EL ATENTADO, LA GUERRA O LA PAZ
Como era previsible, el atentado a
Nicolás Maduro durante el desfile del aniversario de la Guardia Nacional el
sábado 4 de agosto en la avenida Bolívar, ha provocado reacciones
encontradas y contribuido además a
nuevas tensiones en el escenario de la
polarización política. Más allá de los detalles, el hecho cierto es que se
activó un ataque con drones que perseguía el asesinato del mandatario y en este
caso también del alto mando militar y demás autoridades presentes en el evento.
Horas después los organismos de seguridad
anunciaron la captura de varios de los supuestos autores materiales,
quienes habrían confesado su responsabilidad en el hecho; y también el propio
Maduro en cadena nacional el lunes 6 de agosto anunció la posible autoría
intelectual a partir de testimonios de
los detenidos. La noche del jueves 9, el ministro de Interior y Justicia y Paz
Nestor Reverol presentó varios perfiles de las personas que estarían
presuntamente involucrados; y ya en horas del mediodía la Asamblea Nacional
Constituyente atendiendo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, despojó
de su inmunidad parlamentaria a los diputados Juan Requesens (quien la noche anterior
fue apresado por funcionarios del Sebin) y el expresidente de la Asamblea
Nacional Julio Borges quien se encuentra
desde hace meses en Bogotá.
EL MUNDO REACCIONA
Mientras tanto, la reacción
internacional condenó el hecho de violencia pero exigió al mismo tiempo una
investigación rigurosa y ajustada a la realidad ante el riesgo de que ella
pueda contaminarse con la simple represión por razones políticas. El gobierno
de Estados Unidos a través de varios voceros negó que tal y como fue sugerido
por Maduro pudiera tener alguna implicación en el hecho, condenó el uso de
métodos violentos en la disputa política y ofreció colaborar en la
investigación y sanción de quienes hubieran utilizado el territorio
norteamericano para la planificación del ataque. En Caracas, el encargado de
negocios James Story recibió al canciller Jorge Arreaza acompañado del Fiscal
General Tarek William Saab, quienes presentaron pruebas de la vinculación del
ciudadano venezolano Osman Delgado Tabosky (cuyas propiedades en Carabobo
fueron allanadas y ocupadas ya por las autoridades), y quien habría financiado
y dirigido la operación. La portavoz de la cancillería de Rusia María Zajároba,
consideró también “absolutamente inaceptable lo ocurrido que afecta la
estabilidad del desarrollo tanto de Venezuela como de Latinoamérica, por lo que se espera que la investigación
determine no sólo a sus organizadores sino también a las fuentes y canales para
financiar este crimen”; al tiempo que en un documento la Unión Europea pidió
una investigación exhaustiva y transparente en la línea expresada por el
secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres; por los países
miembros de la OPEP y representantes de varios gobiernos.
MAYOR TENSIÓN
A nivel nacional, si bien los
voceros de los partidos opositores condenaron el hecho por razones de
principios, han expresado dudas sobre el curso de las investigaciones más aún
cuando ya se les ha atribuido responsabilidad (sin que medien las
averiguaciones de rigor) a varias personas solo en atención a testimonios de
los presuntos ejecutores detenidos; y más todavía con el rápido allanamiento de
la inmunidad parlamentaria y la orden de detención de Requesens y Borges, quien
es uno de los líderes más representativos y consecuentes del mundo crítico al
chavismo-madurismo, desde el comienzo del proceso bolivariano. -Si bien - la
acción es típicamente terrorista por cuanto además de atentar contra el
mandatario con la figura del magnicidio procuraba una matanza impredecible y con su
inevitable desenlace en la guerra civil - pudo servir sin embargo como un nuevo elemento
para aproximar el dialogo y las negociaciones entre las dirigencias políticas y
los principales factores sociales para abordar la crisis, ahora se transforma
en un nuevo elemento de confrontación y discrepancias que alejan una salida
concertada en procura de la gobernabilidad y la paz ciudadana, que son exigidas
también como indispensables en las exhortaciones internacionales de los últimos
días.
Una situación que se agrava con
el señalamiento presidencial de la supuesta responsabilidad del gobierno
colombiano de Juan Manuel Santos en la preparación del atentado justamente
cuando en el país asume el nuevo mandatario Ivan Duque, quien entre las prioridades
de su gestión a puesto énfasis en una salida democrática a la crisis
venezolana, que en razón del incremento
de las migraciones a los países vecinos ( se señalan 4.000 inmigrantes diarios
en Ecuador) se convierte en un asunto que más allá de consideraciones políticas,
involucra las naciones latinoamericanas, que no conocían un fenómeno parecido
con las características y la gravedad que
asume la llamada “diáspora venezolana”.
Todo un escenario que obligaría
al gobierno a entender, que si bien está obligado a profundizar en la
investigación del hecho y establecer la responsabilidad de los culpables, ello ocurre en un clima de exacerbación
política, con una imparable hiperinflación y la profundización de la violencia
social; pero que al mismo tiempo obliga a los sectores opositores sin exclusión
se partidos a un clara y definitoria
posición del rumbo de su estrategia futura que debería, de acuerdo al más
elemental sentido común , enfatizar en la organización ciudadana y en el camino
democrático y constitucional como la única salida posible para los graves
padecimientos de los venezolanos. ¿Estará la dirigencia venezolana en capacidad
de asumir semejante reto histórico?
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