¿Cuántas
denuncias sobre corrupción de funcionarios del régimen han sido debidamente
procesadas? ¿Cuántos señalamientos de esta naturaleza han conducido al establecimiento
de responsabilidades y sanciones? Es cierto que la corrupción de alguna manera
se considera hoy en día como una “subcultura” del poder y que el uso de ella
sirve para la descalificación de los adversarios. Por ejemplo, ahora mismo
Rajoy en España enfrenta un vendaval de acusaciones, pero en el caso venezolano
se trata de un asunto mucho más complejo. La tendencia a la malversación y el
uso indebido de los dineros públicos se corresponde con la propia naturaleza
del modelo vigente. Sin un poder contralor imparcial; con un sistema judicial secuestrado por el
Ejecutivo; y con los medios de comunicación considerados como instrumentos
estratégicamente opositores, ¿cómo hacer entonces para que el tema sea enfrentado
con la transparencia y el rigor necesario?
En
la etapa democrática el asunto de la corrupción, (a partir del célebre caso
“Sierra Nevada” durante el primer gobierno de CAP), abrió el camino para que
las denuncias de ilícitos administrativos dieran cuenta de ministros y altos
funcionarios de los gobiernos posteriores. Incluso, el mismo CAP debió
renunciar en 1993 por el uso de la partida secreta para la ayuda de la
democracia en Nicaragua. Un juicio que se hizo público y con alcance
internacional y que concluyó en que hubo traslado irregular de partida, pero en
el cual no se pudo comprobar el delito de peculado. Los señalamientos en esta
materia sirvieron desde entonces para popularizar la imagen de numerosos
parlamentarios cuya gestión se caracterizó por su capacidad para formular denuncias
y promover escándalos. De allí el oficio de “denunciantes profesionales”, que
solían agotar abundante centimetraje de prensa pero sin que sus denuncias
fuesen comprobadas.
Como
es lógico la iniciativa en esta materia siempre perteneció al ámbito opositor,
y era la forma de interpelar a altos funcionarios que generalmente terminaban
con la destitución o estigmatizados en la opinión pública. Esta semana, en la AN la bancada chavista tomó la
vía de la lucha anticorrupción mediante la acusación a varios dirigentes de
Primero Justicia. Es evidente el propósito de lograr con ello la mayoría
calificada del organismo para mantener el control de los demás poderes, pero
es, en todo caso, una forma demasiado burda de pervertir el combate contra el
flagelo. No es otra cosa que la vieja táctica de “empatar el juego”, en este
caso con una evidente ventaja: quienes acusan ejercen además el control de los
poderes que en teoría deberían aplicar las sanciones correspondientes. Una
fórmula que como ha dicho Ramón Guillermo Aveledo, “es fascismo puro”.
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