EL DEBATE QUE PIERDE CHÁVEZ

LA SEMANA EN TRES ACTOS

06/06/2002

Manuel Felipe Sierra

EL DEBATE

QUE PIERDE CHÁVEZ

                     

El presidente Chávez insiste en su actitud hostil frente a los medios de comunicación. Pareciera -según el discurso presidencial- que los males del país obedecieran a una deliberada y malvada conducta de los periódicos, emisoras y televisoras. Ya parece llegada la hora de dar este debate, más allá de posturas políticas.  Aunque el mandatario trata expresamente de politizar a su favor cualquier discusión al respecto.

Para Chávez todo sería producto de una conjura comunicacional o dicho en su lenguaje: mediática. Y todo respondería, además a una generalizada y tenaz línea editorial contraria a su gobierno. Es decir, que por arte de magia propietarios, editores, reporteros y columnistas escogieron a Chávez como el objetivo estratégico de sus políticas informativas.  En una democracia, es lógico y saludable que exista, y de hecho existe, la contraposición de criterios y la diversidad de opiniones. Habrá siempre medios opuestos a los gobiernos; como habrá otros comprometidos esencialmente con sus lectores; y también pocos o muchos partidarios del oficialismo.

Esa es una cosa que parece demasiado clara. Pero el presidente Chávez insiste en confundir la simple información, el registro frío de los hechos más insólitos, con una definición política. Allí reside su mayor error y por ello nunca podrá tener una posición ecuánime a la hora de juzgar el comportamiento de los medios de comunicación.

En Venezuela, a lo largo de los años, ha madurado una conciencia democrática, se ha consolidado el uso sano de las prácticas y los hábitos propios de las sociedades libres y ello, gracias en buena parte, al esfuerzo de los medios.  En algunas circunstancias la prensa ha discrepado de las políticas oficiales y algunos gobiernos han respondido con prácticas antidemocráticas por la vía de las más condenables y disímiles represalias.  Pero se ha tratado de hechos puntuales, que la propia dinámica de los acontecimientos se ha encargado de superar.  Pero nunca había existido una política de Estado, una conducta sistemática de confrontación con las empresas comunicacionales.

Chávez, por la visión autoritaria que asume su proyecto bolivariano, parte de una sencilla premisa: los medios deben apoyar, y más aún expresar su compromiso con los objetivos de su revolución bolivariana, o en caso contrario, son enemigos de ésta.  En consecuencia, toda crítica es interpretada como un acto deliberado de oposición.  A Chávez le gustaría que los medios eludan la discusión y el análisis de los problemas que afectan a su gobierno.  Pero obviamente, ello no es ni será nunca posible. 

En estos términos no existe la más remota posibilidad para el  diálogo.  Ciertamente, los medios son objeto de un amplio debate en el mundo entero. Chávez suele aludir a este hecho para fortalecer sus críticas a los medios venezolanos.  Ese debate considera que la fortaleza que les ha conferido la revolución tecnológica ha magnificado y deformado su función intrínseca, y que ocupan hoy en día espacios en la sociedad que no les corresponde.  Los medios también son acusados de convertirse en actores y no testigos de la noticia.  La televisión -ganada por la voracidad mercantil- estaría pulverizando valores morales primarios, que la sociedad está obligada a preservar.

Ese debate es sano y necesario, pero tiene que darse desde una postura desperjuiciada, al margen de la contingencia política concreta y de las circunstancias que rodean a determinado régimen; y tiene que generarse en un marco crítico y autocrítico.  Pero lo que nunca estará en discusión – más allá del debate conceptual-  es la responsabilidad de los medios en reflejar la realidad de los hechos y demostrar como en el caso venezolano que éstos son abrumadoramente desfavorables a las políticas del gobierno.

Que ello no le guste al mandatario es comprensible.  Pero de allí a interpretar el hecho como parte de una siniestra operación contrarrevolucionaria existe una distancia mucho más que abismal.  Consciente de esa realidad el gobierno trata de emparejar las cargas, de empatar el juego y ahora luce inclinado a tomar el camino de la desinformación, las mentiras y las mediasverdades.  Por esa vía el problema se le complicará aún más, porque a la hora de la verdad es el ciudadano común quien sabe escoger donde se encuentra la verdad y donde se esconde la versión tramposa de los hechos.   Como está demostrado, en la relación del gobierno con los medios no existe la menor posibilidad de aproximaciones y menos aún de consensos democráticos, hasta que el pueblo soberanamente encuentre una salida al patético dilema que vive el país.

¿CUÁNTOS SON LOS “HUECOS”?

El país tendría que reaccionar con mayor energía e indignación frente al escandaloso desvío de 3,03 billones de bolívares destinados al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica.  No se trata de un problema de poca monta ni de un manejo ligero de los dineros públicos. 

Este hecho esconde un estilo y una conducta de gobierno que privilegia la irresponsabilidad y la impunidad.  Una investigación exhaustiva de la manera como se han invertido los gigantescos recursos fiscales obtenidos por el país en los últimos tres años, dejaría al descubierto muchísimos “huecos”.  Y ello tiene una explicación si se quiere sencilla.  El alto gobierno ignora y se burla de las leyes.  Sus funcionarios con la bendición divina del chavismo se consideran con el derecho de hacer y deshacer a su antojo. 

Por eso se explica que el ex ministro de Finanzas Nelson Merentes y el propio presidente Chávez, hayan admitido sin parpadear que los recursos desviados del FIEM fueron gastados en el pago de aguinaldos.  Les faltó un detalle: ¿qué se hizo entonces con el dinero presupuestado para los aguinaldos?.  Por eso se explica que ambos funcionarios admitan que la malversación –en este caso manifiestamente agravada- no es un delito aunque la comisión de éste haya significado la renuncia y el encarcelamiento de un ex presidente de la República hace pocos años.  Estos son signos inequívocos de “ingobernabilidad” término que ahora sustituye al tradicional concepto de incapacidad y corrupción.  

GOBERNADORES

EN ACCIÓN

Los gobernadores de reunieron en una asamblea nacional en Anzoátegui durante el fin de semana.  En otro momento sería una noticia sin mayor relieve.  Pero en esta oportunidad median otras circunstancias.  Las gobernaciones al igual que las alcaldías han venido siendo asfixiadas financieramente por el gobierno de Chávez.    El Ejecutivo suele asumir compromisos de manera alegre que al final deben ser cancelados por las instancias regionales o municipales.  Durante un tiempo la Asociación de Gobernadores –que precariamente sobrevive gracias al esfuerzo del gobernador de Carabobo Salas Feo- se había convertido en un instrumento eficiente para procesar criterios y uniformar políticas en relación al gasto público y el diseño y ejecución de proyectos y obras.

Con la reunión de Anzoátegui se procuró retomar –pese a la reticencia del oficialismo- esta experiencia que ahora tiene mayor pertinencia si se considera –como lo demostraron los sucesos de abril- que las gobernaciones constituyen además un poder de facto y un contrapeso para el equilibrio y el balance institucional de la  democracia.