El Caracazo
El 16 de febrero de 1989
Carlos Andrés Pérez presentó las líneas de un programa de ajuste económico denominado
“El Gran Viraje”. El 27 de febrero se registraron disturbios en el eje
Guarenas-Guatire. No era la primera vez que ocurrían hechos de este tipo. En
los últimos meses el país se había acostumbrado a cierta conflictividad a nivel
comunitario y estudiantil. Ahora se trataba de una protesta originada por el
aumento de los precios del transporte colectivo. Los manifestantes convirtieron
en objetivo de su ira a supermercados y abastos que fueron salvajemente
desvalijados. Nadie pensó que en cosa de horas podrían repetirse hechos
similares en sectores estratégicos de la capital.
Comenzaban las llamas de “El
Caracazo”. Un día antes había entrado en vigencia el aumento del precio de la
gasolina, lo que ya era común a lo largo de los últimos años y en este caso, se
trataba sólo de un modesto incremento. Todavía no podían sentirse las
consecuencias de las medidas anunciadas dos semanas antes y que contemplaban modificaciones
en las tarifas de luz, agua, teléfono, el impuesto sobre la renta, los
aranceles de aduanas, y para la importación de bienes; además de establecer un
nuevo esquema cambiario con un cambio único determinado por la oferta y la
demanda. ¿A qué obedecía entonces el desbordamiento de sectores sociales que
habría de cobrar mayor fuerza durante las horas siguientes y que obligaría al
toque de queda, la suspensión de garantías y el uso de la fuerza militar? Para
los grupos de oposición se trataba de un rechazo automático a las medidas
contempladas en
el llamado “paquete
económico” que suponían cambios en la economía. Todo obedecería a las
indicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) un organismo que recomendaba
drásticas restricciones para las complicaciones económicas. ¿Era indispensable
la receta fondomonetarista (simplificada con la definición de “neoliberal”)
para afrontar la situación venezolana que no registraba la gravedad de los países
vecinos? ¿Acaso la reciente victoria
de Carlos Andrés Pérez y
su nuevo gobierno no prometían en el imaginario colectivo el regreso a una
etapa de holgura, estimulo al consumo, pleno empleo y logros sociales?
El hecho cierto es que la
protesta se extendió a otras zonas de Caracas y que todavía el 1 de marzo se produjeron
saqueos en Petare, Catia, 23 de Enero, El Cementerio, San Bernardino, San
Martin, Prado de María, Lomas de Urdaneta, Lídice y El Guarataro. Las agencias
noticiosas transmitían la cifra de más de un millar de muertos mientras las
autoridades reconocían apenas doscientos. La Morgue de Bello Monte se declaraba en emergencia.
Un cable de la AFP
informaba: “Barricadas, marchas y saqueos se produjeron en varias de las
principales ciudades de Venezuela al comenzar la aplicación de alzas en las
tarifas del transporte público, la más visible consecuencia de un paquete de
ajustes acordado con el FMI.
El alza oficial del 30% en
esas tarifas que siguió a una duplicación en los precios de combustibles y
lubricantes, sirvió como detonante para la oleada de las protestas callejeras”.
Carlos Andrés Pérez tuvo una explicación de lo ocurrido: “Al llegar al gobierno
encontré no sólo las arcas vacías y el problema de la escasez de divisas para
la importación sino también el desabastecimiento que había creado la política
de control de precios y de control de cambio”.
Con el tiempo es posible
valorar que varios factores decretaron la conmoción. El alza del pasaje urbano
y el prolongado desabastecimiento de artículos de primera necesidad durante el
gobierno de Lusinchi estimulaban un clima de tensión reprimida que detonó aquella
mañana. La cobertura televisiva de los motines en tiempo real desató un “efecto-demostración”
no sólo en las barriadas sino que hombres y mujeres de la clase media saquearon
tiendas en los centros comerciales con implacable furia. La Policía Metropolitana
era incapaz de restablecer el orden y más bien en algunas zonas sus agentes se
convirtieron en saqueadores, porque el cuerpo enfrentaba una situación de
anarquía que obligó poco después a su intervención. El uso de las Fuerzas Armadas
resultó contraproducente por cuanto éstas están preparadas para acciones de
guerra y no para atender alteraciones del orden público.
Los hechos o la “revuelta
consumista” como la califica María Sol Pérez Schael, significaba una novedosa y
agresiva reacción de grupos sociales que actuaron sin responder a líneas
políticas ni a líderes conocidos. Por ello resulta temerario suponer que las
sangrientas acciones fueran una respuesta a medidas cuyos efectos todavía no
eran sentidos por la población. Sería más bien una evidencia del malestar de
las clases más necesitadas por su veloz empobrecimiento como obra de la
devaluación sostenida de la moneda y la pérdida de su calidad de vida. Se reflejaba
también la nueva composición de la marginalidad, fortalecida por contingentes
inmigratorios de naciones andinas y caribeñas portadoras de una mayor rabia
social, y por último, dejaba al descubierto la falta de representatividad de
los liderazgos tradicionales y la ausencia de expresiones contestatarias. No
obstante, para el chavismo la lectura hubo de simplificarse al máximo: “El
Caracazo” habría sido la partida de nacimiento de un proceso revolucionario que
se alimenta de una interpretación demasiado ligera y caprichosa de la historia.
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