Discurso del día del periodista
2003
Manuel Felipe Sierra
Los periodistas venezolanos celebramos el 27 de junio un nuevo día en circunstancias particularmente difíciles para el ejercicio de la profesión. Ciertamente, no es la primera vez que ello sucede. La historia del periodismo venezolano está asociada de manera dramática a los sobresaltos de nuestra existencia como nación libre.
Sería un ejercicio escolar innecesario, pasar revista a hechos que ya están grabados en la crónica de nuestros tiempos. Pero también resultaría incomprensible que esta hora de incertidumbre y de angustia fuese ignorada en unas reflexiones sobre el periodismo y los periodistas.
Porque el periodismo que tiene la responsabilidad de informar e interpretar los hechos que van construyendo la vida de las sociedades, está definitivamente ligada con la vigencia de la libertad.
Ryszard Kapusciscinski, uno de los emblemas del periodismo actual, recuerda con razón “que todo periodista es un historiador”. Lo que él hace es investigar, explorar y describir la historia en su desarrollo y nunca en Venezuela como ahora tiene tanta pertinencia la afirmación del periodista polaco.
Podríamos detenernos en consideraciones sobre los alcances del debate que se da en el mundo entero sobre el papel de los medios y los alcances del trabajo periodístico. Se trata de una discusión interminable pero también ineludible. En los últimos años la comunicación y la información de manera particular, se han convertido en una palanca mágica de cambios y mutaciones tecnológicas, culturales y políticas.
No es por azar que el controvertido fenómeno de la globalización -de la manera que ahora se concibe la interrelación entre las naciones- tuvo su expresión decisiva en la universalización de las comunicaciones y la noticia.
Ya quedó definitivamente atrás el estereotipo romántico del reportero, con pinta de Sherlock Holmes, que husmeaba crímenes en las calles neoyorkinas. Ahora la información -vista en sus diversas y múltiples expresiones- está presente de manera inevadible en la vida cotidiana.
Ese salto tecnológico comporta buenas y malas nuevas. Ya no es posible ocultar los hechos. Ya no queda espacio para el asombro. Todo es registrado de manera inmediata y automática por los medios. No obstante, la rapidez de la transformación material de los instrumentos de la comunicación, no está necesariamente aparejada con la calidad, la profundidad y la importancia de sus contenidos.
La feroz competencia de las grandes cadenas televisivas y periodísticas mundiales, se plantean en términos meramente comerciales, en procura de mercados, como la venta de cualquier producto de consumo masivo. Ello hace que la noticia se banalice, y sea interferida por intereses distintos a los intereses de los televidentes, los oyentes o los lectores. Ello hace también que la obsesión del rating impida en buena medida una correcta y acertada jerarquización del hecho noticioso y que rija el comportamiento general de los medios.
El desarrollo de nuevos medios, en especial el disparo misilístico de la internet, hace que la noticia simple, el mero registro de los acontecimientos, se sobreponga a la interpretación y el análisis de sus antecedentes y consecuencias.
Los periodistas tenemos la responsabilidad de terciar en este debate. No podemos ser observadores pasivos de él. Estamos obligados a reafirmar las diferencias y las contradicciones entre los intereses puramente editoriales, que no siempre se asocian a las necesidades de la información verdadera o veraz.
La lucha de los periodistas por la verdad, es una confrontación diaria y permanente. La restricción de la libertad de expresión no es sólo una manzana tentadora para los gobiernos, sino también para la industria comunicacional.
Pero el escenario del papel de los medios dentro de las complejidades del mundo globalizado, es una cosa, y el debate inexcusable sobre el papel de los medios en Venezuela y las definiciones conceptuales del gobierno sobre la libertad de expresión, es otra.
Como han insistido algunos estudiosos, es posible que el mundo se encamine hacia una “inquisición mediática”. Es imposible escapar al reto de redefinir el papel de los medios de comunicación como factores capaces de estimular la participación de los ciudadanos y asegurar una comunicación ajustada a las exigencias del desarrollo social.
Pero en Venezuela se vive hoy una situación especialmente grave, que no sólo atenta contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, sino incluso, contra la actividad diaria y la integridad física de editores y periodistas.
Este es un país donde los periodistas se han formado, junto a la moderna preparación académica, en el combate desigual contra la intolerancia y la brutalidad de los gobiernos. En un país que padeció largas y terribles dictaduras, no podía ser de otra manera.
José Rafael Pocaterra, en Memorias de un Venezolano de la Decadencia, convirtió el reportaje en una escalofriante radiografía de la barbarie gomecista. Años después Miguel Otero Silva y José Vicente Abreu entre otros, develaron el trasfondo sangriento del oropel faraónico de la dictadura perezjimenista.
