EL MONÓLOGO DE CHÁVEZ

LA SEMANA EN TRES ACTOS

Manuel Felipe Sierra

EL MONÓLOGO

DE CHÁVEZ

Las dos manifestaciones del 1ero. de mayo en Caracas (CTV y FBT), revelaron que el cuadro político y social del país sigue congelado.  Las secuelas de los episodios ocurridos entre el 11 y 14 de abril, alteraron en muy poca medida la seria confrontación que se viene dando entre los factores que exigen una rectificación en las políticas oficiales y la estrategia de endurecimiento del proceso bolivariano.  La tradicional marcha de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, se vio reforzada con la presencia de los grupos de la sociedad civil que emergieron en los últimos meses y que se han convertido  en una referencia social y política de envergadura.  El oficialismo se hizo presente dentro de la línea – ya conocida - de contraponer sus fuerzas a las iniciativas opositoras en el terreno que éstas sean planteadas.

Existían dudas sobre el éxito de las movilizaciones.  Era previsible una caída moral en los factores que vienen ejerciendo presión sobre el gobierno después de la salida y el regreso de Chávez.  Al mismo tiempo, los sectores chavistas no dejan de salir todavía del asombro que les produjo la súbita posibilidad del perder el poder.  No obstante, las marchas se realizaron pacíficamente y en ellas se puso de manifiesto el alto espíritu cívico que ya había caracterizado las jornadas anteriores al 11 de abril.  Es decir, se puede sostener con toda propiedad que no existían razones para la aplicación del Plan Ávila que el presidente Chávez ordenó al Alto Mando Militar en la mañana del 11 para contener la marejada popular de apoyo al paro indefinido de la CTV y Fedecámaras y a los desenlaces del conflicto de PDVSA. Y también que fue acertada la actitud del máximo estamento castrense al no obedecer las ordenes presidenciales, por cuanto era absolutamente probable que este dispositivo militar de emergencia hubiera significado una incuantificable pérdida de vidas.

De todas maneras, como se sabe, la actuación de grupos armados (cuyo origen e identidad deberá determinar la Comisión de la Verdad nombrada por la Asamblea Nacional) provocó una masacre de ciudadanos pacíficos que generó a su vez un vacío de poder, la ausencia de 48 horas del mandatario de sus funciones de Estado y el desbordamiento de la violencia mediante saqueos y motines en áreas estratégicas de Caracas.  

La confrontación del 1ero. de mayo reveló al mismo tiempo que pocas cosas han cambiado después del anunciado diálogo y las gestiones iniciadas por el ministro de la Defensa y ahora Vicepresidente de la República José Vicente Rangel y el propio Chávez.   Está claro también, que sólo una rectificación real y concreta, más allá de la retórica, es posible para establecer las bases de un nuevo clima de convivencia democrática.  Y a casi un mes de los sucesos, ello no ha ocurrido.   

Hay que reconocer que el gobierno actuó correctamente al designar una nueva junta directiva en PDVSA, lo cual puso término a un delicado conflicto que duró siete semanas y que además ha hecho esfuerzos por recomponer las relaciones con la Iglesia Católica.  Pero hasta allí.   La designación de la Comisión Nacional para el Diálogo instalada la semana pasada en Miraflores, luce en lo esencial conformada por los factores que han apoyado tradicionalmente al chavismo.  En este sentido, es obvio que no se esperan mayores resultados. 

Era indispensable la incorporación de la CTV y Fedecámaras como interlocutores calificados con el sector oficial.  Incluso, el presidente de la central obrera Carlos Ortega, declaró estar dispuesto a participar en un diálogo de esta naturaleza, siempre que se preservaran las posiciones de principio y que las conversaciones giraran en relación a temas puntuales pero ampliamente compartidos por el país.  Fedecámaras rechazó la invitación a formar parte de la comisión, según sus directivos, en solidaridad con la ausencia del sector laboral.  El hecho cierto es que sin la presencia de estos dos factores las gestiones a favor del diálogo no tienen el menor sentido y están condenadas al estancamiento o el fracaso.

