Análisis
EL GOLPE DE ESTADO BLANCO
Durante décadas América Latina
giró en lo que Jóvito Villalba definió como “el péndulo trágico de democracia y
dictadura”. Las fuerzas armadas de
nuestros países no sólo eran constitucionalmente guardines de la soberanía sino
que funcionaban como agentes políticos activos y estuvieron al servicio de los
grupos históricamente renuentes a la democracia. En los últimos años (y luego
de la siniestra experiencia de las dictaduras del Cono Sur en los años setenta
y ochenta) se dieron condiciones para la relativa estabilización de gobiernos nacidos del voto popular que
aplicaron políticas dirigidas afrontar el problema de fondo del continente: la
pobreza y la desigualdad económica y social.
Uno
de los ejemplos más elocuentes fue lo ocurrido en Brasil, país que dada su fortaleza
económica y geopolítica ejerce natural influencia en el continente. Los
gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, “Lula” Da Silva y Dilma Rousseff, con diferencias de estilo, aplicaron políticas
que redujeron el fantasma de la hiperinflación, estabilizaron el juego
democrático y lo más importante: sacaron
a más de cincuenta millones de brasileños de niveles extremos de
empobrecimiento.
En noviembre del 2014 ya con un
ambiente político caldeado por el tema
de la corrupción, Rousseff resultó reelecta
Presidenta en una segunda vuelta, pese a que sectores opositores tradicionales,
alguno de los cuales fueron beneficiarios de las viejas dictaduras, instrumentaron
una agresiva campaña en su contra. A menos de dos años de su nuevo gobierno Rousseff
enfrentó un juicio iniciado por el Parlamento que la suspendió temporalmente de
su mandato y que con el voto mayoritario de los senadores finalmente la destituyó.
Es curioso que sus acusadores, incluso
el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha debió abandonar el
cargo al inicio el juicio luego de comprobarse su responsabilidad en numerosos actos de corrupción llama aun más la
atención que el documento de acusación comience
señalando que la indiciada “no incurrió en ningún hecho punible sino que habría
sido negligente en una operación de maquillaje de cifras presupuestarias” lo
que según la acusada “es una práctica
común en las administraciones brasileñas”. ¿Es entonces la acusación suficientemente grave como para su sustitución
y abrir con ello un inevitable futuro de tensiones políticas internas con
implicaciones internacionales? Resulta claro que el objetivo opositor fue
sustituir a una gobernante legítimamente designada mediante el uso de recursos ciertamente legales pero que buscan el mismo efecto que antes se
lograba por la fuerza de los fusiles y los “madrugonazos” cuartelaros. En el fondo es un simple cambio de formas de
lo que el Papa Francisco ha denominado, en la mejor tradición política argentina, como
el peligro de “los golpes de Estado
blancos”.
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