Los partidos cuestionan el actual modelo del Tribunal de Defensa de la Competencia CiU reclama que las autonomías tengan su propio órgano de control

Los partidos cuestionan el actual modelo del Tribunal de Defensa de la Competencia

CiU reclama que las autonomías tengan su propio órgano de control

J. RIVERA / J. GARRIGA, Madrid/ Barcelona
El rifirrafe entre José María Cuevas y Joaquín Almunia ha puesto encima de la mesa, frases gruesas al margen, el debate sobre cómo se debe velar por la competencia empresarial. El PP aboga, en su programa, por un reforzamiento de la política de defensa de la competencia, aunque no se pronuncia sobre el nivel de independencia respecto al poder político. El PSOE ha convertido en una de sus banderas electorales la autonomía del Tribunal de Defensa de la Competencia. Convergència i Unió (CiU) reclama tribunales autonómicos.

El ya famoso "no me venga usted con milongas, señor Almunia (...) tendrá usted que pensar qué coño hace con el Tribunal de Defensa de la Competencia" del presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas, ha colocado en primera fila del debate electoral el futuro de este organismo, de sus facultades y de cómo son sus relaciones con el poder político.

El programa electoral del Partido Popular formula que una de sus metas es "el reforzamiento de las políticas de defensa de la competencia". "Los objetivos", continúa el documento, "para los próximos años son: profundizar en las iniciativas recogidas en la nueva Ley de Defensa de la Competencia y velar por que las reformas estructurales contribuyan efectivamente al fortalecimiento de la competencia" (...) "adaptar la legislación en esta materia a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional" (...) y "profundizar en el carácter horizontal de la política de defensa de la competencia, así como fortalecer las facultades consultivas del Tribunal de Defensa de la Competencia".

El documento que recoge el programa del PP no hace ninguna mención a un incremento de la independencia del Tribunal de Defensa de la Competencia, que en estos momentos depende orgánicamente del Ministerio de Economía y Hacienda.

El PSOE pone en este punto, la independencia del Tribunal de Defensa la Competencia, la gran diferencia entre sus propuestas y las del PP sobre cómo se debe articular la política de competencia en España. Los socialistas mantienen en su programa que uno de sus objetivos es "la aplicación de una verdadera política de defensa de la competencia, que evite los actuales abusos oligopolísticos".

En otro de los pasajes de su programa, el PSOE promete lo siguiente: "Promulgaremos una nueva Ley de Defensa de la Competencia que reforzará las funciones, medios e independencia del Tribunal de Defensa de la Competencia, y le atribuirá las funciones instructoras que ahora desempeña el Servicio de Defensa de la Competencia".

"El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia", prosigue el texto de los socialistas, "remitirá un informe semestral al Congreso de los Diputados y comparecerá ante su comisión de Economía".

Un asunto que pende sobre el futuro de la política de defensa de la competencia es la adaptación, a través de una futura ley, de la actual legislación a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que abre la puerta a que las comunidades autónomas tengan un mayor poder en este campo.

La futura legislación

Este argumento es el que utiliza Convergència i Unió (CiU) para apostar por una nueva ley que delimite claramente las competencias que corresponden al Gobierno central y a las autonomías y que dote a las comunidades autónomas de plena potestad para tener sus propios organismos de defensa de la competencia.

Para el diputado nacionalista Ignasi Guardans, el nuevo tribunal debería acentuar su independencia del Ministerio de Economía y Hacienda. Idéntico futuro deberían correr las distintas comisiones reguladoras existentes (por ejemplo la de la Energía y la del Mercado de Telecomunicaciones), pues han tenido, a su juicio, "un papel clave no sólo en la liberalización de los sectores, sino también en la implementación de la competencia".

La nueva norma, que debería estar aprobada en el transcurso de este año, debería reforzar, según Ignasi Guardans, "la capacidad sancionadora del Tribunal de Defensa de la Competencia y delimitar la responsabilidad individual de los gestores de las empresas que incurran en falta, algo poco utilizado hasta el momento".

Arrecian las críticas

El enfrentamiento del pasado martes entre Cuevas y Almunia sigue provocando reacciones encontradas. Ayer, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, reprochó al líder socialista que conteste "con insultos" a una simple pregunta del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Por contra, la junta directiva de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Copyme) calificó de lamentable y deplorable la actitud del presidente de la patronal y pidió su dimisión. La Copyme no está encuadrada en CEOE.

Fenadismer y Ucotrans, dos asociaciones de transportes tampoco ligadas con la patronal, criticaron a Cuevas por oponerse a aumentar la independencia del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Un debate internacional

EL PAÍS, Madrid / Washington
El grado de independencia que han de tener los organismos dedicados a velar por la competencia empresarial en cada país no es un debate exclusivo de la campaña electoral española.

Europa es un buen laboratorio para observar ese debate y las salidas por las que han optado diferentes países.

En el extremo de la máxima independencia se encuentra Alemania. El Tribunal de Defensa de la Competencia germano no tiene ningún tipo de relación con el Gobierno. Es más, lleva a gala esa distinción.

Hasta tal punto que ha movido su sede. Cuando el Ejecutivo alemán residía en Bonn, el tribunal lo hacía en Berlín. Ahora, cuando el Ejecutivo se ha trasladado a Berlín, el garante de la competencia en el país centroeuropeo se ha mudado a Bonn, comenta como significativa anécdota uno de los expertos consultados. Este modelo se ha trasladado casi miméticamente a Italia.

En el extremo opuesto se encuentran Francia y España. En ambos países, el Tribunal de Defensa de la Competencia está más controlado por el Ejecutivo, pues están ligados estrechamente a su administración.

En cualquier caso,en el seno de la Unión Europea existe una Comisaría, en estos momentos ocupada por el italiano Mari o Monti, encargada de velar porque no se produzcan situaciones de monopolio.

Pero ésa no es su única misión. La Comisaría de Competencia es responsable de supervisar el grado de independencia de los organismos nacionales.

En Estados Unidos, es la poderosísima Federal Trade Comission la principal encargada de vigilar la concurrencia.

No obstante, hay ocasiones en las que su intervención no es suficiente y las partes implicadas deciden acudir a los tribunales. El juicio a Microsoft por haber incurrido en una posible posición de dominio es el episodio más llamativo de los últimos años.

Otro de los grandes debates abiertos es cómo compaginar los poderes del Tribunal de Defensa de la Competencia con los de otros organismos de control sectoriales, caso de la Comisión Nacional de la Energía o de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en España.

Una parte de los expertos, entre ellos los del PP, defiende que sea el Tribunal de Defensa de la Competencia el que centralice todas las decisiones en el ámbito de la concurrencia.

Otros, en sintonía con la tesis del PSOE, sostienen que es más aconsejable descentralizar la toma de decisiones y que éstas dependan del organismo responsable de cada sector.