CHAVEZ: LA SEMANA NEGRA

EN 3 Y 2

14/06/2003

CHAVEZ:  LA SEMANA NEGRA

Manuel Felipe Sierra

La semana pasada fue una sucesión de repetidas y costosas derrotas para el gobierno. Pese a varias tentativas, no le fue posible a la bancada oficialista, aun teniendo una precaria mayoría, reunir la Asamblea Nacional para aprobar el acta de la sesión celebrada el pasado viernes 6 en las escalinatas del Calvario. Las disensiones y los desacuerdos persisten en la fracción del MVR y con los parlamentarios del grupo Vamos que lidera Rafael Simón Jiménez, quienes si bien suscriben el proyecto chavista se oponen a la “Ley Mordaza”.

Ello no deja de ser un asunto de cierta monta. El alto gobierno había decidido acelerar la aprobación de un conjunto de leyes pendientes lo antes posible para cristalizar el círculo de la legalidad autocrática; y para llegar al mes de agosto en un escenario marcado por un clima legal que le sea favorable, para los fines de enfrentar la segura activación del referéndum revocatorio. Es posible que en los próximos días la AN sesione y apoye la agenda oficialista. Pero esta claro que lo haría sobre un piso político deteriorado y ante un sensible debilitamiento en la opinión pública. Las leyes por aprobarse (Ley de Contenidos, Reforma del Tribunal Supremo de Justicia, de Responsabilidad Ciudadana, de Reforma de la Fuerza Armada Nacional, entre otras), requieren, dada su futura gravitación en la vida nacional, de un sólido asidero en sectores claves del país.

No se trata de leyes dirigidas a afectar y actuar sobre sectores específicos, sino que son instrumentos que atañen de modo decisivo a la sociedad y que lesionan el Estado de Derecho y los principios cardinales del sistema democrático. En la reunión de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos celebrada en Santiago de Chile el gobierno fue condenado por violación a los derechos humanos en especial en materia de libertad de expresión. Esta no es la primera declaración que se produce en este sentido. Pero anteriormente, se trató de pronunciamientos de la Comisión de Derechos Humanos de la organización, que desde hace tres años procesa denuncias concretas sobre agresiones a periodistas y obstáculos al desempeño libre de medios impresos y radioeléctricos.

Lo ocurrido en la capital chilena es mucho más trascendente. Se trata de una postura política enfática e inequívoca de los estados que componen la OEA. Ello se logró derrotando el lobby adelantado desde hace varios meses por el canciller Roy Chaderton, en particular entre los países del Caribe que como, se sabe, sus decisiones son interferidas por la vía de la presión que ejerce Venezuela a través de la ayuda preferencial petrolera.

El discurso de Chaderton fue verdaderamente patético. Llegó al extremo -lo cual por supuesto produjo hilaridad entre sus homólogos- de proponer la inclusión en la declaración final de un novedoso concepto: “respeto al periodismo ético”. ¿Acaso la OEA es un organismo para dar consejos de buena conducta? ¿Qué diría la comunidad hemisférica de una   OEA que abogue, por ejemplo, contra la mala praxis médica?. El discurso de Chaderton quedará como una lamentable pieza oratoria que desdice de la seriedad y la firmeza de nuestros cancilleres en el escenario continental.

Mientras tanto, en Ginebra en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo el proyecto chavista recibía un rotundo revés, al ser ratificada la legitimidad de la CTV y Fedecámaras. ¿A quién -salvo en la delirante mitología bolivariana- se le podía ocurrir que un grupo de militantes emeverristas tomados al voleo podrían representar al movimiento sindical organizado? ¿Cómo era posible suponer que neoempresarios, estimulados por la asignación tramposa de divisas y en la dirección de constituir una central incondicional al régimen, pudieran sustituir a dirigentes empresariales productos de procesos electorales transparentes y democráticos.

