ANÁLISIS
“PAQUETAZO” A LO MADURO (2)
La Asamblea Nacional
Constituyente presentó el anunciado decreto que deroga el régimen de ilícitos
cambiarios para todas las operaciones de divisas convertibles y que permitiría
operaciones cambiarias libres, las cuales estaban prohibidas desde hace varios
años en el marco del control de compra y venta de divisas, y cuya prolongación
sin duda incide en el desajuste monetario como una de las causas de la actual
crisis económica.
El Vicepresidente del Área Económica Tarek El Aissami anunció
en este sentido que "a partir
del 20 de agosto el país queda facultado para dirigirse a la casas de cambio y
hacer cualquier operación de forma transparente, legal y segura". Un paso
sin duda importante en el plan de revisión económica anunciado por el
Presidente Maduro conjuntamente con la vigencia de un nuevo Cono Monetario, y
otras medidas y reformas indispensables para reajustar la actividad económica
dramáticamente alterada por los crecientes niveles de hiperinflación.
Si bien aún no se conocen todos los detalles de esta reforma
que para muchos supone una suerte de “paquetazo” a la izquierda distinto a los
conocidos “paquetazos” impuestos por el Fondo Monetario Internacional, se trata
de un esfuerzo para abrir causes a un cuadro de asfixia en este caso (a
diferencia de las conocidas crisis híperinflacionarias del Cono Sur) que se
vincula con una larga conflictividad
política y una grave violencia social. Lógicamente el anuncio debería
corresponder a una rectificación de mayor alcance con nuevas medidas, muchas de
las cuales son exigidas por especialistas, organizaciones gremiales, sindicales
y también por el ciudadano común que en los últimos meses reinventa formas de
sobrevivir a una verdadera catástrofe colectiva.
El diputado de la Asamblea Nacional y economista José Guerra,
pese a ser uno de los más tercos voceros a favor de una medida de este tipo, ha
recordado la ilegitimidad de la ANC sustentada desde su propia convocatoria en
mayo de 2017 para oponerse a la vigencia del mencionado decreto. Un argumento
que fue repetido para la elección constituyente, la posterior convocatoria a
las elecciones de gobernadores, alcaldes, y presidenciales y sin embargo ellas
se realizaron finalmente y sus resultados y decisiones operan y son acatadas
(no habría otra forma de hacerlo sino la rebelión abierta) por las autoridades
y la ciudadanía. Incluso la Comunidad Internacional que inicialmente se hizo
eco del señalamiento de la ilegitimidad de la Constituyente y sus decisiones ha
terminado por ceder a la terca lógica de la “realpolitik”. En cambio para el experto Asdrúbal Oliveros, director
de la empresa de estudios Ecoanalítica y pese a no contar con mayores detalles,
“la puesta en práctica de la medida es importante porque permite a los
empresarios comprar y vender divisas de forma legal lo cual puede ser reflejada
en sus costos finales”.
OTRA VEZ LA GASOLINA
Si bien el decreto cambiario apunta inicialmente en la vía
correcta, la manera como se ha adelantado sin mayores precisiones la
realización de un registro automotor público y privado a nivel nacional para el
incremento de los precios del combustible y para el cual se utilizará la “cédula
de identidad chavista conocida como el carnet de la patria” ha despertado
lógicamente rechazo y preocupación todo
vez que ello establece una odiosa discriminación pero en este caso más
grave aún, porque se trata de razones partidistas. Un ajuste de la gasolina que
para cualquier persona resulta necesario y conveniente se convierte ahora en el
pretexto para imponer un mecanismo compulsivo a favor de los intereses
clientelares del régimen y contra la decisión soberana de los usuarios.
El
argumento según el cual ello servirá para controlar el contrabando de
extracción de los combustibles hacia los países vecinos, es débil e interesado;
por cuanto el Estado cuenta con los
recursos y los órganos indispensables para enfrentar las prácticas de
contrabando y demás ilícitos que suelen registrarse en las zonas fronterizas y
de esta manera proteger y garantizar la soberanía nacional. Habría sido en todo
caso más recomendable fortalecer los contingentes y los recursos técnicos de la
Guardia Nacional y otros cuerpos
policiales a quienes corresponde en verdad esta tarea.
LE TOCÓ A URIBE
El polémico expresidente colombiano Alvaro Uribe quien
recibió en la reciente elección parlamentaria colombina la más alta votación de
sus ciudadanos para senador y que además puso en juego su caudal electoral para
la elección de su alumno Ivan Duque como nuevo Presidente de la República a
través de su partido Centro Democrático, no podía escapar a la ola de
acusaciones muchas de ellas estimuladas por el odio político que sacude a los
países latinoamericanos. El senador del Polo Democrático Ivan Cepeda quien
desde el 2011 entabló juicio contra el ex mandatario ha logrado que éste sea
citado por la Corte Suprema por los supuestos delitos de sobornos y falsos
testigos en el caso de los llamados paramilitares. Inicialmente Uribe presentó
su renuncia ante el Senado para evitar que el caso contaminara las instancias
del Estado, pero finalmente decidió mantener su cargo para asumir el caso en
todas sus consecuencias. Más allá del desenlace puramente jurídico que tendría
sin duda amplia repercusión mediática y que no escapará tampoco a la avalancha
de las noticias falsas en buena medida impulsada por el manejo impune de las
redes sociales, sino directamente se trata de otro caso que afectará al joven
mandatario Ivan Duque a punto de tomar posesión quien deberá enfrentar graves
problemas como la persecución y muerte de los “líderes sociales”, el cese de
las negociaciones con el ELN, el incremento de los cultivos de drogas, y unas
inciertas relaciones políticas y diplomáticas con el vecino venezolano.
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