Manuel Felipe Sierra

ANÁLISIS

LA CRISIS Y EL DESENLACE

El debate en el Consejo Permanente de la OEA; la decisión del TSJ que asume funciones de la Asamblea Nacional y la opinión de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz que la considera  inconstitucional; así como las exhortaciones y protestas de gobiernos e instituciones internacionales, han complicado en los últimos días el enfrentamiento de poderes que vive el país entre el Ejecutivo TSJ  y la AN. Una situación que era absolutamente predecible cuando la oposición conquistó la mayoría representada en la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre de 2015, para convivir con un régimen con clara tendencia autoritaria.

Si bien hasta ahora la situación se mantuvo en el plano de los conflictos políticos tradicionales,  en los últimos días ello se ha tornado en un tema relevante en la opinión internacional, con repercusiones que necesariamente se harán sentir en la conducta futura de Miraflores. El gobierno no midió la trascendencia de la última convocatoria de la OEA y la nueva correlación de votos a favor de avanzar en la aplicación de la Carta Interamericana Democrática. ¿Era posible contrarrestar una corriente crítica que cobraba fuerza en instancias fundamentales como la ONU, OEA, UE y gobiernos como Estados Unidos y la casi totalidad de los países latinoamericanos, ignorándola simplemente?

Es cierto que en las reuniones del año pasado y  la más reciente del lunes 27 de marzo las gestiones del secretario general Luis Almagro no lograron el objetivo de aprobar la aplicación de la CID, pero la reacción desencadenada luego de la controvertida decisión del TSJ contra la AN ha producido un efecto mayor de la que se esperaba de haber sido activado el instrumento. Mas allá de las decisiones que puedan tomarse ahora el hecho cierto es que ya el gobierno venezolano es percibido (no sólo en América Latina sino en el mundo entero) como contrario a la vigencia y preservación de los valores fundamentales de la democracia.

Si en algún momento en el marco de la “Guerra Fría” era posible eludir gestiones y presiones internacionales apelando a legítimos sentimientos nacionalistas y patrióticos como en el caso de Cuba en los años 60, es evidente que en las circunstancias actuales ello ha cambiado de manera radical. Al margen de decisiones que se consideren soberanas e inscritas en realidades nacionales el hecho cierto es que la opinión internacional resulta en muchos casos decisiva para salidas y desenlaces.

RAZONES POLÍTICAS

Más que razones jurídicas, que en la geopolítica cuentan poco, en tiempos de globalización y emergencia creciente de las redes sociales, es la opinión pública la que logra definir decisiones favorables o desfavorables para los gobiernos. Lo ocurrido con la “Primavera Árabe” desde 2011 es más que elocuente. Gobiernos con fuerte apoyo militar y electoral, relegitimados por el voto unos y resguardados por la fortaleza bélica otros, cedieron ante el peso de oleadas de masas estimuladas por campañas informativas y las respuestas que ellas tuvieron en instancias fundamentales del poder mundial. El caso de Libia es más que aleccionador, sin mencionar la tragedia que todavía hoy vive el pueblo sirio convertido en el centro de una devastadora guerra.

El desenlace en la mayoría de los casos no supuso los cambios que originaron las protestas y las acciones de calle y en algunos sirvieron más bien, para ahondar  crisis económicas y sociales; pero todas ellas surgieron de decisiones desacertadas, de abusos de poder, de provocaciones o de violaciones ostensibles de las normas constitucionales y los derechos humanos.

La situación venezolana aun no es asimilable a lo ocurrido en esos países, pero el curso que llevan los hechos y la negativa a valorar la magnitud y alcances de lo que ocurre, así como la necesidad de correctivos y medidas que resultan inevitables incluso más allá de sus costos, podrían acercarse o establecer a la larga un paralelo con lo ocurrido en otros continentes, con impredecibles consecuencias.

Cuando los partidos opositores ocuparon la mayoría del poder legislativo en 2015 era obvio que se dibujaba un enfrentamiento con el poder ejecutivo, como consecuencia de dos visiones del manejo del Estado en función ideológica, y que obedecen a dos formas distintas de entender la gobernabilidad. Ello, lógicamente, imponía tanto al gobierno como a la oposición la necesidad de abrir un proceso de diálogo en busca de un entendimiento en la materia, sin necesidad de adjurar de principios ni posiciones ideológicas era perfectamente posible encontrar un espacio mínimo de aproximación y coincidencia, como ha ocurrido en escenarios marcados por mayores antagonismos.

Como se dijo en el seno de la OEA y como lo sugiere la más elemental comprensión de la política, el único camino posible es el diálogo en busca de acuerdos que trasciendan los intereses de los factores en pugna y que sea capaz de estimular la participación de sectores cada vez mayores de la sociedad. La polarización venezolana en cambio en la medida que se radicaliza se separa peligrosamente del llamado “país nacional”. Las cúpulas políticas parecen privilegiar sus objetivos inmediatos y no entender que Venezuela vive una situación excepcionalmente grave. Siempre se trata por supuesto de encontrar espacios para una mejor gobernabilidad, pero también de abordar ahora una verdadera catástrofe que por encima de sus orígenes obliga a políticas especiales que requieren de un acuerdo nacional. Después de 15 meses del cambio que necesariamente implicaba la nueva conformación de la Asamblea Nacional y ante el fracaso de un intento de diálogo que no consultó los temas sustantivos que interesan a los venezolanos, era inevitable que se llegara a la situación actual que ha despertado más que el interés, la preocupación de la opinión internacional. De agravarse el enfrentamiento que hoy se vive no habría  garantías de que eventuales salidas estén en manos de las fuerzas que pugnan por preservar el poder a toda costa o de aquellas que asumen el cambio y la alternancia como un simple juego en las democracias tradicionales. De estrategias aceptadas del gobierno y la oposición depende el futuro de la democracia entendida en todas sus expresiones pero también la vida de la inmensa mayoría de los venezolanos sometida a severas y ya demasiadas largas privaciones y sacrificios.