Manuel Felipe Sierra

 ANÁLISIS

"EL CASO  VENEZUELA”: ¿SE ABRE EL CAMINO DEL DIÁLOGO?

La confrontación política nacional  se orienta en direcciones que finalmente podrían conducir a un dialogo o aproximación de posiciones en función de la convivencia entre el gobierno y la oposición. En las últimas semanas tres escenarios se han conformado y que apuntan en la misma dirección.

 Constituyente: El presidente Nicolás Maduro anunció el 1 de mayo  la convocatoria a un proceso constituyente con el argumento de que una vez fracasados los recientes  intentos de diálogo resultaría pertinente remitir la confrontación a una Constituyente, que en definitiva, es el mecanismo constitucional que apela al poder originario. El sorpresivo anuncio era lógico que despertara el rechazo inicial de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), comprometida ya con una política de calle que ha representado durante más de dos meses acciones de protesta con desenlace de decenas de muertos, heridos, detenidos y cuantiosos daños materiales en el territorio nacional. Un grupo de calificados juristas rechazo  la convocatoria sobre la base en que ella debería ser sometida previamente a un referéndum consultivo de acuerdo al antecedente de la AN de 1999 que aprobó la constitución vigente. Un señalamiento que contó con el apoyo de las fuerzas opositoras  e incluso de la Fiscal General de la República Luisa Ortegas Díaz y de calificados voceros del oficialismo, y por supuesto del llamado “chavismo disidente“.

Una comisión especial presidida por el ministro Elías Jaua, realizó durante tres semanas un ciclo de consultas con diferentes sectores y culminó  su tarea declarando que más allá de la decisiones contrarias de la MUD, Fedecámaras y la Conferencia Episcopal el planteamiento había recibido un importante respaldo entre actores distinto a los partidos comprometido en la conflictividad que afecta al país; en paralelo en Consejo Nacional Electoral (CNE) activó el mecanismo para el mes de julio y la realización de elecciones de gobernadores para el 10 de diciembre, y abrió la inscripción de aspirantes a constituyentes mientras que el  Tribunal Supremo de Justicia(TSJ), en su  Sala Constitucional  daba a conocer la sentencia 378  que establece “no es necesario un referéndum previo para la consulta electoral propuesta por el Presidente de la República”. El viernes dos de junio la rectora del CNE Sandra Oblitas anunció que se evaluaba “una gran participación de las personas con deseo de postularse en todo el país “, y el mismo día la Fiscal Ortega Díaz recurrió entre la sala correspondiente para solicitar una interpretación de la decisión por considerarla  “regresiva y violatoria de los derechos humanos”. El Presidente Maduro, por su parte, indico que de todas maneras lo aprobado por la  Asamblea sería sometido a un referéndum aprobatorio, disipando el temor de que se tratase  de aprobar un instrumento al margen de la voluntad popular.

¿Culminará el proceso en marcha en julio con la elección de los miembros de la nueva ANC, o éste pudiese ser interrumpido de convocarse a un nuevo diálogo ya sobre bases más confiables y seguras entre el gobierno y la oposición con mediación internacional y que apuntara ciertamente hacia un mínimo acuerdo en función de la paz?. Algunos analistas consideran que la propuesta presidencial y su activación seria una manera de tener en la mano una fuerte herramienta de negociación,  ya que no aparece políticamente viable que una Asamblea, sin el apoyo de los principales actores políticos sociales y económicos, pueda convertir en constitucionales los contenidos del llamado “Plan de la Patria” (tal como lo han planteado voceros oficialista), que ya fueron rechazados en la derrotada reforma de Chávez del 2007 y que ahora, dado el desgaste en la popularidad y apoyo del gobierno demostrado con el resultado de la elecciones parlamentarias del 2015 y la tendencia sostenida de las encuestas, ésta pudiera imponerse en un votación abierta,  sin que ello no contribuya a profundizar aun más  la violencia  y los enfrentamientos .

Presión Internacional: El 31 de mayo la Organización de Estados Americanos (OEA) suspendió la reunión de Consulta de Cancilleres sobre la situación de Venezuela en  la cual se esperaba una declaración crítica  demandando incluso el cese de la convocatoria constituyente y contando para ello con el número de votos requerido para  sumar la mayoría. Como se sabe, la instancia se ha convertido en los últimos meses en un escenario de discusión de los acontecimientos nacionales, gracias a la polémica participación de su secretario general Luis Almagro y más aun después que el gobierno venezolano decidiera su retiro de la organización (único caso desde su creación de 1948) por considerar que ella ha desnaturalizado sus objetivos iníciales y se ha puesto al servicio de una estrategia de Estados Unidos y varios país aliados para facilitar una intervención foránea.

El Jueves 1 de junio la canciller Delcy Rodríguez anunció  la convocatoria “de inmediato” a los cinco países  que habrían aceptado ayudar en un proceso de diálogo: Nicaragua, El Salvador, San Vicente y La Granadinas, República Dominicana y Uruguay y que además había decidido concurrir a la nueva reunión de la OEA entre el 19 y 21 de junio en Cancún (México). También durante la semana el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (uno de los exmandatarios mediadores en el frustrado dialogo del año pasado) sostuvo en Caracas numerosas reuniones con el Presidente Maduro, dirigentes del PSUV y de la MUD, para la aprobación de un documento mucho más concreto que los anteriores, que garantizaría los resultados de nuevas conversaciones.

La Presión de Calle: Desde hace más de 80 días en el país se han registrado numerosas protestas convocadas por la MUD  por la plena vigencia del orden constitucional, la celebración de elecciones de gobernadores y alcaldes; la libertad de los presos políticos, y la ayuda humanitaria internacional ante el grave desabastecimiento de alimentos y medicamentos.  Si bien estas acciones se ha concebido como protestas pacificas y civilizadas, en la práctica han devenido en una prolongada batalla entre la Guardia Nacional  Bolivariana (GNB), cuerpos policiales locales, grupos armados infiltrados y manifestantes con un saldo de hasta ahora de más de 70 muertos, miles de  detenidos y daños materiales en edificios públicos y residenciales, establecimientos comerciales e industrias y cierres recurrentes de vías y calles no sólo en las tradicionales zonas opositoras del Este de Caracas sino incluso en remotos lugares del interior del país. 

Las protestas en este caso se diferencian de años anteriores en que ya no se limitan a los partidos que las promueven sino que se han extendido a sectores sociales seriamente afectados por una dramática situación económica y ante la cual no se perciben  respuestas eficaces ni viables sino mas bien el camino a su agravamiento.

De la misma manera que la iniciativa de la ANC es una importante herramienta de negociación en manos del gobierno la prolongación, perfectamente factible, de la llamada “presión de la calle” por parte de la MUD supone también un instrumento decisivo para obligar  a conversaciones y negociaciones. Por primera vez por encima de las peticiones e intereses puntuales de los actores, existen elementos concretos y con incidencia directa en la sociedad que podría facilitar finalmente la búsqueda de algún entendimiento  que abra paso a perspectivas de paz en el futuro. Tendría vigencia entonces la vieja sentencia militar: “hay que hacer la guerra para conquistar la paz”