El Carabobeño

"Plan estremecedor"

Nicolás Maduro fue habilitado para gobernar por decreto durante un año y ya anunció las primeras normas que dictará: una establecerá mecanismos de costos, ganancias y precios y la otra, dará base al Centro de Comercio Exterior. Pero no sólo ello, el Presidente al recibir el texto de la Ley en el Balcón del Pueblo, en Miraflores, de mano de Diosdado Cabello, expresó textualmente: “lo que han visto es poco para lo que vamos a hacer para defender al pueblo y sus derechos” y anunció un “plan estremecedor” contra la corrupción, que comenzará a ejecutar en enero de 2014.

Resulta claro que para enfrentar la especulación y la corrupción existen suficientes instrumentos jurídicos, que aplicados correctamente podrían combatir con eficacia ambos fenómenos que han cobrado una inusitada fuerza en los últimos años. El mismo hecho que durante de las últimas dos semanas se venga aplicando la contraofensiva frente a la llamada “guerra económica”, mediante la fiscalización compulsiva de comercios e industrias, demuestra que para estos fines no se requería el otorgamiento de poderes especiales.

Una operación que más allá de sus resultados concretos, que son de naturaleza electoral de cara a los comicios municipales del 8 de diciembre, habrá de tener como consecuencia a mediano plazo efectos contraproducentes en el plano económico, por lo que no es aventurado afirmar que 2014 será un año de mayores complicaciones en la economía y lógicamente de mayor conflictividad social y política.

Como se ha dicho, sólo un viraje o una rectificación en la estrategia económica permitirá en el futuro reestimular la producción nacional y de esta manera, aminorar el peso ya prácticamente insoportable de las importaciones e incorporar factores privados a las tareas productivas. Sin embargo, todo indica que en la línea del régimen (y lo ha ratificado el propio Maduro) la Habilitante será utilizada para profundizar una nueva etapa del socialismo del siglo XXI. De esta manera, de no existir una corrección de las líneas económicas, es inevitable que el país entre en un escenario de mayor desabastecimiento y escasez, que aumentará las protestas que han convertido a Venezuela en el país de mayor conflictividad en el continente.

Ante ello, se abre el camino de acentuar la represión en dos vías: la que tendría que ver con el reestablecimiento del orden público por la vía de la fuerza, y una persecusión selectiva de los factores de oposición, que ya se viene dando, como es el caso del candidato a la alcaldía de Valencia, Miguel Cocchiola y la decisión de última hora del TSJ (contraviniendo una anterior) de inhabilitar al candidato de la MUD en Baruta, David Uzcátegui; así como el allanamiento de la inmunidad de María Aranguren, que facilitó el famoso voto del “diputado 99” en la Asamblea Nacional para aprobar los nuevos poderes habilitantes.

Esta perspectiva que se corresponde con una valoración de la situación actual obligaría  a los factores opositores a un manejo más realista de la coyuntura. Estaría claro que si bien es cierto que se mantiene un espacio democrático como son las elecciones y ciertos márgenes de libertad de expresión, los poderes habilitantes abrirían paso para blindar aún más al régimen en su propósito de avanzar en un proyecto que cada vez se aleja más de las prácticas genuinas de la democracia.

Un modelo que ciertamente trata de copiar la experiencia fidelista de los años 60 (porque ahora en Cuba hay signos de una relativa apertura) pero que en esencia, como vienen señalando analistas internacionales, se asemeja cada vez más en el plano político al régimen de Mugabe en Zimbabwe. Habría que recordar nuevamente que en sus memorias “Puntos decisivos”, el expresidente George W. Bush establece un paralelo muy preciso entre lo ocurrido en la nación africana y lo que desde hace 15 años está en marcha en Venezuela, como dos ejemplos de cómo es posible convertir paulatinamente los valores democráticos en instrumentos de regímenes del llamado “neuautoritarismo”.