Análisis.
El tema del
respeto a la separación de poderes tendría que ser un punto fundamental en el
eventual diálogo y negociaciones entre el oficialismo y la oposición. Sólo
estableciendo claramente criterios sobre
la materia se podría asegurar en el futuro un clima de sana gobernabilidad. Sin abordar el asunto los
llamados y esfuerzos para superar la polarización política que secuestra al país, resultarían
insuficientes. De esta manera, la “reinstitucionalización” del Estado (por
cierto, de los que se habla poco en los contactos conocidos) resulta un punto
crucial en la agenda negociadora.
Hasta el 6D del
2015 el asunto estaba referido al
ejercicio teórico de constitucionalistas y politólogos pero ahora cobra una importancia fundamental. La victoria opositora con mayoría calificada del
6D ha colocado en evidencia de manera cada
vez más grave las diferencias entre un Poder Ejecutivo comprometido con el
socialismo del siglo XX y ahora una Asamblea Nacional que procura preservar las
definiciones contenidas en la Constitución.
El texto
constitucional aprobado en 1999 recogió los planteamientos de la revolución
bolivariana y en ella no se dibuja
claramente la esencia del rumbo socialista que entonces no era abordado
públicamente por el mandatario. Es conocida la anécdota cuando el presidente de
la Constituyente Luis Miquilena le
presentó a Chávez una tarde en Miraflores copia del texto de la Constitución
recién aprobada. El Presidente le dio “un vistazo”, la arrojó sobre el
escritorio y comentó: “parece una Constitución hecha para la oposición”.
Rumbo
socialista
Los sucesos
ocurridos entre el 2002 y el 2004 que culminaron con el referéndum revocatorio que
ratificó el mandato de Chávez representaron un punto de inflexión en el rumbo definitivo
del proyecto chavista. Su ratificación
se fortaleció con el inmediato control de la casi totalidad de las
gobernaciones y un año después con el dominio de la mayoría de la Asamblea Nacional a la cual contribuyó en
aquel momento la abstención decretada por la fuerzas opositoras. Surgió
entonces el proyecto de una reforma constitucional que habría de blindar definitivamente
el verdadero proyecto revolucionario.
La reforma fue
derrotada en el 2007 en una demostración de que la mayoría del país rechazaba
la naturaleza del nuevo modelo; sin embargo, Chávez buscó nuevas formas de
viabilizarlo mediante un conjunto de leyes aprobadas al cobijo de la Ley
Habilitante. De esta manera, se consagró una estructura jurídica paralela como base de sustentación legal a las mediadas
tomadas para darle forma definitiva a un modelo de naturaleza socialista
emparentado con el régimen cubano. Por supuesto, mientras el oficialismo
ejerció el control del Poder Legislativo se ocultaban las diferencias que ahora surgen con la nueva
mayoría en la AN y que en los últimos meses han protagonizado un abierto choque
de poderes.
En días recientes
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha rechazado y desconocido varias propuestas
de la mayoría legislativa; miembros del Gabinete Ejecutivo se niegan a
comparecer ante las comisiones de la AN e incluso el propio presidente Maduro asoma la posibilidad no sólo de desconocer
sino incluso de proponer la destitución
de la directiva del cuerpo. De la misma manera, la mayoría legislativa ha anunciado
que en agosto nombrará nuevos magistrados del TSJ y que insistirá en la
aprobación de leyes que de antemano se sabe serán objetadas por la instancia
judicial.
Los
analistas
Ante el choque de
poderes existen diversas opiniones. El profesor universitario y analista
político Fernando Luis Egaña considera que “no se respeta el principio de
separación de poderes que se encuentra establecido en la Constitución de 1999,
de esta manera gobierna una hegemonía que se considera supraconstitucional por
cuanto opera con la subordinación de todos los poderes publico formales.”
Advierte Egaña que “ello no incluye a la actual Asamblea pero la respuesta de
la hegemonía es neutralizarla a través del TSJ y por tanto cercenar su
autonomía, es decir, desconocer la separación de poderes”.
Opinión parecida
es la del constitucionalista y ex parlamentario Nelson Chitty La Roche para quien
“en el país no hay estado constitucional, ni separación de poderes sino una
permanente usurpación del Estado por el gobierno. En su opinión “si se revisa
el Articulo 16 de la Declaración de los Derechos Humanos se puede decir que no
tenemos Constitución y vivimos la hora de un populismo seudoconstitucional”.
Para sectores
vinculados al oficialismo la situación obedecería a que la mayoría de la Asamblea es utilizada
como parte de un proyecto para cambiar al gobierno, lo cual explica la
declaración inicial del presidente de la AN Henry Ramos Allup concediéndole
seis meses de plazo a Maduro en el poder y la aprobación de un conjunto de
leyes que de antemano se conocía que serian rechazadas por el TSJ como el caso de la Ley de Amnistía, entre
otras.
Por ahora el tema de la separación de poderes parece
diluido en la gestiones de diálogo por la urgencia de situaciones que tienen
que ver con el agravamiento del cuadro social y económico como el
desabastecimiento y la violencia callejera de los últimos días. Sin embargo, la
reciente declaración del Consejo
Permanente de la OEA luego del planteamiento de su secretario Luis Almagro
sobre la activación de la Carta
Democrática Interamericana pareciera demostrar que entre las materias a ser consideradas se tomarían en cuenta el enfrentamiento de los poderes públicos cuando establece su “respaldo
a las diferentes iniciativas del diálogo nacional que conduzcan, con apego a la
Constitución y en pleno respeto de los derechos humanos, de manera oportuna,
pronta y efectiva a la solución de las diferencias y la consolidación de la
democracia representativa “.
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