EL ALTAR DE LA VIOLENCIA
En
agosto del 2010 Juan Manuel Santos inició contactos con las FARC. Días antes había tomado posesión de la
presidencia de Colombia. El 22 de julio del mismo año, ya de salida del gobierno,
Álvaro Uribe consignó denuncias ante la
OEA sobre la existencia en Venezuela de campamentos del grupo
guerrillero. El embajador Luís Alfonso Hoyos mostró gráficos que confirmaban
evidencias anteriores sobre la vinculación del régimen chavista con el grupo en
armas. Revelaciones que por lo demás no eran novedosas porque muchas de ellas fueron
asumidas públicamente por el propio Hugo Chávez. Pero el asunto se tornaba
interesante. Santos, como ministro de la Defensa de Uribe fue el responsable de una operación
militar que colocó a la guerrilla a la defensiva. Incluso, violentando la
soberanía de Ecuador realizó un ataque aéreo en el territorio de ese país en el
cual resultó muerto el comandante Raúl Reyes y que permitió el rescate de
computadoras con elementos probatorios de los nexos del chavismo con la
guerrilla.
Era
lógico suponer que Santos al asumir el poder persistiría en la misma línea. Pero
no ocurrió de esta manera sino todo lo contrario. Las denuncias ante la OEA fueron archivadas y se
registró un cambio de rumbo en las relaciones colombo-venezolanas. Santos consideró
a Chávez “un nuevo amigo” y exaltó su mandato como garantía de “equilibrio
político en el continente”. Chávez, colocado en situación embarazosa ante la
comunidad internacional, bajó el tono de sus ataques a la “oligarquía
colombiana”, acordó el restablecimiento del comercio en la frontera y canceló
deudas a los exportadores vecinos. Pero ya se intuía que en el fondo el nuevo
trato obedecía a la posibilidad de una nueva negociación con la guerrilla, que
ahora habría de tener como negociador al propio Chávez.
Esta
semana se develaron detalles de la historia. A comienzos del 2011 Alfonso Cano
jefe de la FARC
después de la muerte de Manuel Marulanda propuso acercamientos para explorar acuerdos con el
gobierno. La ofensiva militar de Uribe había debilitado el alto mando de la guerrilla
y como en el pasado se abría espacio para una pausa en el largo conflicto. Cano
cayó abatido el 4 de noviembre del 2011 en un bombardeo en Suárez, departamento
del Cauca. Ello sin embargo no interrumpió las gestiones. En Barinas, (donde se
había dicho que estaría refugiado el sucesor de Cano, Rodrigo Londoño alias
“Timochenko”) se realizó el primer
diálogo formal con la autorización y el apoyo logístico de Chávez. Ahora se anuncia
que el 5 de octubre en Noruega comenzará el proceso de negociaciones que se
trasladará posteriormente a La
Habana , teniendo como acompañantes a los gobiernos de Chile y
Venezuela y como garantes a los de Cuba y Noruega.
No
es la primera vez que se levanta la bandera blanca de la paz en el conflicto
colombiano. La iniciativa más importante
fue el diálogo de San Vicente del Caguán promovido por Andrés Pastrana entre enero
de 1999 y febrero del 2002. El Plan de Paz le permitió al mandatario manejarse
durante casi cuatro años evitando confrontaciones militares y en un esfuerzo por
recobrar el prestigio internacional del país debilitado durante el mandato de
Ernesto Samper, quien fue acusado de llegar a la presidencia con el auxilio de
los carteles delictivos. Samper gobernó al borde del abismo y con la habilidad
de un equilibrista, ante las presiones de los Estados Unidos que privilegiaba
entonces el combate contra la droga. Ya el narcotráfico había establecido un
“modus vivendi” con los grupos guerrilleros y consolidado además su relación
con las Autodefensas Unidas de Colombia o “paramilitares”, que actuaban al
igual que éstos como guardia protectora de los narcotraficantes. En esencia, el plan de Pastrana era una manera
de ganar tiempo. Él, mejor que nadie sabía que no eran posibles los acuerdos
estables con una guerrilla convertida en un emporio económico. La FARC también tomaba oxígeno
porque durante tres años y medio gobernó un territorio de 42 kilómetros
cuadrados y pudo realizar sus gestiones diplomáticas con los centros del poder
mundial. En esos años, Manuel Marulanda salió de la oscuridad de las montañas
para ocupar las primeras páginas de las más prestigiosas publicaciones internacionales.
Pastrana también aprovecharía la tregua para instrumentar con Estados Unidos el
“Plan Colombia” que orientado a disminuir los cultivos de la droga, significaba
también la repotenciación de las Fuerzas Armadas para una posterior lucha
antisubversiva.
Pastrana
rompió el diálogo meses antes de la victoria presidencial de Álvaro Uribe
Vélez. Ex gobernador antioqueño, liberal de derecha cuyo padre el hacendado
Alberto Uribe Sierra fue asesinado por la FARC en 1983, se convertía en fenómeno electoral
por su promesa de combatir frontalmente a la guerrilla en un contexto que se
inclinaba a favor de su exterminio después de la fallida gestión de Pastrana.
La política de “Seguridad Democrática” de Uribe se tradujo ciertamente en el
debilitamiento de la FARC
y en la consolidación de una fuerza política decisiva alrededor de su nombre
que le permitió la reelección en el 2006 y la votación mayoritaria que le
transfirió a Santos para la victoria de
éste el 2010.
Ahora
Santos apuesta a las posibilidades del diálogo y propone a diferencia de las
tentativas anteriores que la FARC
acepten dejar “las armas y su incorporación a la vida civil”. Sus opositores
advierten que en los papeles que se conocen se omite sospechosamente el tema
del narcotráfico. Sin embargo, la historia demuestra que la guerrilla ha sobrevivido
a los ropajes ideológicos y a los procesos de reinserción en la vida
democrática, porque es el producto de una aguda explosión social, unas
relaciones de injusticia en el campo que
dieron paso a un cuadro crónico de violencia
y en las últimas décadas a su papel como brazo armado del narcotráfico y
la industria de la extorsión y el secuestro. ¿Escapará a esta dinámica el nuevo
proceso que se inicia en Noruega o no será acaso la repetición de la
experiencia de San Vicente del Caguán que por un tiempo sirvió por igual al
gobierno y a los irregulares? De ser así, Colombia seguirá pagando una dolorosa
penitencia en el altar de la violencia.
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