Fedecamaras

20/01/2000

Cuando la madrugada del 23 de enero Marcos Pérez Jiménez huyó despavorido de La Carlota se abrió el proceso de construcción del régimen democrático, iniciado el 18 de octubre de 1945 e interrumpido durante  diez años por la dictadura militar. Pérez Jiménez hizo de Caracas una vitrina del cemento armado pero su gobierno, que ahora se ha tratado de borrar inútilmente de la historia, no sólo fue la negación de los más elementales derechos ciudadanos sino que durante ese mandato se instauró la corrupción como una forma de gobernar en los más altos niveles públicos.

A partir del 23 de enero se reconstruyen los principales partidos políticos, dos de los cuales COPEI y URD habían nacido durante el paréntesis democrático del 45 al 48, y se inicia un amplio debate político con la participación activa de los empresarios, los trabajadores, los estudiantes y los campesinos, desde sus respectiva orgazaciones y gremios, que conduce a la redacción y la aprobación de la Constitución de 1961, un texto pluralista, democrático, ambicioso y moderno que consagra las líneas maestras de la democracia venezolana.

La experiencia democrática nace – no podía ser de otra manera- tutelada por los partidos políticos. Se trataba de perfilar nuevas instituciones y de crear un nuevo orden político y social. El Estado por la vía del ingreso petrolero seguiría orientando el curso de la economía. En los años sesenta, la estrategia de la lucha armada debilita transitoriamente la institución partidista, con dos divisiones del principal partido, y divisiones consecutivas de URD y el PCV que los condena a una frágil sobrevivencia, pero al mismo tiempo, la derrota de la línea insurreccional supone el fortalecimiento de la conciencia y la cultura democrática del país.

La democracia venezolana se convierte en una referencia en el contexto latinoamericano que  seguía oscilando en el péndulo trágico de tiranía y libertad. A partir de 1968 cristaliza la hegemonía de dos partidos que se alternan en el ejercicio del poder. Si bien es cierto, que este esquema implicó seguridad y confianza en el sistema democrático y garantizó la paz política y social, y además  la continuidad en algunas políticas públicas, dio paso a un poder desmedido de las  cúpulas de ambos partidos. El debate político se refugio en los acuerdos y los pactos entre pocos. La discusión y la reflexión ideológica y temática perdió aliento. Ganó terreno el pragmatismo más obsceno. Cristalizaron los llamados cogollos y la democracia interna en los partidos dió paso a una nefasta intermediación clientelar . Se dió un fenómeno interesante. Mientras el sistema democrático ejercitaba sus fortalezas y el venezolano asumía la democracia como su forma de vida, los  partidos políticos, sustento fundamental todavía del sistema, erosionaban su credibilidad y aunque no pareciera de  esta manera, perdían representatividad y legitimidad ante sus propias bases militantes.

Los cogollos dirigentes perdieron la perspectiva histórica. No percibieron la necesidad de los cambios, y sobre todo la necesidad de democratizar a sus propias estructuras. Cambios que ya eran demasiado obvios desde hacia varios años. En 1973, cuando era candidato presidencial Carlos Andrés Pérez hizo una afirmación que parecía demagógica o  en todo caso temeraria: ”Esta es la última oportunidad de la democracia.” Intuición de un político con un sentido animal del poder, o lo que fuere,  lo cierto es que la frase interpretaba un sentimiento ya entonces ampliamente extendido en la sociedad.

Las élites hegemónicas no midieron los efectos políticos y sociales del viernes negro en febrero de 1983 reduciendo el hecho a un  grave y costoso accidente económico, cuando era expresión de un cambio profundo en la vida del país que habría de gravitar en el orden social y político. Los sucesos callejeros de febrero de 1989  (que no fueron en propiedad una rebelión social)  si representaron en cambio una señal de las magnitudes de los problemas que confrontaban los sectores populares. Tampoco merecieron  una interpretación certera de su gravedad. El proceso de descentralización -que fue largamente pospuesto y al cual se opusieron hasta donde pudieron los cogollos bipartidistas- de alguna manera fue confiscado por éstos y reprodujo muchos de sus vicios y perversiones.  La asonada del 4 de febrero que ahora como obra de una calculada falsificación de la historia  se quiere convertir en una gloriosa fecha patria fue ciertamente derrotada- Como hecho militar fue un desastre pero la lectura más acertada y pertinente es que marcó el punto de inflexión de la hegemonia bipartidista. Y las élites dirigentes de esos partidos no solo no lo entendieron sino que contribuyeron a su propio calvario.