Eran en todo caso gobiernos ilegítimos, productos de la fuerza y expresiones del viejo despotismo venezolano. Quienes asumían la función periodística tenían dos caminos: la sumisión ante el tirano de turno o el riesgo de la cárcel y el destierro. Afortunadamente para la dignidad del periodismo venezolano, los últimos siempre fueron una abrumadora y apabullante mayoría.
Por definición el ejercicio del poder -incluso en las democracias más avanzadas- desata los anticuerpos de lo que Jean Francoise Revell llama “la tentación totalitaria”. Los gobiernos democráticos nacidos después del 23 de enero de 1958, inevitablemente emparentados con una tradición antidemocrática, atentaron contra la libertad de expresión.
En los años sesenta se allanaron periódicos y se detuvo a centenares de periodistas. Pero ello se daba en un marco de confrontación política. Los periódicos o las emisoras que soportaron aquellos atropellos, no eran víctimas inocentes. Quienes nos hicimos periodista en el diarismo de esos años, sabemos que cuando se salía a la calle –eran los tiempos del histórico tabloide Clarín- se regresaba a la redacción con una noticia, con la huella quemante de unos planazos o se enviaba envuelta en sobres misteriosos, la nota del día escrita desde la oscuridad de un calabozo.
Los años siguientes registraron también, atentados a la libertad de expresión. Pero éstos se producían de manera puntual y recurrente. Hubo represalias de gobernantes contra editores que asumieron irreductibles conductas de oposición. Se suspendieron programas televisivos. Son más que conocidas las maniobras para manipular y restringir el suministro de papel, mediante el uso de los recursos del Estado. Se cancelaron arbitrariamente pautas publicitarias de organismos públicos. Hubo en ocasiones, es verdad, donde ediciones de periódicos fueron incautados porque sus contenidos se consideraban subversivos. Algunos periodistas fueron enjuiciados por supuestos delitos en el tratamiento de temas sustantivos, en especial la materia militar.
Todo ello es verdad. Y se trataron de hechos condenables que en su momento merecieron el repudio y la protesta de los gremios y de la opinión pública.
Pero en ningún caso, se trataba de una política de Estado, de una práctica sistemática, de una definición política. La situación cambió hace más de cuatro años con el ensayo de la revolución bolivariana. Para consolidar un esquema político de esta naturaleza es necesario enfrentar a los medios y aunque ésta no sea la intención inicial de una estrategia, la historia demuestra que se desemboca inevitablemente en restricciones a la libertad de expresión.
Pero se trata de un cuadro mucho más preocupante. El propio jefe de Estado se ha encargado de conducir la confrontación con editores y periodistas fundamentado en el criterio autoritario de que la libertad de expresión también es una facultad del Estado, un patrimonio del gobierno, como las políticas de salud, educación, vialidad y seguridad pública.
Ello determina que se conciba la libertad de expresión sólo en la medida en que ésta declare su compromiso con el llamado “proyecto revolucionario”. Se desconoce que la libertad de expresión, es por el contrario, una conquista de la sociedad, el producto de largas y persistentes luchas, y además hoy en día en las modernas legislaciones, se consagra como un derecho tan importante como el derecho a la vida y que define de manera inequívoca la naturaleza democrática o autocrática de un gobierno.
El derecho a la libertad de expresión garantiza la intercomunicación entre los factores claves de una sociedad y el poder constituido. Y se sabe que existe una contradicción insalvable entre ambos. Los periodistas, al igual que los poetas, como dijera Miguel Hernández, “también somos pájaros de libertad”.
La política dirigida a confrontar el derecho a la libertad de expresión, choca en el caso de Venezuela con una sólida y extendida cultura democrática. Por ello no ha sido fácil que los medios bajen la guardia. Por eso se ha producido la unidad entre editores y periodistas por encima de la diferencias de intereses que entre ellos existe.
No es posible en el país que tenga viabilidad ninguna propuesta política dirigida a desnaturalizar el ejercicio de las garantías democráticas. Por eso se explica el clima de tensión y de crispación nacional que hoy vive. Y explica también la postura activa de los medios de comunicación, no contra un gobierno o un mandatario, que en definitiva son transitorios, sino en defensa de la preservación de la democracia y sus valores.
