los factores en pugna para que pueda tener la viabilidad necesaria. De otro modo, contrariamente a lo que se busca podría ser un elemento que estimularía la confrontación en todas sus fases, y ese, precisamente, parece ser el pronóstico más cercano a la situación que vive Venezuela 

martes, 2 de mayo de 2017

ANÁLISIS


OEA: MARCHAS Y CONTRAMARCHAS


Un día como hoy 30 de abril de 1948, nace 69 años en una fría y contaminada mañana de Bogotá la Organización de Estados Americanos (OEA) con la asistencia del Secretario de Estado norteamericano John Marshall. La representación venezolana fue encabezada por Rómulo Betancourt quien había entregado la presidencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno meses antes a Rómulo Gallegos. Comenzaba la “Guerra Fría” y Estados Unidos impulsaba la estrategia de “contención del comunismo”.  Betancourt en su discurso alentó la iniciativa pero advirtió el riesgo de que al calor de esta política cobraran fuerzas de nuevo las tradicionales dictaduras militares.
A los pocos meses fue derrotado Gallegos por un golpe de estado que abrió paso a gobiernos antidemocráticos y posteriormente en 1953 a la dictadura de Pérez Jiménez. La OEA, por su propia naturaleza compuesta por los estados habría de reflejar los cambios pendulares que suelen registrarse con el tiempo en América Latina. La segunda reunión fue en Caracas en marzo de 1954 durante el régimen perezjimenista, y a ella asistió el Secretario de Estado Foster Dulles. El objetivo principal del encuentro fue la aprobación de una resolución contra el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala que, según Washington habría emprendido una serie de reformas que consideraba favorables a la expansión del “modelo comunista”.
La resolución autorizaba de hecho, la intervención militar en territorio guatemalteco que a los días se inició desde Honduras para derrocar a Arbenz y colocar en el poder al coronel Castillo Armas. Pérez Jiménez recibió entonces la “Legión de Honor en el Máximo Grado de Comandante en Jefe” (la más alta condecoración que otorga la Casa Blanca). Era entonces el reinado de la llamada por Betancourt “Internacional de las Espadas”. A partir de los años sesenta con el discreto renacer de los gobiernos democráticos en el continente entre ellos el retorno de la democracia en Venezuela y la elección precisamente de Rómulo Betancourt y en Estados Unidos de John Kennedy se registraba un importante cambio en las relaciones hemisféricas. En paralelo se registraba el triunfo de la “Revolución Cubana” de Fidel Castro que apuntaba desde un comienzo al enfrentamiento con Estados Unidos y como derivación la cercanía con el “bloque comunista”. Cobró fuerzas la llamada “Doctrina Betancourt” (que reeditaba la Doctrina de la Legitimidad Constitucional del canciller ecuatoriano Carlos G Tovar de 1907) y según la cual no podrían reconocerse gobiernos que no fueran productos de la voluntad popular, la cual cambió el rumbo de la composición y las decisiones del organismo. En la VI Conferencia en San José de Costa Rica en agosto de 1960, Venezuela acusó al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo como responsable del atentado contra Betancourt el 24 de junio de ese mismo año y por primera vez se aplicó el “Tratado Interamericano de Reciprocidad” que estableció sanciones económicas y el bloqueo diplomático de República Dominicana.  
En 1962 por iniciativa también de Venezuela alegando la “incursión castrista” en territorio venezolano se aprobó la exclusión de Cuba del organismo. La OEA habría de mantenerse desde entonces como la máxima instancia diplomática continental poniendo énfasis en el respeto a los valores de la democracia; aunque en los años setenta emergieran las dictaduras militares del Cono Sur y sobrevivieran cada vez más desgastadas las viejas tiranías centroamericanas. En aquel tiempo Juan Domingo Perón al retornar a la Argentina definió la organización como un “escenario de democracias pentagonianas” porque por razones obvias en ella ejerce un mayor peso la diplomacia de Estados Unidos.
El 11 de septiembre de 2001 se aprobó en Lima la “Carta Interamericana Democrática” que establece que los gobiernos no solo son legítimos por su origen obra del voto sino por su desempeño. Un año después el instrumento fue invocado durante el abandono del poder de Hugo Chávez en 2002 pero desechada una vez que éste regresara a la Presidencia. Sin embargo, meses después sin haberse invocado la declaración el secretario general de la organización Cesar Gaviria presidió en Caracas una mesa de negociaciones y de acuerdos entre la oposición venezolana que condujo al Referéndum Revocatorio Presidencial del 2004 cuyo resultado ratificó la legitimidad del mandatario.
Desde hace unos meses el tema venezolano y la posibilidad de invocar la CID se ha discutido en el seno del organismo impulsada por la oposición nacional con el abierto apoyo del secretario general Luis Almagro generando un clima de tensión que condujo después de la reunión del 25 de abril de este año a que el gobierno de Nicolás Maduro anunciara que comenzaba el proceso del retiro del país (el primero que se produciría a lo largo de casi siete décadas del organismo); una decisión que ha generado polémica en América Latina hasta el punto de que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmara “Venezuela es un desastre; veremos que ocurre; estoy muy triste por lo que ha pasado”.   
¿Se consumará el retiro después de los dos años que establecen los reglamentos correspondientes? ¿Tendrá éxito la gestión anunciada por otras naciones miembros para evitar la separación de un país que ha tenido históricamente una activa presencia en la instancia? Para el ex canciller y ex embajador en la OEA Roy Chaderton: “Al dejar el organismo velamos por nuestros propios intereses, por supuesto tomando en cuenta siempre los intereses de nuestros aliados, pero no tenemos que librar una batalla en contra de los intereses del imperio que es el gran hegemòn en el organismo; hemos seguido la evolución de los acontecimientos y creemos que llegó la hora ante el desastre creciente que significa una OEA vasalla”. Por otra parte el internacionalista Eloy Torres Román señala: “la decisión de Maduro violenta una vez más el marco institucional del país, porque se trata de una organización de estados y no de gobiernos por lo cual se requiere de la aprobación de los otros poderes que dan fisionomía al Estado”. El especialista sostiene que “la propia organización deberá actuar con los medios diplomáticos para convencer al gobierno venezolano a colocarse en la senda de la racionalidad”. Venezuela nuevamente asume protagonismo en la  organización que nació hace hoy 69 años en una semana bogotana poblada de escombros y cenizas por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y pavoroso incendio del “Bogotazo”.