En la manera como se procese y resuelva la necesidad del diálogo se centra el destino del gobierno y la paz del país a corto plazo.  Si no cristaliza una política hacia la reconciliación nacional estaremos inevitablemente condenados – como lo indica la tendencia actual – a presenciar el agravamiento de una crisis que no sólo se expresa en términos sociales y económicos, sino que introduce elementos cada vez mayores de ingobernabilidad.  En esta dirección la experiencia del 11 de abril se repetiría en el corto plazo, pero ahora sin la menor duda, con un mayor costo de sangre y en circunstancias terriblemente imprevisibles para el futuro de la democracia.

CHÁVEZVIDEO

No será el último video.  Se asegura que las escenas del “sainete bananero” que vivió el país entre el 11 y 14 de abril, están grabadas y filmadas por sofisticados equipos que la Disip había instalado en los días de Eliézer Otaiza (en un estilo parecido al de Wladimiro Montesinos) en todos los niveles de la Fuerza Armada Nacional.  Pero el video dado a conocer el miércoles por Globovisión, en el cual se registran los momentos previos al traslado del presidente Chávez como prisionero de la Base de Turiamo a la Isla de La Orchila sirven para despejar algunas interrogantes. 

El mandatario admite que la mañana del 11 ordenó mediante los órganos correspondientes la activación del Plan Ávila y que sus instrucciones fueron desobedecidas por el Alto Mando Militar.  El mandatario sostiene que de haberse aplicado este dispositivo no se hubieran registrado los tiroteos que concluyeron con la masacre de numerosos venezolanos inocentes.  La afirmación es discutible.  Ya en horas de la mañana, era irreversible la presencia de una multitudinaria representación de obreros, empresarios y factores de la sociedad civil en solidaridad con los trabajadores de PDVSA en conflicto desde hacía siete semanas.  Seguramente la manifestación no hubiera llegado a las cercanías de Miraflores, pero en todo caso ello no indica que la actuación de efectivos militares significaba la garantía de la no violencia. Por el contrario.  Era tal el clima de crispación y de tensión que hubiera sido absolutamente imposible que el Plan Ávila no hubiese tenido nefastas consecuencias en pérdidas de vida. 

Cuando Carlos Andrés Pérez el 28 de febrero de 1989, activó el mismo mecanismo de emergencia, creía que éste habría de ejercer un efecto disuasivo frente a las turbas que saqueaban supermercados y todo tipo de negocios.  Pero no ocurrió de esta manera.  Los enfrentamientos se hicieron inevitables y allí surgió la dramática referencia del “Caracazo”.  ¿Era posible distinguir manifestantes pacíficos y no pacíficos entre una muchedumbre que en el más conservador de los cálculos llegaba al medio millón de personas?. 

Pero lo más patético del video es cuando Chávez acusa a sus oficiales de confianza de haberlo traicionado por “cobardes”.  ¿Entonces por qué ratificó en sus cargos, una vez superado el vacío de poder, a algunos de los integrantes de esa instancia que según su confesión no le merecen la menor confianza?.  El tema de los videos el ahora cuando comienza.    

UN PODER

REAL

Uno de los cambios de la política oficial más importante y urgente se refiere al tratamiento de los estados y municipios.  Los gobernadores y alcaldes son un poder real y actúan al margen de sus militancias y sus diferencias políticas sobre la base de un compromiso con sus colectividades.  Es verdad que en un comienzo el proceso de descentralización copió muchas de las fallas y vicios del gobierno central.  Pero esta situación ha variado.  Después de doce años, no cabe duda, que los gobernadores y alcaldes constituyen una fuerza objetiva, imposible de ser ignorada en ninguna propuesta política que procure asegurar el mayor margen de gobernabilidad.  El presidente Chávez hasta ahora no había entendido este fenómeno y ha condenado durante tres años a gobernadores y alcaldes a una asfixiante rigidez presupuestaria.  En el proyecto rectificador de Chávez tendría que quedar claro que el fortalecimiento de las gobernaciones y alcaldías supone la creación de un contrapeso político a favor de la solidez de las instituciones democráticas.    Y ello quedó más que demostrado durante los acontecimientos de hace tres semanas.