LAS PRUEBAS DEL TOTALITARISMO

Manuel Felipe Sierra

La sociedad democrática debería cobrar conciencia de una vez de la verdadera naturaleza y objetivo del proyecto chavista. La valiente periodista Ibéyise Pacheco le ha hecho un inmenso favor al país al dar a conocer dos irrebatibles testimonios sobre los planes claramente totalitarios del régimen. El viernes 9, dio a conocer el resumen de una reciente reunión celebrada por el alto gobierno que reproduce con fidelidad lo que sería la conversación del estado mayor nazi.

Allí se definen medidas, algunas de las cuales ya han sido aplicadas, que incluyen, incluso, la eliminación física de adversarios (caso concreto Pablo Medina) y el fomento a un clima de intimidación contra los sectores empresariales y sindicales. Hasta ahora el gobierno ha guardado como dice el vicepresidente José Vicente Rangel “un silencio ominoso”. No ha existido desmentido alguno sobre la autenticidad y veracidad del documento. La locuacidad presidencial se ha quedado corta. Sorprende, eso si, que la oposición no haya valorado y actuado en consecuencia frente a lo que constituye la prueba mas contundente de una estrategia antidemocrática.

El viernes 16, la Pacheco dio a conocer la versión (transmitida a viva voz) de una arenga de Chávez del 4 de abril en la guarnición del Zulia, que bastaría con hacerla oír ante la comunidad internacional para que no quede la menor duda sobre el carácter totalitario del proceso político venezolano. Allí Chávez repite la palabra plomo en un tono de amenaza contra sus opositores. Da su versión de lo ocurrido el 11 de abril del año 2002, en la cual admite haberse rendido “sin disparar un tiro” y define su verdadera posición en relación a los Estados Unidos, la cual, palabra por palabra podría atribuírsele a los enfurecidos discursos de Fidel Castro contra el “imperialismo yanqui”. En este caso tampoco hay motivo para desmentir la grabación. Unos voceros oficiales que suelen confrontar hasta la mas leve crítica de la oposición ahora no dicen una sola palabra.

Ambos hechos se suman a la creciente represión desatada desde el poder en las mas diversas formas. Las amenazas y agresiones contra los periodistas y medios de comunicación se incrementan ante la inminente aprobación de la “Ley Mordaza” que cerrará el anillo de la legalidad autocrática. 500 oficiales de diversos rangos están siendo sometidos a tramposos juicios de investigación (una repetición del genocidio gerencial de PDVSA) por haber ejercido el derecho que les consagra la Constitución a solicitar la activación de un legítimo mecanismo electoral. La economía privada padece un secuestro desde hace mas de tres meses. El gobierno decreta la muerte de la producción avícola, por ejemplo, negándole la asignación de divisas mientras destina los recursos que deberían invertirse en salud, educación, víalidad y seguridad pública para importar pollos desde Brasil.

Las maniobras para impedir una convocatoria transparente para el referéndum revocatorio no sólo se limitan a las dilaciones parlamentarias para el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral, sino que se activan en los demás poderes públicos tutelados militarmente desde Miraflores. Organismos como el Seniat y el INCE son militarizados para desarrollar una labor punitiva, discriminatoria y partidista contra empresas y contribuyentes. La decisión de una mayoría del Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de abrir juicio al general Carlos Alfonzo Martínez por el supuesto delito de incitar a la rebelión, es una nueva evidencia de la manera como se inventan hechos delictivos que alteran el Estado de Derecho y que persiguen crear jurisprudencias para ser aplicadas a los opositores.

Frente a este cuadro, que configura una verdadera pesadilla, se impone un redoblado esfuerzo de los factores opositores para presionar una salida pacifica y a corto plazo de la crisis de gobernabilidad. Hasta ahora la sociedad civil ha demostrado un vigor y una firme disposición de combate para preservar sus valores democráticos. Algunas organizaciones políticas, en cambio, pese a la experiencia de sus dirigentes, apuestan a salidas electorales extemporáneas y personalistas, desconociendo, que en el fondo no se trata de enfrentar a un gobierno o a un mandatario en particular, sino de “asumir la vaina”, como dijo Chávez en Maracaibo, en este caso en defensa de la sociedad venezolana sometida a un deliberado y terrorífico plan de destrucción.

LA REPRESION

MEDIATICA

La mayoría oficialista aprobó en la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Contenidos, mejor conocido como  la “Ley Mordaza”. No ha bastado el contundente rechazo de las organizaciones que agrupan a los empresarios de la comunicación, el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de la Prensa, gremios internacionales y los partidos políticos (incluyendo algunos parlamentarios oficialistas), para detener lo que constituye una pieza fundamental en el blindaje jurídico del régimen totalitario. En materia como ésta, que afecta a la población, tal como lo ha planteado el parlamentario Alberto Jordán Hernández procede la figura del referéndum consultivo. La lucha contra la Ley de Contenido no es un hecho aislado, sino que forma parte de la resistencia democrática para evitar la implantación de un modelo político sustentado en la fuerza.

CON FIDEL:

PATRIA O MUERTE

El gobierno mantiene un doble discurso en sus relaciones con los Estados Unidos. El canciller Roy Chaderton maneja el leguaje diplomático convencional. Pero Chávez (basta con oír la grabación del mensaje en la guarnición del Zulia el 4 de abril) “fideliza” su comportamiento ante Washington. El incidente ocurrido la semana pasada en la residencia del embajador Shapiro y la categórica advertencia de éste en defensa de la libertad de expresión, es sólo un capitulo de un proceso que conduce al acelerado deterioro de las relaciones entre ambos países. Y ello resulta lógico: en la medida en que el régimen se cubaniza, ya no solamente en el plano retórico, sino en sus políticas económicas y en la represión, es inevitable que se coloque un acento critico en las vinculaciones bilaterales entre Venezuela y los Estados Unidos.