Por si fuera poco, el martes 10, la Sala Constitucional del TSJ anuló todo lo actuado por iniciativa de la Fiscalía General de la República contra los ex gerentes de PDVSA que convocaron y dirigieron el paro petrolero del 2 de diciembre y que el discurso presidencial ha tratado de estigmatizar como “terroristas”. Eran tan débiles y absurdas las imputaciones del Ministerio Público contra los lideres de Gente  del Petróleo, que no soportaron la mas superficial consideración en el seno de la máxima instancia judicial. Dos días después, la Corte primero de lo Contencioso y Administrativo decidió que la mayoría de los empleados petroleros, despedidos a raíz de la paralización cívica de diciembre y enero gozaban de inamovilidad por lo que sus casos tienen que ser revisados por PDVSA y los afectados incorporados a sus puestos de trabajo. Seguramente, el gobierno utilizará todos los recursos y pondrá en marcha las maniobras mas insólitas para desconocer estas medidas, pero es evidente que la brutal campaña desatada por Chávez contra la meritocrácia de la empresa estatal sólo estaba alimentada por un profundo odio y por el deseo de convertir a la industria petrolera en un instrumento servil al servicio de los planes personalistas.

El viernes 13, Caracas amaneció de alguna manera sobresaltada. La noche anterior el ministro del Interior y Justicia, Lucas Rincón, renunciando a lo que es su deber, no garantizaba seguridad ni orden en la realización del “Petarazo”, concentración convocada por COPEI con el apoyo del resto de la oposición. Estaba aun fresco el desenlace del “Catiazo” y los hechos de violencia que en él ocurrieron. Pese al clima de intimidación y miedo desatado por el gobierno, el acto celebrado en la calle Lebrun de Petare, puso de manifiesto ante un país que siguió la protesta por televisión cómo el conflicto político venezolano es muy simple: una inmensa mayoría de la población que defiende sus valores democráticos de manera pacifica y civilizada; y una minoría alimentada y financiada por el gobierno para producir la falsa sensación de que se vive en el umbral de la guerra civil. Las hordas chavistas quemaron el módulo de la Policía Metropolitana que protege a los habitantes del sector de las incursiones del hampa; y agredieron a ciudadanos pacíficos con el apoyo de efectivos de la Guardia Nacional convertidos en activistas del chavismo. Los manifestantes, en cambio, acudieron, gritaron sus consignas, oyeron a los oradores y se retiraron en una ejemplar demostración de vocación cívica. Han sido siete días desafortunados para un régimen, al que le va a costar mucho mas de lo que supone, implantar una dictadura sobre un terreno abonado por la democracia.

EL CERCO

A ALTAMIRA

Como en una típica práctica fascista el gobierno trata de endilgar a los adversarios las que son sus propias flaquezas y debilidades. Un gobierno integrado por golpistas confesos y juzgados judicialmente, asume impunemente esta palabra para descalificar a quienes se le oponen. Así ocurre con el termino terrorista. En Venezuela no hay conflicto armado, sino que se ejerce un terrorismo de Estado. Pero ahora para Chávez, Rangel y el risueño canciller Chaderton, el terrorismo está en todas partes. Mediante una nueva manipulación Rangel logró convencer al embajador de Estados Unidos Charles Shapiro  -para evitar que éste fuese declarado persona “no grata” por la parodia antichavista escenificada en su residencia recientemente- que debería revocarse la visa estadounidense a los jefes de la disidencia militar en Altamira. Hace tres semanas ello ocurrió con el general Enrique Medina Gómez y seguirá con otros altos oficiales que desde hace mas siete meses permanecen el la Plaza Francia en una inédita protesta cívica. El Comando Sur de los Estados Unidos avala el comportamiento institucional y democrático de Medina. Pero el gobierno no cejará en su empeño de convencer al mundo -cada vez con menos posibilidades de éxito- que la mayoría de los venezolanos son terroristas. No recuerda Chávez qué siendo candidato, Estados Unidos le negó la visa con una acusación cierta y contundente: golpista.

EL GUISO

EN FINANZAS

Era mas que un rumor. Ya comienzan a salir las evidencias. El ministerio de Finanzas a cargo de Tobías Nobrega se ha convertido en un espantoso cuadro de corrupción. El secuestro de la economía durante cuatro meses, mediante un control de cambio político y punitivo, no podía desencadenar en otra cosa que en un nauseabundo imperio de negociados. El  estudio de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional, que dirige un economista de la competencia y la seriedad de Francisco Rodríguez, acaba de dar a conocer un informe que pone de manifiesto los manejos que se hacen con las operaciones de crédito público. La novela es ahora cuando comienza.