EL PRETEXTO DE LOS PROCERES

Análisis

06/01/2003

EL PRETEXTO DE LOS PRÓCERES

Manuel Felipe Sierra

Las reacciones de Chávez y Rangel sobre los sucesos de Los Próceres que tuvieron como saldo la muerte de dos partidarios del oficialismo y decenas de heridos de la oposición (y varios periodistas venezolanos y corresponsales extranjeros) rebasa cualquier parámetro del descaro. Pero además reafirma la estrategia del gobierno de jugar a la violencia.

Para Chávez los hechos demostrarían que la Policía Metropolitana es un factor  de perturbación  "y un refugio de criminales". Para Rangel                   todo obedecería al clima de impunidad que reina en el país. La afirmación del Vicepresidente Ejecutivo es insólita y grosera. ¿Cómo es posible que el vocero de un régimen que interfiere y secuestra la justicia y que  bloquea las investigaciones de los hechos del 11 de abril y el 6 de diciembre asuma la conducta propia de una victima?.

Los autores de las matanzas de ciudadanos inocentes en Puente Llaguno y la Plaza Altamira permanecen en el misterio, por la intención deliberada del gobierno en ocultar dos masacres que fueron estimuladas, en buena medida por el discurso presidencial y la actuación de los "círculos del terror". En la primera Chávez tomó parte en la averiguación cuando aseguró que los pistoleros actuaron "en defensa propia". En la AN la mayoría ha saboteado la creación de la Comisión de la Verdad y el Poder Ciudadano ha dado una escandalosa prueba de su inutilidad.

La masacre de Altamira (de la cual ayer se recordó un mes) es un caso igualmente indignante. A las pocas horas del hecho Chávez exoneró de culpa al autor confeso Joao de Goveia descalificando las afirmaciones de éste. Existen diversos testimonios sobre las vinculaciones del asesino con factores del chavismo. Los cuerpos policiales todavía no han hecho las pruebas de planimetría y los testigos que capturaron al agresor ni siquiera han sido citados para las declaraciones de rigor.

Las muertes de Los Próceres tienen que ser investigadas a fondo  y los culpables castigados con el peso de la justicia. Pero habría que tomar en cuenta, sin que ello minimice la gravedad de los hechos, que el oficialismo actúo en abierta provocación contra una marcha que tenía permiso. Los grupos oficialistas no tenían derecho -salvo intensificar la confrontación- para actuar como lo hicieron en el mejor estilo de los "encapuchados" agrediendo con piedras, palos y disparos bajo la protección de la Policía Militar y la Guardia Nacional, a cientos de miles de   hombres y mujeres que marchaban desarmados.

 Chávez y Rangel,  develaron, por otra parte, el propósito de intervenir a la PM, desacatando una decisión del TSJ. Aun suponiendo que las investigaciones concluyan señalando agentes de la policía como autores de las muertes, ello no comprometería a la totalidad de sus funcionarios ni es razón para un nuevo zarpazo. Chávez y Rangel: apuestan a generalizar la violencia y acentuar la conflictividad, para tratar de demostrar lo que no han podido hacer hasta ahora: que en Venezuela no existe un conflicto armado sino una severa radicalización política y social; y que el uso de la fuerza y la intimidación es patrimonio de la revolución bolivariana. La inmensa mayoría de los compatriotas que han tomado las calles lo hacen de manera pacifica y democrática. Allí esta la diferencia.