ENTRE DEMOCRACIA Y AUTORITARISMO

SEMANA EN TRES ACTOS

22/11/2002

ENTRE DEMOCRACIA

Y AUTORITARISMO

Manuel Felipe Sierra

El paro cívico nacional fue finalmente convocado para el lunes 2 de diciembre. No obstante, es posible que sea adelantado si el gobierno entre otros recursos aplica legalmente el Estado de Excepción o surge una improbable iniciativa conciliadora desde Miraflores. Esta nueva protesta- que seguramente será más activa que los paros anteriores- ha sido impulsada, en buena medida, por los sectores de la sociedad civil que vienen asumiendo una presencia cada vez más protagónica en el antichavismo. 

El paro del 10 de diciembre del año pasado convocado por Fedecámaras y  la CTV en rechazo por la manera cómo Chávez manejó la redacción del conjunto de leyes de la Ley Habilitante inmovilizó pasivamente más del ochenta por ciento del país.  El 9 de abril de este año el paro propuesto inicialmente por doce horas por los sectores empresariales y sindicales contra las medidas económicas anunciadas en febrero; y en solidaridad con el conflicto de PDVSA, cobró tal dinámica que fue prolongado hasta el día 1l , cuando en circunstancias aún confusas, Chávez se vio obligado a dejar por cuarenta y ocho horas la Presidencia de la República.

El 21 de octubre- después de una multitudinaria manifestación realizada días antes en demanda de una salida electoral a la crisis de gobernabilidad que mantiene a la sociedad venezolana sumergida en un espeso clima de desconcierto y confusión- una porción decisiva de los venezolanos ejecuto un cese de la actividad productiva.  El paro previsto para el próximo lunes se da en circunstancias especiales.  Si bien las acciones anteriores tenían un inevitable componente político se fundamentaban en planteamientos reivindicativos.

Ahora el paro obedece a una razón simplemente política: la salida de Chávez. Y era perfectamente previsible que ello ocurriera. El mandatario ha cerrado cualquier posibilidad que permita la recomposición de unas instituciones democráticas vulneradas y desnaturalizadas por el descabellado empeño por imponer un modelo autoritario en contradicción con la naturaleza del mandato que le fue conferido en diciembre de 1998. Los hechos son demasiado evidentes. La formula del dialogo ha sido utilizada como una simple maniobra distraccionista. La gestión negociadora de César Gaviria se desvanece, entre otras razones porque el gobierno nunca creyó en ella, y por el contrario, la concibió como una manera de acelerar su proyecto autocrático.

La entrega de más de dos millones de firmas ante el CNE para solicitar la realización de un referéndum consultivo previsto en la  Constitución Bolivariana tutelada por el propio Chávez, no sólo ha sido olímpicamente despreciada desde el poder, sino que se han activado las más diversas presiones y recursos en el seno del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia para impedir que se materialice la iniciativa.

Es lógico, que entonces, que la salida de Chávez se convierta en la consigna central del nuevo paro, que ha sido impulsado de manera decisiva ya no sólo por las organizaciones gremiales de los partidos políticos sino por el persistente reclamo de una sociedad civil que se incorpora en temas masivos y beligerantes en el debate político y por la disidencia militar de Altamira, que de ahora en adelante será un nuevo factor en juego en el tablero de la confrontación cívica.

Si los paros anteriores resultaron exitosos no habría razones para pensar que el del venidero lunes no lo sea. La acumulación de crisis se ha agudizado en términos literalmente insostenibles. En las últimas semanas la deslegitimación democrática del régimen se ha acentuado con el fomento de la violencia callejera, la militarización de Caracas y la intervención de la Policía  Metropolitana. Es posible que la protesta asuma tales proporciones que provoque la salida del mandatario por las vías convencionales de la democracia. Tampoco es descartable que la oportunidad sea aprovechada por Chávez para acelerar su proyecto que pasa por la asfixia de la libertad de expresión y la desaparición de los derechos ciudadanos.

Pase lo que pase lo cierto es que dentro de una semana el país escogerá ante un dilema que ha marcado dramáticamente nuestra historia: democracia o autoritarismo.

NI PAYASADA

NI SHOW

El 22 de octubre a las cinco de la tarde catorce altos oficiales se declararon en rebeldía en la Plaza Altamira, desde hace un año bautizada por la sociedad civil como “la plaza de la libertad”. Para el vicepresidente José Vicente Rangel se trataba de una “payasada”. Para el presidente Chávez se trataba de un “show”. Muchos pesaron que, ciertamente, se trataba de una operación propagandística. Pocos apostaron a que una acción inédita, novedosa y espectacular podría mantenerse por muchos días. Pero no solo se mantuvo. El viernes, al cumplirse un mes de la vigilia se contaban ciento veintiocho oficiales de diversos rangos y de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional ,en una activa protesta que facilitó la rápida recolección de mas de dos millones de firmas para solicitar el referéndum consultivo ante el CNE; que ha sido el punto de partida para las multitudinarias manifestaciones de las últimas semanas; que recibió el apoyo de la CTV, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática y que ha sido una obligada referencia para los cientos de miles de venezolanos que a toda hora expresan su solidaridad con un grupo de militares desarmado que hacen uso legítimo de sus derechos constitucionales. La noche del viernes 22, la Plaza Francia vibro con el flamear de miles de banderas tricolores.

CHAVEZ BAJO

SOSPECHA

El cuadro internacional se mueve desfavorablemente para el gobierno de Chávez.  Después de 1l de abril en los círculos que monitorean la política latinoamericana se abrió un espacio de comprensión para el proceso bolivariano. La nefasta “carmonada” reivindico la legitimidad de origen del régimen pero en las últimas semanas la percepción ha variado. Altos voceros de Washington alertan sobre la sospechosa naturaleza democrática de la “revolución” en marcha en Venezuela. El fracaso de la gestión facilitadora de César Gaviria pondrá en evidencia que en el país se obstruyen los mecanismos de la convivencia democrática. Ya se anuncia que el gobierno de Alejandro Toledo de Perú tomaría la iniciativa de plantear en el seno de la OEA el curioso fenómeno político venezolano. De allí a la aplicación de la Carta Interamericana Democrática de Lima la distancia es corta.