AL COMPÀS DE LOS DÌAS
Manuel Felipe Sierra
Oswaldo Alvarez Paz fue condenado a dos años de prisión por el delito de “difundir información falsa”. Hace un año el ex gobernador del Zulia y precandidato presidencial, luego de una intervención en el programa “Alò Ciudadano” fue llevado a la cárcel. Alvarez se refirió a los señalamientos del juez español Jaime Velazco sobre el entrenamiento de miembros de ETA en territorio venezolano. No era ninguna revelación novedosa. Ante la plenaria de la OEA el gobierno de Álvaro Uribe presentaba pruebas documentales sobre la existencia en Venezuela de campamentos de las FARC y las actividades de otros grupos vinculados con el terrorismo internacional.
¿Por qué entonces Alvarez Paz era privado de libertad y durante más de un año sometido a un engorroso juicio penal que culmina con el sobreseimiento de varios cargos y se sustenta sólo en la falta de veracidad en sus señalamientos?. Una situación por demás absurda porque el propio gobierno español solicitó la extradición del “etarra” Cubillas siendo ésta debidamente antendida. Era un caso de simple retaliación política contra un dirigente que enfrenta al régimen de manera firme y sostenida.
Los cargos contra Alvarez Paz resultaban pretextos demasiado inconsistentes y burdos para penalizar su conducta opositora. Hasta ese momento, periodistas y dirigentes críticos eran neutralizados y perseguidos mediante la manipulación de la justicia ordinaria. Ahora se abría el camino a la represión directa y desembozada propia de los gobiernos que no ocultan su naturaleza dictatorial.
La sentencia dada a conocer este miércoles exonera al procesado de varias de las acusaciones que se le habían formulado inicialmente pero lo condena a dos años de libertad condicional por el insólito delito de “difundir información falsa”. La decisión es obviamente política pero sienta además un peligroso precedente para la libertad de información. ¿Quién establece que una noticia es cierta o es falsa?. Para el momento no se trataba de una noticia sino de juicios sobre hechos revelados por personas de amplio crédito y que fueron posteriormente corroborados.
Si una información no se ajustara estrictamente a la verdad existen los recursos del desmentido y el derecho a réplica, además de las instancias judiciales. En el proceso seguido a Alvarez Paz se trata de afirmaciones en correspondencia con la realidad. En el fondo, sin embargo ello no importaba. Era la oportunidad de pasar la consabida factura política y de consagrar un nuevo delito que se suma al conjunto de disposiciones y mecanismos que asfixian la libertad de expresión.¿Se atrevería un juez a repetir esta decisión en el caso de los canales y medios oficialistas que convierten la mentira y el insulto en sus líneas editoriales ?.
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