*
Hoy los comunicadores venezolanos, entendidos en el mas amplio sentido y no sólo los periodistas enfrentamos, y enfrentaremos de manera resuelta la intención del gobierno en utilizar la mayoría oficialista, la Ley de Responsabilidad Social de los medios de comunicación que nosotros calificamos de manera enfática como la “Ley Mordaza”. La elevación de los niveles de los contenidos televisivos no puede ser objeto de regulaciones impuestas por el Estado. Y si ese Estado tiene vocación autocrática mucho menos. Los acuerdos que se han aplicado en otros países dirigidos a preservar la calidad de los medios radioeléctricos al servicio público han sido el resultado de consensos y negociaciones honestas e imparciales entre los gobiernos, los propietarios de los medios y la representación de la sociedad civil.
Pero la Ley Mordaza tiene aspectos mucho mas perversos. Se da en el marco de una ofensiva legislativa orientada a definir los perfiles de una legalidad autocrática que sustituya los mecanismos tradicionales de la convivencia democrática. Este es un proyecto que no puede ser analizado ni considerado de manera aislada. Tiene una imbricación directa con las leyes que desde el año2001 ha venido impulsando el proyecto chavista para garantizar su propio blindaje en términos legales.
Es una ley que además le confisca a la población su derecho a la participación e información sin restricciones y que coloca en manos de gobierno un instrumento de naturaleza punitiva y política ¿Qué se pretende hacer con los medios de comunicación radioeléctricos a los que seguramente seguirá la comunicación impresa? ¿Convertirlos acaso como ocurre con los medios del Estado en factores sumisos, no al servicio de los venezolanos, ni siquiera de un gobierno, sino como bastiones de un proyecto político totalitario y mesiánico? *
Se suele manejar el argumento, según el cual en Venezuela existe libertad de expresión, porque no se han allanado periódicos, canales de televisión o emisoras y porque no existen periodistas en prisión. Con ello, se manipula una mediaverdad. Estas prácticas en las circunstancias actuales del mundo, quedaron para las dictaduras más primitivas y brutales. Tan grave son las agresiones directas a los medios y a los periodistas como la aplicación de otros mecanismos más sutiles, pero quizás más eficaces.
El autoritarismo moderno que en América Latina tuvo su expresión más palpable en el gobierno de Fujimori, ideó mecanismos e inventó recursos para preservar una fachada democrática y restringir al mismo tiempo, la aplicación del derecho a la información.
En Venezuela desde el poder, se ha estimulado como una línea oficial, como una política deliberada, la intimidación contra editores y periodistas. El oficio cada día se hace más riesgoso. Reporteros y fotógrafos saben lo que cuesta el desempeño del oficio en condiciones de seguridad.
Ciertamente, no actúa la policía política como en el pasado. Ahora actúan grupos fanatizados, enceguecidos por una prédica del odio que proceden sistemáticamente a atentar contra periódicos, televisoras, emisora y que han convertido a los periodistas en objetivos de guerra. Todo ello, con el estímulo que significa la inmensa impunidad que reina en el país.
Las agresiones a los medios se han convertido en uno de los factores que ha colocado al proceso venezolano en el radar de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Esta situación se da dentro de una convulsión histórica que ha significado el agotamiento de la institución partidista y que al mismo tiempo concede un mayor espacio y una mayor visibilidad, del que ya tienen de suyo los medios de comunicación, los editores y los periodistas.
Ello comporta un riesgo y una alta responsabilidad. Los medios no pueden sustituir a los partidos políticos de manera permanente como el sustento clave del sistema democrático. Los periodistas tampoco somos protagonistas políticos, porque ello desvirtuaría la esencia del oficio que no es otro que de intermediarios entre el Estado y la sociedad, y testigos de la vida cotidiana.
Este papel, que el capricho histórico ha colocado en nuestras manos, debe ser administrado con prudencia y el mayor tacto posible. Debemos evitar la tendencia al vedetismo. Conjurar la tentación a politizar el hecho informativo. Entender que se trata de una realidad impuesta por obra de la coyuntura política y que en un momento debemos regresar a ocupar los territorios que define uno de los oficios intelectuales “mas hermoso”, como dijera José Martí, en sus tiempos de trotamundo libertario.
Lo que sí constituye un compromiso inalterable es la lucha por la democracia. La democracia entendida como un proceso dinámico que se nutre en los cambios que cotidianamente se genera en las sociedades y como un sistema capaz de ofrecer y garantizar participación a los ciudadanos y no, como desgraciadamente ocurre en el país, una democracia concebida para la exclusión y el hostigamiento de quien no comparta una visión política anacrónica, decimonónica ya a contracorriente de los grandes torrentes de la modernidad.
No es posible escapar a los hechos que marcan esta encrucijada vital para el país. Venezuela está colocada nuevamente ante la alternativa de la democracia o el autoritarismo. En este debate el periodismo tiene una opción inequívoca: la lucha en defensa de la libertad de expresión que significa la lucha en defensa de la democracia y la libertad.
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