La asonada del 4 de febrero no tuvo apoyo popular y era imposible que lo tuviera porque fue una acción producto de una logia militar sin vinculaciones con el mundo civil, pero puso en evidencia y en movimiento un vasto sentimiento de cambio y renovación. El resto de 1992 y el año 93 se alteró la paz politica y comenzó un período de transición que aún no ha terminado. Las élites de los dos grandes partidos no repararon en cuatro hechos relevantes ocurridos en esos meses. El alzamiento del 27 de noviembre de 1992 implicó a oficiales de alto rango de la Aviación  y de la Armada lo que revelaba que el malestar en las Fuerzas Armadas ya no solamente  se focalizaba en los niveles intermedios de la institución. Los precandidatos presidenciales propuestos por los cogollos en las elecciones internas en 1993 fueron literalmente pulverizados por opciones nacidas de las bases. El juicio y la renuncia de Pérez en 1993 -que las élites hegemónicas- celebraron como una contribución a la estabilidad democrática fue en todo caso un estímulo para los factores que se proponían un cambio radical. La victoria de Caldera y la alta votación de Causa R en las elecciones  del 93 determinaron la fractura  definitiva del bipartidismo. Todavía durante los cinco años del mandato de Caldera la ceguera de los cogollos fue tal que no repararon que por primera vez en la historia del país las opciones presidenciales nacían espontáneamente, apuntalada por la opinión pública y no por imposición de los conciliábulos partidistas. Era demasido evidente que el deseo de cambio ganaba espacio y que sólo una opción que interpretara que estabamos en plena transición política podía despertar el interés de los venezolanos. En ese contexto no era muy difícil pronosticar  la victoria de Hugo Chávez Frías, quién era, a lo mejor sin proponérselo el beneficiario final  del proceso que de esa  transición que tuvo su expresión más ostensible  con la asonada del 4 de febrero.

La victoria de Chávez coloca al país en una nueva dinámica. Se produce el licenciamiento de las viejas élites políticas. Surgen nuevas reglas del juego. Se abre paso a un proceso que más allá de su desenlace a corto o mediano plazo, siempre apuntará hacia el futuro. No hay vuelta atrás. Revolución, cambio de régimen, relevo de la hegemonía política (yo prefiero definirlo como gobierno militar nacionalista) lo cierto es que el país, ojalá que para bien, vive un sacudimiento  de sus principales estructuras y una reprogramación de sus instituciones.

La fracturas históricas como la que ahora vivimos tienen sentido en la medida en que sirvan de válvula de escape para las sociedades, en oportunidades para que la democracia, entendida como un sistema dinámico pero sustentado en la libertad, desarrolle sus enormes posibilidades. El voto democrático legitima a un Presidente y a unos instituciones pero les impone a la vez el compromiso de actuar dentro de los límites que la propia democracia establece. Estos cambios tienen sentido con la presencia espontánea del pueblo,  y no sólo la inducida por la fuerza del poder. Estos cambios -condicionados por un  exigente marco internacional- no pueden ser meras aclamaciones mesiánicas sino procesos impulsados por la participaciòn creciente, pluralista y creativa de los ciudadanos.

A dos años de mandato se pueden destacar varios hechos esenciales. El discurso del presidente Chávez, su reinterpretación del pensamiento bolivarianos, su afán de desempolvar viejos planteamientos de la izquierda tradicional están totalmente divorciados de la realidad nacional e internacional. Esa contradicción pesa mucho a la hora de enfrentar las tareas concretas de gobernar. Su estilo vehemente y confrontar le complica  la posibilidad de articular consensos ineludibles en el ejercicio de la jefatura del Estado. El proceso de cambio, que no es propiedad del presidente Chávez ni el MVR sino una voluntad mayoritaria del país,  está siendo confiscado con una visión sectaria y excluyente. ¿Hacia donde vamos? Cuáles son las salidas a corto plazo? ¿Con una orientación semejante tiene viabilidad el proyecto bolivariano? Esas son buenas interrogantes para que las despeje el Oráculo del Guerrero.

Manuel Felipe Sierra