EL LÍMITE DE LA LIBERTAD

LA SEMANA EN TRES ACTOS

Manuel Felipe Sierra

EL LÍMITE

DE LA LIBERTAD

Era inevitable.  El empeño del presidente Chávez en confrontar con editores y periodistas debía conducir al desenlace que ahora ha tenido: el hostigamiento - hasta el punto que debieron abandonar el país - de las periodistas Ibéyise Pacheco y Patricia Poleo.  Pero la historia es larga.  El proyecto bolivariano con una clara tendencia autoritaria ha logrado – ciertamente, mediante el voto popular – el control de los principales poderes públicos.  Sin embargo, ha tenido que enfrentar la resistencia de áreas claves de la sociedad, como los organismos empresariales, sindicales y los medios de comunicación.

De estos tres factores el que causa mayor preocupación en el alto gobierno (ahora embalado en una incierta ruta de radicalización), es el comportamiento de la prensa y los medios audiovisuales.  Y no porqué éstos deliberadamente hayan definido una línea de oposición, lo cual es imposible por su propia pluralidad, sino porque reflejan una vida cotidiana contraria al enfebrecido sueño bolivariano. 

No es casual que el Presidente – y ahora su entorno – conviertan cada una de sus presentaciones públicas en una sistemática sesión de ataques contra editores y periodistas.  Tampoco es obra de la casualidad el dictamen 1013 del Tribunal Supremo de Justicia que establece limitaciones a la libertad de expresión.  Ni son inocentes los esfuerzos por imponer una Ley de Contenidos – que si bien se inspira en la necesidad compartida de adecentar la programación televisiva - sería usada de manera discrecional por funcionarios alérgicos a la crítica y la discusión cívica.

De la misma manera, el discurso presidencial contra los medios ha prendido en los grupos fanatizados agrupados en los círculos bolivarianos.  Los periodistas, reporteros y fotógrafos en su actividad diaria, ocultan por razones de seguridad, el carnet que los acredita como trabajadores de diarios, emisoras y televisoras.  Sin hacer mención de las agresiones físicas de las cuales han sido objeto numerosos profesionales de la comunicación y el torrente de insultos que deben soportar ante los puños airados de las huestes chavistas.

Como ha ocurrido en otras partes del mundo una dinámica de esta naturaleza se torna ingobernable.  Por eso un funcionario como el director de la agencia oficial Venprés se permite saltar el más simple criterio editorial, para distribuir a todo el país una infamia contra tres conocidos y respetados periodistas.  Por esa misma razón el coordinador del frente de Profesionales Bolivarianos, Gerardo Ramírez anuncia, con la mayor impunidad, una nueva lista que incluye a 100 personalidades que serán expuestas al escarnio público.

En este contexto no puede extrañar la reciente declaración aprobada por unanimidad en la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la cual se califica como “fascista” al gobierno venezolano; ni las múltiples investigaciones que adelanta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA sobre graves atentados contra la libertad de expresión, que podrían conducir a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana aprobada el año pasado en Lima y que contempla severas sanciones internacionales.

El gobierno suele manejar un argumento falaz y tramposo para justificar la vigencia de la libertad de expresión: en el país no existen editores ni periodistas detenidos y no se ha producido el cierre abrupto de ningún medio de comunicación.  Tal como van las cosas habría que usar en este caso la célebre frase que abriera el camino del poder al jefe de la asonada del 4-F: “por ahora”.

Pero ocurre que se trata de un proceso mucho más complejo.  El asesinato o la prisión de editores y periodistas, la censura expresa y la prohibición de publicaciones o el cierre de éstos, son expedientes que pertenecen a las prácticas de las viejas dictaduras.  Se puede vulnerar la libertad de expresión de maneras más sutiles y sofisticadas pero que a la postre resultan más eficaces para los propósitos autocráticos de los gobiernos.

Ello explica porqué en las legislaciones de las modernas sociedades democráticas la libertad de expresión es considerada como uno de los principales derechos humanos.  Es decir, una conquista de la sociedad y no una dádiva del Estado cuyo respeto asegura la vitalidad de todo el sistema democrático, por cuanto representa el único mecanismo idóneo para la comunicación entre elegidos y electores. Por esta razón, la creación de un clima de intimidación contra los medios; la restrinciones por la vía legal, las amenazas soterradas y la descalificación de editores y periodistas (todo lo cual viene ocurriendo en Venezuela) son delitos y atropellos tan graves como los daños físicos. 

Estas razones son más que suficientes para que en el plano internacional Venezuela sea incluida entre los países que atentan y desconocen la libertad de expresión y para que cada día se haga más exigente y difícil en el país la tarea periodística dentro de un clima que, inducido por el mensaje presidencial y grupos radicalizados, se hace demasiado hostil y riesgoso.

DOBLE MENTIRA

¿Es estable el aumento en los precios del petróleo?.  ¿El dólar llegó a su punto de equilibrio?.  Los voceros económicos del régimen suelen recurrir a estos datos para asegurar que el país ha reencontrado la brújula de la reactivación económica.  En el fondo se trata de una simple trampa.  El gobierno estimó originalmente el presupuesto vigente en 18,50 dólares por barril.  Esa era la estimación de los técnicos del ministerio de Energía y Minas y de PDVSA.  Ello significaba una reducción de 4 dólares en relación  a los ingresos fiscales de los últimos dos años.

El presidente Chávez anunció una reformulación presupuestaria sobre la base del barril de petróleo a un precio de 16 dólares.  Una medida previsiva y pertinente.  Los mismo había hecho en 1999 cuando reajustó el precio del barril de petróleo de 12 a 8 dólares.  Con ello se buscaba mantener un colchón de reserva y dar una señal de austeridad en el manejo del gasto público.  Pero estaba claro que alrededor de 18 dólares se situaría el precio del barril.  Y eso es, justamente, lo que está ocurriendo.

El miércoles de la semana pasada el bolívar bajó a 889,50 por dólar después de la estampida que días atrás lo llevó a trepar sobre los 1200,00 bolívares.  Por supuesto, ello tiene explicaciones coyunturales: la necesidad de las grandes corporaciones de revertir bolivares para el pago del Impuesto Sobre la Renta, la iliquidez en el mercado financiero, entre otras.  Pero el hecho cierto es que a partir de 12 de febrero se produjo una sensible devaluación de la moneda que ha desatado un alarmante proceso inflacionario que afecta a la clase media y a los sectores populares.  Y eso es lo que importa.

RESISTENCIA PACÍFICA

Nadie suponía que la nómina mayor de PDVSA pudiera mantener un conflicto durante tres semanas frente a un gobierno que no ha ahorrado amenazas ni recursos para liquidar la protesta.  Al margen de la decisión final ya se produjo un efecto de suma importancia: la demostración de que es posible mediante el uso de mecanismos pacíficos, derrotar la arrogancia oficial.  Los empleados de la petrolera estatal han sabido combinar la negociación con la fuerza y pese a los intentos realizados desde Miraflores por disminuir su moral y constituir organizaciones paralelas han logrado un consistente apoyo de la mayoría de la sociedad civil.    

    21/03/2002