EL “CARAMELO” ELECTORAL

LA SEMANA EN TRES ACTOS

EL “CARAMELO” ELECTORAL

24/08/2003

Manuel Felipe Sierra

La multitudinaria concentración popular del 20 de agosto, horas después  de haberse consignado ante el Consejo Nacional Electoral más de tres millones de firmas que activan el mecanismo constitucional del referéndum revocatorio, revela una robusta voluntad de la mayoría de los venezolanos en la búsqueda de una salida democrática al terrible cuadro que en todos los ordenes vive el país. La movilización no fue un hecho casual ni tendría por qué extrañar a los observadores y analistas.

Si bien, en los últimos meses no se realizaron las movilizaciones masivas y contundentes que caracterizaron la confrontación política en el 2002, la Coordinadora Democrática y los factores emergentes de la sociedad civil han venido desarrollando un eficaz trabajo de organización y activación mediante nuevas formas de participación, todas ellas previstas en la Constitución Bolivariana, como las asambleas de ciudadanos, la rendición de cuentas de los representantes legislativos y el nacimiento de Asociaciones Civiles y Organizaciones No Gubernamentales, que prefiguran un futuro cuadro electoral y político con características plurales.

El referéndum revocatorio -todos los hechos lo indican- parece destinado a realizarse en los lapsos y términos previstos. Salvo que, el régimen recurra a una operación de fuerza que vulnere el ordenamiento constitucional y que no tendría mayor oxígeno en las circunstancias que vive el país y se dan en el contexto internacional. Cuando el presidente de Brasil Lula Da Silva (a quien Chávez considera su aliado natural en una supuesta y delirante revolución continental) exige al mandatario venezolano el cumplimiento de un claro mecanismo democrático, interpreta, sin duda alguna, lo que es hoy una posición de la comunidad internacional en el sentido de que la crisis de gobernabilidad venezolana tiene que ser resuelta no mediante el uso de los fusiles a los cuales aludió el gobernante durante su discurso  del sábado 23 en la avenida Bolívar, sino a través  de las reglas pacificas que consagra el ejercicio democrático.

La designación del nuevo CNE por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la vigilancia y atención de las instancias internacionales en relación con el tema y la actitud institucional de factores decisivos de la Fuerza Armada Nacional, garantizan la concreción de la consulta refrendaria. Frente a ello parece lógico que el gobierno agote todos los recursos a su alcance para bloquear o diferir la prueba electoral. Lo hace recurriendo a hechos de fuerza, de violencia y desconocimiento del Estado de Derecho. El desalojo del ex gerente del Complejo Refinador de Paraguaná, Edgar Rasquin, el secuestro de más de ocho meses del general Alfonso Martínez en su residencia de Fuerte Tiuna, burlando una decisión del TSJ, las extrañas circunstancias que rodearon el secuestro y la liberación del ex gobernador del Táchira Sergio Omar Calderón; así como el énfasis belicista de Chávez, son elementos que contribuyen a configurar una situación dirigida a estimular la generalización de las practicas violentas y el quebrantamiento de la legalidad constitucional.

Otro hecho relevante de la semana que culmina es la presentación prematura de candidatos del oficialismo a las principales gobernaciones del país. ¿Existe acaso un clima eleccionario para la escogencia de funcionarios producto de la voluntad popular?. El único espacio que se abre es el del referéndum revocatorio. Cuando Chávez propone nombres de posibles aspirantes a dirigir estados y municipios, trata de desviar el objetivo fundamental -que debería sostener con entera firmeza la oposición- y que se plantea el país como derivación de una decisión abrumadoramente mayoritaria. Con ello Chávez procura también lanzar un anzuelo a algunos factores de la Coordinadora Democrática, que por falta de una cabal comprensión de la real naturaleza del proyecto autocrático podrían ser “engolosinados” con el caramelo de las aspiraciones electorales.

Llegará el momento en el que se realicen las elecciones de gobernaciones y alcaldías de acuerdo a lo previsto en la normativa constitucional. Pero ahora se trata de un asunto diferente: de encontrar una salida a lo que más que una crisis supone una dramática catástrofe nacional. Sería suicida para sectores opositores caer en la trampa que pretende tender el régimen. El referéndum revocatorio tiene que ser previo a cualquier otra prueba electoral. En primer lugar, por que ya ha sido puesto en marcha con arreglo a las previsiones legales y en segundo término, porque la salida de Chávez se ha convertido en un prerrequisito para iniciar la recomposición de las reglas propias del sistema democrático, para la reconciliación de la familia venezolana y para la reconstrucción de un país colocado en una situación patéticamente ruinosa.

LAS

CONCENTRACIONES

Una dama muerta. Dos heridos por arma de fuego. Veintidós  lesionados por politraumatismo, fue el balance de la concentración chavista del pasado sábado. Por supuesto, se trata de un accidente lamentable y que en ningún caso compromete a persona alguna. Pero es importante establecer la diferencia entre lo que ocurrió en el acto del oficialismo y las manifestaciones de la oposición. Los muertos o los heridos en las marchas y movilizaciones del 2002 promovidas por la Coordinadora Democrática y la sociedad civil fueron el resultado de la acción de los círculos violentos y los grupos paramilitares ayudados por la Guardia Nacional. En este caso, se trató de un incidente que, en buena medida, se explica por la aparatosidad, y el despliegue multimillonario de recursos del gobierno para tratar de ofrecer una respuesta (que en ningún caso se produjo con los objetivos propuestos) a la masiva demostración de descontento y rechazo que una inmensa mayoría de venezolanos protagonizó el miércoles 20 en la avenida Libertador. Con una diferencia demasiado importante: el sábado se trató del apoyo a un proyecto político de inequívoca orientación autocrática. Mientras que, el 20 de agosto, no puede analizarse como un acto solamente de la oposición contra el gobierno, sino como una clamorosa expresión de la necesidad que hoy tiene la sociedad venezolana de encontrar el camino hacia el regreso, no de los factores políticos del pasado, sino de los mecanismos propios e irrenunciables de la vida democrática.

ESPACIOS

DE LA ILEGALIDAD

Cuando la ministra de Sanidad María Urbaneja anuncia que desacatará la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso y Administrativo que prohíbe el ejercicio ilegal de la medicina en el país por un numeroso grupo de médicos cubanos, se coloca al margen de la ley. Como lo hizo el propio presidente Chávez cuando (repitiendo sus procaces juicios contra el Tribunal Supremo de Justicia del año pasado) descalifica la decisión judicial. Si algún rasgo caracteriza al régimen autocrático es la manera de juzgar la actuación autónoma e independiente de los poderes públicos. Cuando un fallo o una sentencia es favorable al gobierno se le reviste de perfiles heroicos y “patrióticos”. Cuando ocurre lo contrario, los funcionarios y en este caso los magistrados, son objeto de los más feroces ataques por los voceros de la autocracia chavista. La crisis venezolana pasa por una definición fundamental: se es demócrata o se es autócrata. Y ello se define de manera cotidiana en cada uno de los actos del gobierno y de la oposición.