Durante
décadas América Latina osciló en el péndulo trágico de dictadura y democracia. Ciertamente
en los últimos años el continente avanza en el camino de estabilizar y afianzar
el ejercicio de las instituciones democráticas. En ese esfuerzo en el seno de la OEA se aprobó el 2001 en Lima la Carta Democrática
Interamericana, un instrumento que consagra que la legitimidad de los gobiernos
radica no sólo en su origen mediante el voto, sino también en sus ejecutorias
ajustadas a los valores constitucionales.
En
Venezuela el camino de la democracia ha sido inverso. Después de vivir largos
períodos de regímenes militaristas, desde 1958 y durante cuarenta años los
partidos políticos con la participación activa de la ciudadanía construyeron
las bases de un sistema democrático moderno que implicó también importantes
niveles de progreso y bienestar. Ello ocurría cuando otras naciones (incluso
con mayor tradición en el ejercicio de la democracia) permanecían bajo la bota
de sangrientas dictaduras. Hace catorce años y cuando se consideraba
consolidado el sistema asomó de nuevo su rostro el fantasma de la dictadura
aunque asumiendo formas y apariencia de flexibilidad y convivencia, pero sin
ocultar la esencia de un proyecto confiscatorio de los poderes y sus ulteriores
objetivos totalitarios.
De
esta manera, el tema de la democracia en todas sus implicaciones asume
prioridad en el debate nacional y se convierte en la práctica en un nuevo reto
para restituir el verdadero valor de las instituciones que le son
consustanciales. En esta discusión, urgente y más que necesaria, uno de los
venezolanos en capacidad de terciar en ella con entera propiedad es Gustavo
Briceño Vivas. Abogado, profesor universitario, creador de la cátedra Reforma
de la Carta Democrática
Interamericana y más que conocidas sus luchas como promotor de la figura del
Ombudsman (El Defensor del Pueblo). Briceño acaba de publicar el libro “Una
Carta para la Democracia ”,
que constituye una rica reflexión sobre
los procesos democráticos y la necesidad de que éstos se profundicen con la
presencia de los factores de la sociedad civil.
En
este sentido, el autor plantea la necesidad de ampliar los alcances de la CDI confinada por ahora a los
estados miembros de la OEA
con la participación de los movimientos políticos y sociales de los países
miembros que asumen este modelo como un derecho humano ya insustituible de los
nuevos tiempos. Por supuesto, el ensayo de Briceño aporta útiles elementos también
para comprender el proceso político regresivo que vive Venezuela desde hace
catorce años. Todas ellas, razones más que suficientes para que la lectura del
texto de Briceño Vivas se haga necesaria así como la comprensión de las
enseñanzas que de ella se derivan.
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