EN 3 Y 2
06/06/2003
EL TIRO DE GRACIA A LA FAN
Manuel Felipe Sierra
Lo que ocurre con la Fuerza Armada Nacional no puede ser ajeno a la sociedad venezolana. No es una situación que incumbe solamente a la institución llamada a preservar la seguridad del país. Se trata de algo mucho mas grave: la progresiva destrucción de los mandos castrenses. En 1999 cuando Chávez se encaminaba hacía la victoria electoral surgieron sospechas y aprensiones sobre el comportamiento del alto mando militar ante el acceso al poder de un ex oficial de vocación golpista y que durante diez años había tejido una laboriosa conspiración en los cuarteles.
Para muchos ello parecía un escollo insalvable para impulsar el llamado proceso bolivariano. No obstante, los oficiales que en aquel momento tenían las mas altas responsabilidades antepusieron su vocación y su compromiso con la democracia sobre las fundadas reservas y temores que eran de suponer. El triunfo de Chávez fue aceptado y respetado. Es mas, durante los primeros meses de su gobierno oficiales a los cuales había amenazado con decapitar en los documentos golpistas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, admitieron sus extravagancias, seguramente, en el supuesto de que se trataban de meras posturas retóricas o expresiones de un revolucionario trasnochado.
Chávez le confirió en la Constitución hecha a su medida y aprobada en 1999, una excesiva beligerancia política a la Fuerza Armada Nacional, incluyendo el artículo 350 que le asegura la desobediencia legitima. Los militares se convirtieron en un factor mas en el debate democrático con iguales derechos que los propios de los civiles. En aquel momento se advirtió sobre el riesgo que ello suponía para el futuro de la democracia. Pero estaba perfectamente claro, que con ello Chávez procuraba dos objetivos: conceder privilegios políticos a la FAN y convertirla en un partido que sirviese de sostén a la revolución bolivariana.
La situación cambió en los dos últimos años. Los altos niveles de la institución fueron relegados y perseguidos. Por la vía de los ascensos oficiales con las mejores credenciales fueron marginados o condenados a ocupar posiciones inferiores a sus capacidades y meritos. Después del 11 de abril de 2002, se aceleró el proceso de partidización de las estructuras militares. Oficiales que habían estado a su lado con evidente lealtad a la institución más no a su proyecto, fueron pasados a retiro y sometidos a consejos de investigación, que a la luz de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia eran inconstitucionales. Este es uno de los factores que explica la disidencia militar de la Plaza Altamira del 22 de octubre de ese año y que aun permanece activa después de siete meses.
Paralelamente, se aceleró el debilitamiento operativo de los cuatro componentes. Se acentuó el desmantelamiento de la Aviación y la Armada. A la Guardia Nacional se le ha convertido en una policía política para reprimir las protestas cívicas. El Ejército ha sido penetrado en todos sus niveles por aquellos oficiales que prometen incondicionalidad al régimen, al margen de sus calificaciones. Al mismo tiempo, se profundizó la cubanización de la Fuerza Armada Nacional en un claro propósito de transformarlas en milicias calcadas de las que comanda Fidel Castro.
Ello explica la desprotección de la frontera y la permisividad ante la presencia de la guerrilla colombiana en territorio nacional y la abierta injerencia de asesores cubanos en los cuarteles cumpliendo funciones de instructores a las tropas mediante la lectura de manuales que se escriben en La Habana. Recientemente, el vicealmirante Iván Carratú denunciaba como el capitán de navío que se desempeña como agregado militar de la embajada cubana y que despacha desde Fuerte Tiuna “carajeaba” a almirantes y oficiales en la base militar de Puerto Cabello.
La semana pasada se produjo lo que era de esperarse. El anuncio de una reducción sustancial del presupuesto del Ministerio de la Defensa (cuando lo lógico sería lo contrario) es una operación dirigida a debilitar aun mas el apresto militar y a generar angustia y malestar en aquellos oficiales de niveles medios que no han podido ser contaminados por la obscena corrupción que carcome a las máximas instancias militares. De la misma manera que el país ha reaccionado en apoyo a los trabajadores petroleros injustamente despedidos de PDVSA injustamente despedidos y a los comunicadores amenazados por la “Ley Mordaza”, es hora de que la sociedad democrática se movilice en respaldo de una institución clave en la historia de la patria, cuyo compromiso es con todos los venezolanos y en ningún caso, con un proyecto mesiánico y delirante.
EL ESCENARIO
DE LA AN
Al oficialismo le va a costar mucho forzar la aprobación de la “Ley Mordaza” y la Ley de Responsabilidad Ciudadana que constituyen dos capítulos claves en la construcción de su legalidad autocrática. Lo ocurrido la semana pasada en la Asamblea Nacional revela el mar de fondo que existe en las filas oficialistas. La lealtad política no puede llegar a niveles que lindan con la indignidad. La actitud asumida por parlamentarios que suscriben la propuesta chavista pero que reivindican el derecho al “voto de conciencia” indica que en los próximos días (pese a la cómica sesión escenificada en las escalinatas del Calvario el viernes pasado) habrá fracturas y disensiones en el frente gubernamental. Las reservas de la sociedad democrática se ha demostrado que son superiores al empeño por imponer un modelo de naturaleza totalitaria.
LAS CIFRAS
DEL TERROR
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