Prensa sin papel
Existe la posibilidad cierta de que varios de los más importantes periódicos del país dejen de circular por el retraso en la adjudicación de divisas para la importación de papel. El Impulso de Barquisimeto está a punto de cancelar su publicación. Lo mismo ocurrirá en el corto plazo con periódicos como El Nacional, El Nuevo País y diversos medios impresos del interior, algunos de los cuales ya se han visto obligados a reducir su tiraje.
Es cierto que la crisis económica ha impactado el suministro oportuno de divisas, no sólo para los periódicos sino para la mayoría de los rubros de consumo básico, incluyendo la carestía generalizada de medicamentos. Pero en este caso entra a jugar el factor político: el modelo chavista, de la misma manera que ejerce el control de todos los poderes, apuesta también a controlar los medios de comunicación.
Ello se ha dado por varias vías: desde las amenazas directas a periódicos, emisoras y televisoras durante los últimos años, la utilización de la justicia ordinaria para silenciar a periodistas críticos, hasta la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social (conocida como Ley Mordaza) que rige a la radio y la televisión a través de Conatel, un organismo que establece restricciones severas y deja abierta la puerta para sanciones administrativas imposibles de cumplir por los medios afectados.
Por esta vía, se ha logrado poner en práctica la llamada “hegemonía comunicacional” que hace que el 75% de los mensajes transmitidos a través de los medios radioeléctricos y buena parte de los contenidos de los impresos, estén orientados a favorecer al régimen.
Es cierto que en el pasado también fue caprichoso el suministro de dólares para la prensa, como una manera de presión o retaliación política, pero en este caso la situación es distinta porque estas amenazas forman parte de un modelo para el cual es fundamental influir en los medios para sostenerse en el poder.
Como lo ha dicho Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la escasez de papel es un problema grave, no sólo para los medios y periodistas sino para la sociedad, que ve afectado su derecho a la información”.
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