JUICIOS Y GUERRA CIVIL

LA SEMANA EN TRES ACTOS

Manuel Felipe Sierra

JUICIOS Y

GUERRA CIVIL

Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, en particular la que permite acusar a Chávez sin la mediación necesaria del fiscal general Isaías Rodríguez, introduce un nuevo elemento en la crisis política.  Como se sabe existen diversas solicitudes de antejuicios contra el jefe del Estado, que no han merecido la diligencia y agilidad del ministerio público.  Hasta ahora, tanto el Fiscal como los miembros del TSJ venían actuando bajo la influencia directa del mandatario, lo cual ha configurado una situación de severa ingobernabilidad. 

Las decisiones de la semana pasada ponen en evidencia que esta situación tiende a modificarse.  Hasta hace unos días éstas eran impensables, ahora la mayoría de los integrantes de la máxima instancia judicial han demostrado un grado de independencia que fortalece los mecanismos democráticos frente a las tendencias autoritarias del poder central.  Es posible entonces, que por esta vía en los próximos días se inicien juicios que pueden determinar la responsabilidad de altos funcionarios, incluyendo al propio Chávez.

En un régimen democrático ello es perfectamente posible y en algunas ocasiones hasta saludable. En el país existe el antecedente del juicio que provocó la renuncia y que culminó con la detención de Carlos Andrés Pérez en 1994, sin que ello pusiera en riesgo la vigencia del orden constitucional.

Pero como un efecto previsible las decisiones del TSJ han conducido a la radicalización del mandatario. La tarde del jueves, acompañado por Lina Ron, Freddy Bernal y el general García Carneiro, en un acto celebrado en la parroquia El Valle, Chávez no sólo negó la posibilidad de ser enjuiciado (lo cual en definitiva no es materia de su competencia) apelando al apoyo de 18 millones de venezolanos, “que están dispuestos a lo que sea para defender nuestra revolución, nuestra vida y la de nuestros hijos”.

En su discurso, obviamente dirigido a moralizar al chavismo más radical, es decir, a los círculos bolivarianos y en una clara manipulación aseguró que “en este caso son los mismos que convocan marchas todos lo días” y que solicitan con insistencia su renuncia.  Chávez no tiene razón. Si el TSJ llegare a decidir contra él no lo estaría haciendo sobre las políticas de su gobierno, sino en relación con acusaciones sobre supuestos delitos que escapan al debate ideológico y tienen que ver fundamentalmente con el comportamiento personal del mandatario.  No estaría en discusión el tema de revolucionarios y contrarrevolucionarios, ni de patriotas y antipatriotas, sino que se trataría de una acción a la cual puede ser sometido, guardando el debido respeto a la legalidad, cualquier ciudadano.

La violenta reacción de Chávez indica su intención de no acatar decisiones por más legítimas que ellas sean de los poderes democráticos, lo cual simplemente implicaría un llamado a la guerra civil.  Si el 11 de abril la mayoría del país y las instancias internacionales respetaron el mandato de Chávez por su origen democrático y su gobierno invocó la democracia para su defensa ante la OEA y otras instancias integradas por países democráticos del mundo, ahora ocurriría una situación radicalmente distinta: Chávez desafiaría una estructura institucional diseñada por él mismo, la propia Constitución de la República Bolivariana y se pondría sencillamente al margen de la legalidad.

En los próximos días se someterá a prueba nuevamente la fortaleza del sistema democrático venezolano y la verdadera orientación del proceso bolivariano.  En esa disyuntiva no hay el menor espacio para el diálogo y menos aún la reconciliación.  

SEMANA NEGRA

Persisten los nubarrones en el horizonte económico del país.  Las medidas tomadas por el gobierno, tibias e insuficientes, tienen un efecto que complica aún más el cuadro recesivo de la economía.  El economista Ricardo Hausmann, ha sido particularmente enfático en el sentido de sostener que de Washington “no va a venir nada sin un acuerdo explícito con el Fondo Monetario Internacional.  Para quien fuera economista jefe del BID, resulta imposible que los ministros de la economía reduzcan el déficit de riesgo-país, concreten emisiones de bono en el exterior y obtengan nuevos prestamos de los organismos multilaterales.  Recordó que el subsidio en el precio de la gasolina ocasiona un déficit en las cuentas públicas por el orden de 4,5% del Producto Interno Bruto (más de 4.5 billones de bolívares) el cual considera mayor que el gasto público en educación y salud. 

Pero al lado de las opiniones de Hausmann, se percibe un agravamiento acelerado de la desinversión y la caída del consumo.  El más reciente informe de Cavidea registra descensos en la venta de productos esenciales en la dieta popular, como: pastas alimenticias, harina de pan, gaseosas, entre otros.  Los gobernadores de los estados industriales persisten en denunciar el brutal cierre de fábricas y empresas.  Fedeindustria se declaró en situación de emergencia.  El dólar conoció una semana  de alza acelerada.  Todos estos elementos conforman o definen un escenario de incertidumbre ante el interés del gobierno en privilegiar la discusión política sobre el tema económico.  Si bien es cierto, que Venezuela dispone de indicadores macroeconómicos que podrían considerarse satisfactorios, no es menos cierto, que el clima de desconfianza ha tenido un impacto devastador en la economía real, la que afecta de manera directa la vida cotidiana de los venezolanos.

LOS NO VIOLENTOS

La misión de Human Rights Watch que visitó al país, para evaluar la situación de los derechos humanos, si bien fue más benevolente con el gobierno en los resultados de su informe, en relación con otras comisiones internacionales que han realizado la misma inspección concluyó, no obstante, “en que Chávez debe hacer todos los esfuerzos por condenar la violencia”.

Curiosamente, mientras los voceros del organismo internacional hacían este señalamiento el presidente Chávez subía los decibeles de su discurso y prometía desacatar la posibilidad de que pueda ser enjuiciado por supuestos delitos de su gobierno.  Es lo que ocurre siempre.  La confrontación política venezolana pasa por entender la personalidad del mandatario y su propuesta política que está asociada directamente con la violencia. 

21/06/2002