REVOCATORIO O SALIDA CIVICO-MILITAR

LA SEMANA EN TRES ACTOS

1/06/2003

REVOCATORIO O

SALIDA CIVICO-MILITAR

Manuel Felipe Sierra

La firma de la Carta de Intención entre los negociadores de la oposición y el oficialismo en función de la convocatoria del referéndum revocatorio, tiene la innegable importancia de colocar en manos de la comunidad internacional la posibilidad de vigilar una salida constitucional y electoral a la crisis de gobernabilidad. Sin embargo, sería un error suponer que el camino hacia la consulta está despejado. Por el contrario, cada día es mas evidente la estrategia del gobierno para crear un clima que impida la transparencia del proceso electoral. La decisión de la mayoría chavista de la Asamblea Nacional –ratificada de manera vehemente el día de ayer por el propio Chávez- de aprobar la “Ley Mordaza” es un síntoma inequívoco de que el gobierno acelera su proyecto totalitario. La “Ley Mordaza” implica no sólo una severa restricción a la libertad de expresión y al desempeño profesional de los comunicadores de la radio y la televisión, sino que confisca un derecho fundamental de las sociedades democráticas. El rechazo a este proyecto no es un tema exclusivo de los propietarios de los medios de comunicación o de los periodistas, sino también, de una manera decisiva, de la sociedad.

En este sentido, se ha activado una creciente y robusta movilización de vastos sectores del país en repudio a este proyecto que junto a otras leyes como la denominada “antiterrorista” procuran cerrar el anillo de la legalidad autocrática mediante el blindaje jurídico del proceso bolivariano. Se sabe que toda autocracia genera su propio andamiaje legal. El fusilamiento y las largas condenas aplicadas recientemente a la disidencia cubana, si bien violan los derechos humanos y desafían la justicia internacional fue posible porque se fundamenta en leyes aprobadas por el totalitarismo castrista. En el caso venezolano es evidente que desde el año 2001, cuando el mandatario confiscó las 49 leyes de la Ley Habilitante se trata de imprimirle a leyes fundamentales como la de tierras e hidrocarburos y ahora a la “Ley Mordaza” dos sesgos fundamentales: ahogar la iniciativa individual y privada y reforzar el intervencionismo del Estado.

Ello contradice (de manera especial la Ley Mordaza), el espíritu que expresa el documento suscrito la pasada semana por los negociadores. Ello hace que crezca la convicción de que en el alto gobierno no existe el ánimo ni la disposición para medirse electoralmente. Es cierto, que el revocatorio abre para la oposición un espacio para acentuar la presión de calle y definir una estrategia común y coherente. No obstante, sería ingenuo  que la Coordinadora Democrática y otras expresiones de la oposición confiaran a pie juntillas en que el gobierno facilitará la consulta revocatoria. Sólo el esfuerzo y la lucha persistente de los sectores opositores; y la apelación a la solidaridad internacional podrán crear el ambiente para una solución comicial.

Sin duda alguna, el gobierno en paralelo recurrirá a dilaciones y seguramente a decisiones del poder judicial secuestrado desde Miraflores para ganar tiempo e impedir que el mecanismo revocatorio sea activado en el lapso que fija la Constitución. En un cuadro semejante cobra fuerza el planteamiento de una salida    cívico-militar planteada en los últimos días de modo reiterado por el ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz. La inmensa mayoría de la Fuerza Armada de comprobada vocación democrática e institucional espera el desenlace de la propuesta electoral. De ésta no darse se le estarían cerrando los caminos a la recomposición política del país y se estaría consolidando –sin ropaje alguno- la naturaleza totalitaria del régimen.

No se trataría de promover un golpe de Estado, sino de articular esfuerzos entre los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y las instancias militares, precisamente para todo lo contrario: para una acción dirigida a rescatar principios del Estado de Derecho y del sistema democrático que han venido siendo desnaturalizados y vulnerados sistemáticamente por el gobierno. Por ello aciertan los analistas que señalan que el mes de agosto marca un punto de inflexión y define un hito  emblemático para el futuro del país.

LAS CIFRAS

DEL CAOS

El gobierno se ha visto en la necesidad de reconocer a través de el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística las cifras que configuran la caída de la economía y el incremento de los niveles de pobreza. Según el INE entre el año 2001 y el 2002 la pobreza aumento en diez puntos porcentuales y la pobreza extrema en ocho punto uno puntos porcentuales. El desempleo según la misma fuente alcanza diecinueve punto ocho por ciento (aunque investigadores privados lo sitúan en el veintitrés por ciento) lo cual supone una cifra histórica. Los organismos oficiales han registrado el derrumbe de la economía en el primer trimestre en veintinueve por ciento lo cual indica que la recesión ha cobrado proporciones tales, que ella constituye una verdadera catástrofe. La reconstrucción nacional, en consecuencia, supondrá esfuerzos heroicos.

CRIMEN

AL DETAL

En los últimos meses, a través de COFAVIC se han producido graves denuncias sobre la existencia de los llamados “grupos de exterminio” que operan en varias regiones del país amparados en las policías y bajo una espantosa impunidad. En Portuguesa, por ejemplo se denuncian ciento cuarenta y seis homicidios en lo que va de año. Si a ello se le suman las muertes que ocurren los fines de semana y los asesinatos políticos a partir de la masacre de Puente Llaguno hasta “El Catiazo” de la semana pasada se tiene una idea de los niveles de violencia que vive el país. La Fiscalía General de la Republica y la Defensoría del Pueblo han sido incapaces de adelantar investigaciones y menos aun, la aplicación de penas y castigos a los responsables. El crimen al detal es una de las manifestaciones mas perversas del cuadro de convulsión social y política que vive el país.