ANÁLISIS
MUNICIPALES,
MEGACRISIS Y GALLEGOS
MANUEL FELIPE SIERRA
Desde el jueves 23 y hasta la medianoche del 7 de diciembre
se activa la campaña electoral para la elección de 335 alcaldes y el nuevo
gobernador del Zulia el 10 de diciembre. Para los rectores del CNE se han
tomado todas las previsiones indispensables para asegurar la plena
participación de los votantes en la consulta municipal. Según la presidenta del
ente rector, Tibisay Lucena un total de
18 de los 22 partidos políticos de carácter nacional que existen en el país se
inscribieron en el proceso de
postulaciones, lo cual representa el ochenta y dos por ciento del total de organizaciones nacionales
debidamente registradas.
Si bien organizaciones como Primero Justicia (PJ), Acción Democrática
(AD) y Voluntad Popular (VP), tres factores importantes en el seno de la Mesa
de la Unidad Democrática (MUD) no inscribieron aspirantes- a diferencia de lo
ocurrido para la consulta regional del pasado 15 de octubre- no han
llamado tampoco a la abstención militante. Incluso algunos de sus miembros más
conocidos se han postulado para alcaldías en todo el país con el apoyo de otros
partidos y en los municipios metropolitanos auspiciados por organizaciones vecinales y de la sociedad
civil. Un total de 4.800 postulaciones (4.016
son hombres y 784 mujeres) fueron recibidas por el ente electoral, lo cual revela
un significativo interés por la participación en la consulta.
El 10 de diciembre se trata de una elección municipal las
cuales generalmente registran mayores porcentajes de ausentismo que las
mediciones nacionales y regionales pero en este caso inscritas en un cuadro
político de naturaleza especial. La llamada crisis nacional que ya desborda
cualquier comparación con situaciones similares ocurridas anteriormente e incluso en el contexto latinoamericano, se ha agravado
sensiblemente en los últimos días con el brutal desajuste de los precios de
productos ya no solo básicos, sino de consumo general y su reflejo en el
encarecimiento de los servicios. La Ley Constitucional de Precios Acordados
aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que establece las
condiciones de venta de algunos rubros tras consensos de sectores públicos y
privados, desde el primer día aparece desbordada a nivel del consumidor sin que
existan respuestas creíbles y eficaces para su verdadero control. No es la
primera vez que frente al desbordamiento de los niveles inflacionarios se
adoptan medidas parecidas, que si bien resultan convenientes y necesarias, sin
embargo carecen de aplicabilidad y
eficacia.
FUERA DE CONTROL
Se sabe que el cuadro hiperinflacionario que ya vive el país
no guarda relación directa con procesos similares vividos en los años ochenta
por los países del Cono Sur y otras naciones, sino que es la complicación al
máximo de distorsiones estructurales de la economía que no serán facialmente resueltas con las recetas
convencionales de los organismos multilaterales como las popularizadas años
atrás ante el fenómeno de la deuda externa. A diferencia de aquellas, Venezuela
conoce ahora el agravamiento cotidiano de una descomposición
social que ya trasciende la habitual
comparación de los niveles de delincuencia común y que conforma un entramado
delictivo que maneja enormes recursos económicos y que además cuenta con
capacidad armada, tal como opera actualmente en el centro del país y en las
regiones fronterizas.
El reciente enjuiciamiento y detención del alto nivel de la
empresa Citgo, la “estrella de la corona” de PDVSA por diversos delitos de peculado
doloso propio, concierto de funcionarios públicos con contratistas, legitimación
de capitales y asociación para delinquir mediante investigación de la Fiscalía General
de la República es un hecho que cobra enorme importancia para comprender la
gravedad de la corrupción que carcome al Estado y que se añade a las
complicaciones de otro orden que han convertido al “Caso Venezuela” en el centro de atención de la comunidad
internacional, lo cual generalmente suele desembocar en acciones prácticas como
sanciones, medidas económicas restrictivas sin descartar incluso la indeseable
injerencia política y militar.
Si bien el resultado de las elecciones municipales que
parecen poco distantes del arrojado en las recientes elecciones de gobernadores
contribuiría a bajar las tensiones políticas y a facilitar las negociaciones
que próximamente realizarán gobierno y oposición en República Dominicana, el
hecho cierto es que la complicación casi terminal de la crisis que asfixia a
los venezolanos sólo será posible mediante decisiones y respuestas producto de
un consenso en el cual participen, además de las expresiones políticas que hoy lucen sobrepasadas por los acontecimientos,
también el mayor número posible de
factores sociales y económicos de la nación.
UN 24 DE NOVIEMBRE
El viernes 24 de noviembre se conmemoraron 69 años del
derrocamiento de Rómulo Gallegos el primer presidente electo por el voto directo
universal y secreto. Se trató de un
acontecimiento que marca un importante deslinde histórico. Ese día se puso
término a una breve experiencia de vida democrática (45-48) que abrió las
puertas a la participación de la mayoría de los venezolanos en el debate
político y el inicio de cambios ya
inaplazables en el orden económico y social, pero también el advenimiento de
una dictadura militarista, moderna con propuestas desarrollistas que implicaban el regreso a la oscuridad de la
época gomecista. Varios factores contribuyeron al golpe de Estado: se imponía
el proyecto militarista de Pérez Jiménez y sus compañeros del 18 de octubre de
1945; Gallegos se negaba a negociaciones pragmáticas; Acción Democrática había
ejercido el poder de manera sectaria y
hegemónica; y los partidos de oposición, sin proponérselo, terminaron
estimulando la acción golpista. Como señala la historiadora Felicitas López Portillo:
“la democracia no estaba en pañales sino en gestación”. Faltaban 10 años para
el alumbramiento del 23 de enero de 1958.
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