ANÁLISIS

¿HACIA UN NUEVO “PACTO DE PUNTOFIJO”?

El Pacto de “Puntofijo” es una palabra de uso corriente en el diccionario político venezolano. Para algunos fue un acuerdo que marcó el comienzo del proceso democrático del siglo  XX, y para otros una denominación asociada a un período de nuevos fracasos y frustraciones. Como siempre, ambas visiones extremas  impiden un juicio desprejuiciado sobre cuarenta años de historia. Pero lo cierto, es que el documento firmado el 30 de octubre de 1958 en la casa de Rafael Caldera y suscrito por los máximos dirigentes de AD, URD Y COPEI  implicó un cambio sustancial en la vida del país.

Fue un convenio político pero también un  contrato social en el cual por primera vez los partidos coincidieron  con diversos factores sociales para asegurar un clima de entendimiento que permitiera acometer cambios económicos y sociales pospuestos durante décadas, y que ya resultaban inaplazables. Fue una  declaración suscrita por los principales partidos que entonces actuaban en el juego institucional, y si bien, el Partido Comunista fue excluido, había  compartido también   la lucha unitaria  forjada en la clandestinidad contra la dictadura perezjimenista. En  Nueva York a comienzos de 1958 se realizó el célebre encuentro de Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera, como un primer paso para un acuerdo que cobró mayor fuerza luego del derrocamiento de la dictadura el 23 de enero, el cual facilitó el encuentro de la dirigencia política con los sectores empresariales, organizaciones sindicales y el vigoroso movimiento estudiantil de entonces.

El Pacto de “Puntofijo” finalmente estableció: “ la defensa de la constitucionalidad y el derecho de gobernar conforme al resultado electoral; un gobierno de unidad nacional, es decir, considerar equitativamente a los partidos firmantes y otros elementos de la sociedad en la formación del gabinete ejecutivo del partido ganador; y un programa de gobierno mínimo común”· Estas líneas generales – con los altibajos inevitables-  sirvieron de   marco a los gobiernos surgidos por elecciones a lo largo de cuatro décadas, más allá de sus inclinaciones ideológicas y sus propuestas programáticas.

En  1998 la elección presidencial de Hugo Chávez y su proyecto bolivariano que cristalizó con una nueva constitución un año después, en teoría habrían de contraponerse a las definiciones contenidas en la declaración puntofijista. Sin embargo, su base de sustentación (y no podía ser de otra manera) ha sido el sustrato cultural construido a lo largo de los años anteriores lo cual se expresó claramente con los resultados de la elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año pasado, en las cuales  los sectores opositores obtuvieron la mayoría calificada en la Asamblea Nacional.

El nuevo cuadro no obstante, ha estimulado el choque entre el Ejecutivo, la AN y el TSJ  lo cual contribuye   a acentuar y agravar la polarización política que ha vivido el país  en los últimos años, y que representa un  obstáculo para una eficiente  gobernabilidad. Al mismo tiempo, se ha fortalecido el creciente reclamo a favor de un acuerdo entre los factores políticos para afrontar un cuadro social y económico que ya asume características de extrema gravedad. 

DIÁLOGO Y CONCILIACIÓN

Tanto los voceros del gobierno y con especial énfasis el presidente Nicolás Maduro, como los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática y otras instancias como la Iglesia,  Fedecámaras, la OEA, la Comunidad Europea, el Vaticano y la Unasur, entre otras, proponen y apuestan a un diálogo respetuoso, que establezca medios para disminuir la tensión política como un paso previo y  necesario para avanzar hacia  la reconciliación nacional, una tarea que ya resulta urgente y que no implicaría la renuncia a posiciones ideológica ni de principios de las partes.  

El ex jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, junto con los ex presidentes Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá con el reconocimiento de ambas partes exploran ahora  la posibilidad para un dialogo que según Rodríguez Zapatero avalado por la Unasur, la Comunidad Europea, y el respaldo de la OEA, “va a dar sus frutos y comenzara con buen pie”. No obstante, el mediador ha repetido que se trata de una tarea “dura, larga y difícil”.

 ¿Es posible que el diálogo de formalizarse  derive en acuerdos consistentes? ¿Están realmente tanto el gobierno como la MUD interesados en definir un escenario para arreglos y coincidencias? Salvo posiciones intransigentes, cerradas al extremo y cercanas al suicidio, ningún de los actores podría  obviar el hecho  de que mas allá de las legitimas razones políticas en juego se trata de  articular un esfuerzo a favor de la población venezolana, que en su conjunto sufre los efectos de un cuadro critico con imparables niveles de inflación, desabastecimiento, escasez aguda  y el desbordamiento incontrolable  de la violencia criminal.

Situaciones parecidas y generalmente de mayor gravedad  que la venezolana se han podido afrontar en otros países mediante las negociaciones y los acuerdos,  sin que ello implicase sacrificios ni entrega de los principios de los protagonistas. Ahora mismo en Colombia (sin que pueda establecerse en paralelo con el caso venezolano), se culmina un largo ciclo de gestiones con resultados concretos; para  no hablar de la experiencia chilena tantas veces citada y que tampoco guarda parentesco con la situación de  Venezuela. No obstante,  existen antecedentes y experiencias validas  como lo ocurrido en Nicaragua con la revolución sandinista o en Perú con el régimen nacionalista de Velasco Alvarado, cuyas largas crisis  de ingobernabilidad cedieron a la terapia del diálogo y abrieron el camino de transiciones concertadas, determinadas no sólo por el interés propio de los negociadores sino por la necesidad superior de preservar la paz, la convivencia y asegurar las bases para el desarrollo de  esos países.