jueves, 16 de junio de 2011

LA REPRESION NO TIENE REGRESO

EN 3 Y 2
21/06/2003

LA REPRESION NO TIENE REGRESO

Manuel Felipe Sierra

El gobierno persiste en acelerar su plan represivo dirigido a bloquear y posponer el referéndum revocatorio. Es cierto, que no le ha sido fácil imponer el conjunto de leyes que terminarían de construir su legalidad autocrática. Seguramente, dos meses atrás en Miraflores se consideraba que existía una mayoría suficiente aunque no calificada, para viabilizar instrumentos como la Ley Mordaza, la ley de Responsabilidad Ciudadana, la Reforma de la Fuerza Armada Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia.


Pero la situación se le ha complicado sensiblemente. Tanto en el país como en el ámbito internacional estas leyes han sido enfrentadas por los sectores democráticos que ven en ellas la orientación medular de la naturaleza antidemocrática del régimen. La mayoría precaria y tambaleante que mantiene en el seno de la AN no es suficiente para apuntalar legislaciones que tendrán una gravitación decisiva para la población y para el futuro de los venezolanos.

No obstante, el gobierno ha recurrido a la aplicación de leyes paralelas y a la configuración forzada y caprichosa de presuntos delitos para reprimir a los opositores. Lo ocurrido en el Táchira, con el juicio iniciado por jueces provisorios contra 300 ciudadanos, es un signo inequívoco que pese a dificultades legales, el proyecto chavista avanzará en la dirección de impedir cualquier salida electoral al creciente cuadro de conflictividad que existe en Venezuela.

Lo que ocurrió en el Táchira, como ha sido denunciado por dirigentes de la oposición, incluso, por algunos gobernadores, se repetirá en Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas entidades en manos de gobernantes chavistas. Estos hechos se suman al cúmulo de violaciones a la Carta de Intención firmada hace dos semanas por los negociadores de la oposición y el gobierno en la Mesa de Negociaciones y Acuerdos, facilitada por el secretario general de la OEA César Gaviria.  La Coordinadora Democrática consignó ante la sede de la OEA en Caracas un documento que precisa nueve violaciones concretas al convenio.

Entre ellas las reiteradas declaraciones de Chávez, Rangel y Cabello contra la posibilidad  de que se active el mecanismo revocatorio en los lapsos y términos previstos en la Constitución; la reforma irregular del reglamento de la AN aprobada en el “show” de las escalinatas del Calvario; el discurso del canciller Chaderton en la OEA contra el cristianismo; las restricciones a las manifestaciones públicas (la abierta provocación de los círculos bolivarianos contra el “Petarazo” el sábado 14, es un ejemplo); las restricciones y agresiones contra la libertad de expresión y de prensa; la utilización de la Fuerza Armada para reprimir manifestaciones; la violación de la libertad sindical en la asamblea de OIT  en Ginebra; la intervención militar de la Policía Metropolitana y otras policías regionales y el terrorismo policial contra los opositores que se inició en el Táchira y que seguramente continuarán en otras regiones del país.

El razonamiento es simple: ante el retraso en la aprobación de las leyes autocráticas, el oficialismo actúa de hecho desconociendo y vulnerando las leyes vigentes que, como se sabe, tuvieron su origen en decisiones democráticas y consensuadas  en el pasado. ¿No son estos hechos acumulados en el curso de dos semanas, indicadores perfectamente claros de que el gobierno prosigue sin regreso con su proyecto totalitario y que hará todos los esfuerzos posibles por impedir la reconstrucción democrática de las instituciones públicas y la vida política?.

Pero hay un hecho igualmente revelador. Si después del paro cívico y las diferencias surgidas en el seno de la Coordinadora Democrática; y los resultados fallidos de la intermediación internacional, se sintió un efecto depresivo en sectores de la oposición, en las últimas semanas se ha reactivado con mayor vigor la resistencia democrática el rechazo a las políticas oficialistas. “El Catiazo”, “El Petarazo”, “El Tachirazo”, “El Guairazo” y otras protestas que se anuncian para esta semana, han desatado una nueva movilización no sólo de los partidos políticos, sino de las expresiones cada vez mas crecientes de la sociedad civil.

