SUPREMO LEGISLADOR

AL COMPÁS DE LOS DÍAS

SUPREMO LEGISLADOR

18/07/07

Manuel Felipe Sierra

Cilia Flores, la presidenta de la Asamblea Nacional, ha revolucionado e innovado el derecho constitucional. El anuncio sobre la inminencia de la llamada reforma constitucional, confeccionada por Chávez a su real saber y entender, ya no contemplaría la reelección indefinida sino continua. No se trata de un desliz semántico. Es más que eso: una burla descarada a la inteligencia del ciudadano común. Pero allí no se queda la cosa. Según la parlamentaria, cualquier cambio que se introduzca en el nuevo articulado responderá al pensamiento y la decisión del supremo legislador de Miraflores y ante ello la AN no tendrá otro camino que practicar el viejo ejercicio de la gimnasia sueca. Además, el concepto que se aplica para la perpetuación en el poder del mandatario no sería extensivo para otros cargos de elección popular. Es decir, se establece una diferencia sustancial en la naturaleza del mandato, todos  ellos producto del sufragio.

Lo que se conoce hasta ahora no es una reforma, sino la aprobación de una nueva constitución por vías irregulares, arbitrarias y abiertamente inconstitucionales. El régimen monta una nueva trampa. Como lo señala el analista Fernando Egaña, más bien se trata de “una grotesca trácala”. Por supuesto, se escogerá el camino de los referenda, una fórmula patentada por el chavismo en Venezuela pero que es común a los totalitarismos del mundo entero. Una modificación constitucional se entendería en función de ampliar los derechos ciudadanos y adaptar el texto fundamental a las nuevas y cambiantes realidades del planeta. Pero en este caso se trata de legalizar un andamiaje que significa la sustitución del modelo democrático para reproducir la propuesta anacrónica y funesta del “socialismo real”. El tema plantea un reto demasiado sensible para aquellos sectores que rechazan el proceso totalitario. Entrar en el juego electoral, como si no pesaran los antecedentes del revocatorio, las elecciones parlamentarias del 4-D 2005 y el desenlace de la consulta presidencial del 3-D del 2006, supone un imperdonable y grave error con inmensos costos históricos para los venezolanos. Ahora, con votación o sin ella, se trata de resolver el dilema dramático entre democracia y totalitarismo; entre el proyecto de una minoría militarista y las expectativas de la sociedad venezolana.