El Carabobeño

¿Cuál Habilitante?

En otro momento nadie osaría a oponerse a una Ley Habilitante que le permita a un Jefe de Estado legislar para enfrentar con mayor eficacia el tema de la corrupción. En el caso venezolano, donde una crisis económica tiende a complicarse, tampoco existirían razones para oponerse a la implementación de medidas dirigidas a solventar un cuadro de esta naturaleza. Así ocurrió en el pasado. Se recuerda la Ley Habilitante concedida por un Congreso Nacional plural y habituado al debate democrático en 1974, con los poderes especiales que le fueron conferidos a Carlos Andrés Pérez para un conjunto de decretos-leyes, que sin duda alguna permitieron abordar la solución de problemas hasta entonces postergados y afrontar un nuevo escenario marcado por los altos precios del petróleo, consecuencia de la guerra árabe-israelí de 1973.

Lo mismo ocurrió cuando la Asamblea Nacional en 2001 le concedió también “poderes especiales” a Hugo Chávez, para legislar sobre materias que requerían respuestas apremiantes. Sin embargo, a partir de allí existen razones más que suficientes para sospechar que tales poderes no son utilizados para los fines propuestos, sino, que en razón de la naturaleza ideológica del proyecto chavista, éstos son utilizados en una dirección contraria; es decir, para profundizar una propuesta que en esencia, niega los contenidos constitucionales y los valores democráticos.

Está cercano aún lo ocurrido con los poderes conferidos por una Asamblea enteramente controlada por el oficialismo en 2007, que le facilitó a Chávez la fabricación de un conjunto de leyes, que una vez derrotada la Reforma Constitucional de ese año (sometida a la consideración de los venezolanos) hizo uso del mandato para viabilizar leyes y decretos claramente contrarios al espíritu de la Constitución de 1999 y dar el salto hacia lo que llamó entonces la radicalización del “socialismo del siglo XXI”.

¿Puede esperarse algo distinto con la Habilitante que propone Maduro? En la presentación de la ley ante la Asamblea Nacional, el mandatario estableció claras definiciones en relación al propósito final de ella. Si bien las razones esgrimidas originalmente son claramente pertinentes, en su discurso (en el esquema de copiar literalmente las enseñanzas de su maestro) insistió en que lo que se apruebe, en este caso con una mayoría precaria y endeble, estará orientado a profundizar una revolución, que dada la realidad actual, se resume en simples mensajes retóricos.

El tema de la corrupción tiene explicaciones sociales y culturales que van más allá de la aprobación de leyes puntuales. Es un tema hoy en día universal y en Venezuela, de una larga data. Su enfrentamiento sólo sería posible sobre la base de un vasto acuerdo nacional que sea capaz de incentivar, sin sectarismos ni divisiones, un flagelo que durante el mandato de Chávez y ahora de Maduro, ha cobrado dimensiones insospechadas.

Lo mismo ocurre con la materia económica. La carrera inflacionaria ya es imparable, el desabastecimiento y la escasez parecen inmunes a las medidas anunciadas hasta ahora y sólo serán posibles combatir también sobre la base de un consenso que comprometa al sector empresarial, al sector sindical y en general, a los más diversos factores de la vida nacional, en la obtención de metas muy concretas y que en ningún caso pueden ser discrecionalmente tuteladas por el Estado. Sin embargo, todo indica que el camino escogido es otro, o mejor dicho, el mismo recorrido por Hugo Chávez cuando gozó de leyes especiales. Si en 2001 éste usó las facultades habilitantes para abrir las puertas a un proceso de naturaleza autocrática, doce años después está claro que el trayecto resultó fallido y que los resultados de lo que en aquel momento podría considerarse como un sendero de esperanza, hoy ha devenido en una verdadera tragedia que de manera directa padece la población.

Otra cosa sería si Maduro hubiera aprovechado la oportunidad de su comparecencia ante la Asamblea Nacional para abrir espacios no para acuerdos o pactos de gobernabilidad, sino para fijar líneas que permitan el acercamiento y la reconciliación entre los venezolanos, condición sin la cual ningún habilitante podrá lograr los propósitos para los cuales es invocada.