PURA COINCIDENCIA
Y
fue pura coincidencia como suele advertirse en las novelas y el cine. El mes de
febrero ofreció los síntomas de agotamiento del rentismo petrolero y el modelo
bipartidista heredado del Pacto de Puntofijo. El viernes 18 de febrero de 1983,
luego de unas semanas de indetenible fuga de divisas, Luis Herrera Campins se vio obligado a la devaluación de la
moneda. Un hecho frecuente en los países latinoamericanos pero que en el caso de
Venezuela derribaba el mito de la imbatible fortaleza del bolívar. Desde
entonces se habla del “Viernes Negro” para evidenciar la caída de una política
sustentada en los ingresos petroleros que en aquel momento registraban periódicas
fluctuaciones. Desde ese día, el “Viernes Negro” es una palabra de ingrata
recordación para los venezolanos.
El
27 de febrero de 1989 y como respuesta al anuncio de un conjunto de medidas,
estalla una ola de protestas en Guarenas, Guatire y Caracas que obliga al
recién instalado segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez a suspender las
garantías y al uso de la fuerza militar para reprimir manifestantes que daban
cuenta de abastos y supermercados. Ciertamente, no fue una revuelta popular en
estricto sentido sino una explosión espontánea de sectores de bajos ingresos y
también de clase media en protesta por el desabastecimiento, la progresiva
pérdida de su capacidad adquisitiva y condiciones de pobreza. Más allá de las
interpretaciones puntuales, el hecho cierto es que por primera vez a lo largo
del período democrático se registraba una acción de furia social que tuvo como
saldo centenares de víctimas. Desde ese día el “Caracazo” también se inscribe
como una fecha emblemática del proceso político que estimuló diez años después
el ascenso al poder de Hugo Chávez y su proyecto militarista.
El
4 de febrero de 1992 se sublevan cuarteles en Caracas, Maracay, Maracaibo,
Valencia y San Juan de los Morros en lo que constituye una primera acción
conspirativa de grave envergadura en los últimos años. Un grupo de jóvenes
oficiales encabezados por el teniente coronel Hugo Chávez Frías ponían fin a la
creencia, según la cual los golpes de estado eran asunto del pasado. Lo
ocurrido ese día (si bien la acción fue aplastada) dejó en claro que existía un
clima de tensión política que iba a expresarse en los meses siguientes en un cuadro
de ingobernabilidad y que un año después obligó a la renuncia de CAP en un
silencioso golpe constitucional. Desde ese día, el “4-F” representa otra fecha
significativa para la explicación de los cambios políticos que ha vivido el
país.
Sin
que exista relación alguna, este mes de febrero se han dado dos hechos que
pueden interpretarse como síntomas de graves complicaciones para el proyecto
chavista. La ausencia indefinida del mandatario sometido a un severo tratamiento
postoperatorio en Cuba y ahora en el Hospital Militar de Caracas configura en
la práctica un grave vacío nacional. En cualquier escenario, el hecho cierto es
que Chávez no se encontrará en condiciones para ejercer plenamente un nuevo
mandato de seis años. Dada la condición de un líder-caudillo carismático su
ausencia implicará cambios en el interior del chavismo y seguramente algunos
virajes en el manejo del poder.
El
viernes 8 de febrero de este año, el gobierno se vio obligado a anunciar una
esperada devaluación del bolívar ante la presión del déficit fiscal y niveles
cada vez mayores de inflación y endeudamiento. No es la primera vez que ello
ocurre durante este régimen. Incluso de allí que la decisión haya sido saludada
por el Fondo Monetario Internacional (organismo al cual CAP llamaba la “bomba
matagente”). Lo grave es que la medida se produce con una tendencia a altos
precios petroleros y sin que existan medidas complementarias para la
reactivación de la economía y con un gasto público que luce imposible de
mantener en el futuro ¿Entenderá el chavismo que se trata de un nuevo síntoma,
como en años anteriores, de las dificultades que enfrenta un modelo inviable y
demasiado costoso para la economía y la población? Todo por pura coincidencia.
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