EN 3 Y 2
06/07/2003
EL REVOCATORIO:
EN BLANCO Y NEGRO
Manuel Felipe Sierra
Cada día que pasa sin que se designe el nuevo Consejo Nacional Electoral, el gobierno gana tiempo y se aleja la posibilidad de la convocatoria al referéndum revocatorio en los lapsos previstos. En todo momento ha resultado clara la actitud del oficialismo de bloquear e impedir la activación del mecanismo constitucional de consulta. El propio presidente Chávez ha advertido sobre la supuesta imposibilidad del acto comicial en lo que resta del año 2003. Es explicable que ello ocurra. Si el referéndum consultivo debidamente convocado para el 2 de febrero (que no era vinculante y en consecuencia no suponía la renuncia del mandatario), fue impedido mediante una maniobra a última hora en el seno del Tribunal Supremo de Justicia, resulta impensable -que salvo una fuerte presión de calle y la comunidad internacional- Chávez se cuente con el riesgo de perder la Presidencia de la República.
Suponiendo que los resultados del referéndum no alcancen las cifras requeridas para la dimisión del gobernante, si son francamente adversas, como lo indican las encuestas y la mas ligera percepción de la situación nacional, éste perdería de todos modos legitimidad y se introduciría un elemento de mayor conflictividad en la crisis política. Más allá de estas razones, existe también un hecho demasiado obvio: para un proyecto de corte totalitario como el que se adelanta aceleradamente en Venezuela, las elecciones democráticas y abiertas no forman parte de él. Regímenes de esta naturaleza suelen recurrir a periódicas relegitimaciones (el caso de Fidel Castro en Cuba) sólo en un escenario abiertamente favorable para la victoria.
Es evidente que la oposición tendría que hacer severos esfuerzos para que proceda la revocatoria del candidato. ¿Acaso los está haciendo con la fuerza y el empeño necesarios?. El retardo en armonizar criterios sobre los rectores electorales en la Asamblea Nacional, y la circunstancia que no se haya ejercido una eficaz presión de calle revela que en algunos sectores de la Coordinadora Democrática -con incuestionable peso además- se asume el revocatorio en términos puramente retóricos pero que en el fondo se apuesta a prolongar la consulta y se desarrollan estrategias electoralistas claramente excluyentes. El lanzamiento extemporáneo de candidatos presidenciales y los cálculos que se hacen en relación a una milagrosa recuperación de los partidos políticos, que no parece viable en las dimensiones que sus dirigentes acarician, plantean un factor desmovilizador que contribuye al escepticismo y a la confusión de los venezolanos. Pareciera olvidarse que no se trata de un cuadro convencional. No estamos ante el clásico juego de la alternabilidad democrática, sino que el referéndum se invoca para darle respuesta a una crisis inédita que abarca todos los ordenes de la sociedad y que de prolongarse, haría incalculables e irreparables daños a la economía y facilitaría la consolidación de un proyecto de esencia antidemocrática.
Las movilizaciones multitudinarias del año 2002; el paro cívico de 63 días en diciembre y enero; la activación política de la clase media y la instalación de la Mesa de Negociaciones y Acuerdos presidida por Gaviria y reforzada por el Centro Carter, el PNUD y el Grupo de Países Amigos, no se dan en circunstancias normales. La ingobernabilidad generada con la intención de Chávez de desnaturalizar el origen de su mandato ha creado la necesidad de salidas excepcionales. Pero es más, las causas que explicaron la radicalización y la confrontación política, se han complicado y sin exagerar, podría colocarnos en el umbral de una guerra civil. “La fidelización” del proceso bolivariano y la aprobación de un conjunto de leyes, entre ellas la “Ley Mordaza” apuntan a fortalecer la naturaleza totalitaria de la “revolución bolivariana” y a cerrar el anillo de la legalidad autocrática.
El secuestro de la economía, mediante un control cambiario punitivo ha implicado desabastecimiento, encarecimiento de los productos y niveles históricos de desempleo y pobreza. La violencia se ha extendido con la presencia de la guerrilla colombiana en territorio nacional y el incremento de las operaciones del hampa organizada. Esta situación es, obviamente, mucho más grave que la que existía el año pasado cuando millones de venezolanos salieron a las calles en procura de una rectificación de la política del gobierno o la renuncia del jefe del Estado ¿Cómo se explica entonces que factores de la oposición que en aquel momento se colocaron al frente de las protestas cívicas que se multiplicaron por todo el país, ahora bajen la guardia cuando constitucionalmente se plantea la posibilidad de encontrar esa salida mediante el uso del voto popular?. Cuesta creer en tanta ingenuidad.
EL ATROPELLO
DE PARAGUANA
El hostigamiento de la Guardia Nacional contra un grupo de familias del sector los Semerucos en la zona petrolera de Paraguaná, indica los niveles de provocación y de represión que adquiere el conflicto político nacional. Sin orden judicial de desalojo y desconociendo la propiedad privada en la mayoría de los casos, se procede a agredir niños, mujeres, ancianos y ex trabajadores de PDVSA victimas de la “operación limpieza” realizada después del paro de la industria. Este grave hecho demuestra, por otra parte, cómo la Guardia Nacional ha dejado de ser una institución al servicio de los intereses del país para convertirse en la verdadera policía política del régimen.
AVANZA
LA POBREZA
El precio de la canasta básica supera el millón de bolívares lo que registra un déficit de 62,2% en el poder adquisitivo de la población. Más de 1800 empresas cerraron en Anzoátegui, asegura la Cámara de Comerciantes e Industriales de la zona y ya se conocen los niveles de la quiebra de industrias y comercio en regiones fundamentales de la economía, como Aragua, Lara y Zulia. Un estudio de Datanálisis revela cómo los venezolanos han reducido la ingesta de productos básicos para la alimentación: pollo 53%; huevos 32%; pan 28%; harina de maíz 15%; pasta 10,4% y leche 28%. Son datos parciales que indican el cuadro de acelerado empobrecimiento de los sectores populares ¿Sobre qué bases es posible hablar entonces de un gobierno de los pobres?
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