Pujol y Chaves temen que los "amigos" de Aznar gestionen los aeropuertos
Baleares, Canarias y País Vasco también reclaman las competencias
EL PAÍS, Barcelona
Las comunidades de Cataluña, Andalucía, País Vasco, Baleares y Canarias se oponen a privatizar la gestión de los aeropuertos españoles, como planea el Gobierno, y reclaman participar en la gestión. El presidente andaluz, Manuel Chaves, dijo ayer que si los aeropuertos se privatizan pueden "acabar en manos de los amigos de Aznar". En la misma línea, el presidente catalán, Jordi Pujol, expresó su temor de que "puedan ir a parar a manos de amigos del Gobierno".
Las comunidades de Cataluña, Andalucía, País Vasco, Baleares y Canarias se oponen a privatizar la gestión de los aeropuertos españoles, como planea el Gobierno, y reclaman participar en la gestión. El presidente andaluz, Manuel Chaves, dijo ayer que si los aeropuertos se privatizan pueden "acabar en manos de los amigos de Aznar". En la misma línea, el presidente catalán, Jordi Pujol, expresó su temor de que "puedan ir a parar a manos de amigos del Gobierno".
El Ministerio de Fomento, que dirige Rafael Arias-Salgado, quiere crear una sociedad de gestión de los aeropuertos que mantenga el 51% del capital en manos del Estado y privatizar el 49% restante.
Chaves se mostró "por principio" contrario a privatizar los aeropuertos. El presidente de la Junta de Andalucía dijo que "teniendo en cuenta las experiencias anteriores, acabarían en manos de los amigos del señor Aznar".
A juicio de Chaves, ahora debe abrirse "una etapa para la cogestión pública" de los aeropuertos entre el Estado y las comunidades autónomas. Esta iniciativa no se encuentra, sin embargo, en el programa que los socialistas andaluces han planteado ante las elecciones autonómicas del próximo 12 de marzo. Tan sólo el Partido Andalucista, socio del PSOE en el Ejecutivo autonómico, reclama en su programa electoral que se ceda la gestión a las comunidades autónomas.
Pujol defendió el trapaso de los aeródromos a la Generalitat que daría paso a cámaras de comercio y ayuntamientos y dejaría la puerta abierta a la iniciativa privada. "No estamos dispuestos [a la privatización] porque no sabemos a manos de quiénes irán a parar". Y añadió que quiere el trapaso "para que Cataluña tenga más poder y no para unos cuantos amigos del Gobierno".
Pánico en Baleares
El presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, ha señalado que le da "pánico vista la experiencia de cómo ha desarrollado el Gobierno del PP otros procesos de privatización". En Baleares, el Parlamento regional aprobó el martes una moción instando al Gobierno central a "no iniciar ningún proceso de cambio en la gestión de los aeropuertos de Baleares sin que se haya llegado a un acuerdo con las instituciones autonómicas".
El Gobierno vasco, que ayer no hizo declaraciones al respecto, también reclama la gestión de los aeropuertos. Así se ha manifestado en varias ocasiones el consejero de Obras Públicas, Álvaro Amman.
El Gobierno canario tampoco quiere la privatización, dijo ayer el director general de Transportes, Francisco Zumaquero. Canarias defiende la cogestión de los aeropuertos entre el Estado, el Gobierno regional, los cabildos y los ayuntamientos afectados. Zumaquero cree que Canarias precisa un trato especial, ya que su espacio aéreo es independiente del resto del Estado español. El director general añadió que la base de la economía de las islas, especialmente el turismo, depende del desarrollo de los aeropuertos.
UGT denuncia a Arias-Salgado
P. M., Madrid
El sindicato UGT presentó ayer una denuncia contra el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, ante la Fiscalía General del Estado. Le acusan de incumplir una sentencia del Tribunal Supremo, "firme por su propia naturaleza", con la excusa de que ésta aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El sindicato UGT presentó ayer una denuncia contra el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, ante la Fiscalía General del Estado. Le acusan de incumplir una sentencia del Tribunal Supremo, "firme por su propia naturaleza", con la excusa de que ésta aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La sentencia, en resumen, declara nulo que Arias-Salgado sea presidente de Correos a la vez que ministro de Fomento. Y UGT ha denunciado el incumplimiento de esa sentencia porque el ministro, después de conocerla y con el argumento de que aún no se ha publicado en el BOE, presidió una reunión del consejo de administración de Correos en la que se adjudicó un contrato de 7.650 millones de pesetas. UGT mantiene que esa adjudicación debe ser tan nula como la permanencia del ministro como presidente de Correos.
La sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo declara, con fecha de 26 de enero, "la nulidad del artículo 16.1" del Estatuto de Correos. Ese artículo fija que "será presidente de la Entidad el ministro de Fomento".
El Supremo ha dictado la nulidad del doble cargo de Arias Salgado como vigía de los operadores postales (ministro de Fomento) y como presidente del mayor de ellos (de Correos) al considerar que esa "previsión es contraria a la exigencia de independencia funcional recogida en el artículo 22 de la Directiva 97/67/CE". El párrafo primero de tal directiva prescribe que "cada Estado miembro designará una o más autoridades nacionales de reglamentación para el sector postal, jurídicamente distintas y funcionalemente independientes de los operadores postales". Y el ministro Arias-Salgado, dice UGT, no puede ser "jurídicamente distinto" ni "funcionalemente independiente" del presidente de Correos Arias-Salgado.
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