Todo estaba cantado
Era perfectamente previsible que el TSJ rechazara las impugnaciones hechas por la MUD sobre la transparencia de la elección presidencial del 14 de abril, que consagró la continuidad del chavismo en el poder, a través de Nicolás Maduro. Como también lo era que la solicitud de una auditoria ampliada de los resultados solicitada al CNE, corriera con la misma suerte. Sin embargo, eran acciones absolutamente pertinentes ante las dudas surgidas por una votación reñida, o como se ha dicho, una suerte de empate técnico.
Como escribiéramos en ese momento, lo sustantivo y lo que habría de ser el centro de la estrategia opositora, era la exaltación de la abrumadora votación de Henrique Capriles Radonski en condiciones de desigualdad. Votación que sin duda, consagró a los factores opositores como la mayoría nacional y que en consecuencia, augura futuras victorias y debería estimular además la activación en la calle, frente a un cuadro de complicaciones económicas y sociales que se reflejan en el deterioro de la gestión presidencial.
En esa dirección debería descansar la política de la MUD y otros sectores democráticos, frente a las elecciones municipales del 8 de diciembre. Entendiendo que éstas, si bien tienen su propias características, en este caso estarán marcadas decisivamente por el efecto de la votación de abril y que deberían ratificar el crecimiento de la opción opositora. Con razón, el excandidato Capriles Radonski ha insistido en la necesidad de convertir estos comicios en una suerte de referéndum o plebiscito entre el gobierno y la oposición. ¿Es ello posible en el entendido que en las venideras elecciones pesan los factores locales, la presencia de liderazgos sociales, más que las referencias políticas nacionales? Allí justamente radica el desafío de la dirigencia que enfrenta el gobierno de Maduro.
Resulta indispensable entonces combinar la tarea propiamente electoral con un serio trabajo de masas, que facilite que los actuales niveles de descontento puedan traducirse en términos de voto para la elección de alcaldes y concejales. La victoria opositora que según los más recientes resultados se daría en diciembre, abriría espacio para el triunfo en las futuras elecciones parlamentarias y cualquier otro evento que se presente, sin descartar el llamado a una Asamblea Constituyente.
Las últimas reacciones de Maduro, revelan que en el Alto Gobierno existe conciencia de las dificultades que deberá afrontar en el corto plazo. Incluso, sin que haya existido una propuesta formal, respondió a la idea de la Constituyente en un tono airado y desafiante. Para él, el propósito estaría orientado a liquidar la Constitución vigente de 1999. Hasta ahora, nadie ha hecho semejante planteamiento y sería absurdo hacerlo.
Esa Constitución que consagró importantes aspectos en materia de derechos humanos, participación y medio ambiente, resultó estrecha al final al régimen de Chávez para profundizar su proyecto de naturaleza autocrática. Tanto es así, que la reforma propuesta en 2007 estaba dirigida a reformular el texto constitucional y radicalizarlo de tal forma que sirviera a una nueva etapa del proceso. Rechazado el planteamiento, Chávez optó por utilizar las leyes habilitantes y la mayoría en la Asamblea Nacional, para aprobar un conjunto de leyes que reprodujeran los contenidos de la reforma derrotada y que le permitieran avanzar en sus objetivos.
Justamente ahora se trataría, en un escenario Constituyente, no de derogar la Constitución, si no de rescatar sus principales valores y desmontar un andamiaje legal e inconstitucional. Pero además, serviría para consagrar entre otras cosas la no reelección, reivindicar a la Fuerza Armada al servicio de la nación y no de una ideología, y crear las condiciones necesarias para el restablecimiento de la convivencia entre el Estado, empresarios y trabajadores, en la vía de reconstruir el aparato productivo ahora en ruinas, y que constituye la verdadera explicación de la honda crisis económica actual.
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