Durante el 2002 se activó la clase media en las multitudinarias jornadas celebradas fundamentalmente en Caracas. Ahora se trata de acciones igualmente contundentes pero que se reproducen en todo el país y en esta ocasión no estimuladas por una reivindicación política (la salida de Chávez o la convocatoria a un acto comicial), sino para oponerse a los planes represivos abiertos y cada vez más agresivos del gobierno, que se traducen en detenciones masivas, invasión de fincas en producción y desalojos violentos de los trabajadores que habitan en los campos petroleros, como  lo sucedido la semana pasada en Paraguaná. En este contexto, se avizora un nuevo nivel de la confrontación política que ha marcado los últimos años después del paro cívico del mes de diciembre del 2001 y que abrió los espacios a múltiples acciones durante el 2002, teniendo como fechas emblemática el 11 de abril y el 2 de diciembre.

Si las acciones del año pasado tuvieron un alto componente emocional y fueron ejemplares demostraciones de civismo y del uso pacifico de los derechos constitucionales, lo que está ocurriendo en la provincia y en los sectores populares capitalinos, puede cobrar una peligrosa carga de violencia. Ciertamente, este es el escenario que le conviene al gobierno; pero también es cierto que en su línea represiva es imposible que no se produzcan respuestas y contraofensivas como las que se están protagonizando en diversas zonas del territorio nacional.


LA “GUERRITAS”
DE LAS ENCUESTAS

Prematuramente se ha iniciado la ya tradicional “guerra de las encuestas”. Las mediciones que se hagan hoy -independientemente de la solvencia de las empresas encuestadoras- tienen una importancia sumamente relativa: Es posible que sirvan para medir la popularidad de algunas figuras políticas que están en el debate nacional y que son impulsadas mediante campañas mediáticas. Pero en Venezuela no existe clima electoral. De allí que los sondeos resulten extemporáneos y artificiales. Es más, en los planes del gobierno no se conciben las salidas electorales convencionales: Estas sólo podrían darse como producto de circunstancias políticas excepcionales que requieren de un sostenido esfuerzo opositor. Pero hay algo mucho mas grave: las “campañitas” desvían la atención del país de un objetivo prioritario como lo es el referéndum revocatorio; y generan falsas expectativas en una población que no anda buscando candidatos ni mesías sino que requiere de salidas heroicas a un cuadro de virtual destrucción de la sociedad.

LOS MARINOS
COMBATEN

La Marina Mercante -cuya oficialidad se ganó el reconocimiento nacional por su valentía y entereza durante el paro de diciembre y enero- celebró el viernes 20 su Día Internacional. Los círculos chavistas agredieron a este grupo de venezolanos cuando colocaban una ofrenda floral en la Plaza Bolívar. Cosa curiosa. Quienes asumen tramposamente el nombre de el Libertador no permiten que la memoria de éste sea objeto de tributos y la admiración de los compatriotas. El sábado 21, la Marina Mercante fue objeto de una robusta manifestación de apoyo de la Coordinadora Democrática, Gente del Petróleo, el Bloque Democrático, la disidencia militar de Altamira y otros factores de la oposición. Pero lo que ocurre en la institución es un crimen que algún día tendrá que ser castigado. De los trece tanqueros petroleros declarados en rebeldía diez permanecen fondeados en los puertos y tres realizan labores de cabotaje que no le son propias. Los buques -como es lógico- por falta de mantenimiento tienden a deteriorarse. No pueden navegar porque la tripulación que fue apresuradamente certificada por  el gobierno no es reconocida por los organismos internacionales que agrupan a los marinos profesionales. El país esta pagando cuantiosas facturas a buques extranjeros para que trasladen el petróleo venezolano hacía los puertos extranjeros ¿No es este un acto descaradamente atentatorio contra los intereses del país?


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