PDVSA ESTA EN LA CALLE

LA SEMANA EN TRES ACTOS

13/12/2002

PDVSA ESTA

EN LA CALLE

Manuel Felipe Sierra

El paro indefinido de PDVSA -que va más allá del nivel ejecutivo- repotenció el paro cívico  más largo en la historia venezolana convocado por la Coordinadora Democrática, Fedecámaras y CTV, con el apoyo militante de la sociedad civil desde hace dos semanas. Los alcances y consecuencias de la acción aún no pueden calcularse. Sin haber entrado en la fase crítica (decretada en una asamblea de más de tres mil trabajadores de la industria celebrada el jueves 12) ya las exportaciones de crudo se habían reducido en más de un setenta por ciento lo cual ha provocado, como es lógico, el desabastecimiento interno de combustible y la paralización de los envíos al mercado externo.

Tan grave es la situación que el ministro de Energía y Minas  Alí Rodríguez, anunció la posibilidad de importar gasolina, lo cual revela el  grado de desesperación que invade al alto gobierno, frente a un conflicto que ha desbordado todo control por parte del Estado. Las huelgas petroleras marcan  buena parte de nuestro proceso histórico. En 1936, desde el Zulia, la protesta de los obreros petroleros contribuyó a la configuración del movimiento sindical y de las estructuras partidistas nacidas en la transición postgomecista. En 1950 la paralización de las actividades de exploración y refinación en el Lago de Maracaibo, Punto Fijo y el Tigre, colocó un factor particularmente explosivo para el proyecto dictatorial del perezjimenismo.

En ambos casos, las acciones se dieron dentro de un contexto en el cual se contraponían los intereses del país y las empresas transnacionales. Ahora se trata de un situación absolutamente distinta. Una vez nacionalizado el petróleo la nación asumió el control absoluto de la industria. Y para el orgullo nacional, PDVSA se convirtió en una de las empresas decisivas en un mercado de alta competitividad y en el manejo de la fuente de energía fundamental para la economía del mundo.

 Los gobiernos democráticos entendieron, que si bien el Estado es el único accionista de PDVSA, ésta tendría que conducirse en sintonía con la racionalidad del mercado y concebida en términos estrictamente mercantiles y no políticos. Se respetó la curiosa realidad según la cual, una cosa es la política petrolera del gobierno y otra el funcionamiento autónomo de la empresa. Es más, era previsible y hasta sano, que no siempre las estrategias del Estado y PDVSA coincidieran.

El acceso de Chávez al poder -como ha ocurrido con otras instituciones- introdujo un cambio de conceptos y definiciones en el manejo del tema petrolero. PDVSA no fue politizada (nunca la política ha estado ausente de sus decisiones) sino que se considera un elemento clave en la ideologización de un proyecto nítidamente autoritario. Y allí comenzaron los problemas. En menos de cuatro años el ente petrolero ha tenido cinco presidentes. Los valores de la meritocracia, respetados en la moderna visión empresarial, se han vulnerado y alterado de manera sensible.

No fue casual el conflicto planteado los primeros días del mes de abril que contribuyó a los trágicos sucesos del 11 de ese mes, que desembocaron en la matanza impune de Puente Llaguno. Lo que ocurre ahora es un episodio más de las graves tensiones que han afectado la eficacia y el nivel operativo de la industria petrolera. Quienes han tomado la difícil e impredecible decisión de paralizar la industria no lo han hecho como parte de una estrategia subversiva de la oposición. ¿Cuántos de los ejecutivos, empleados medios y obreros que hoy  se declaran en un paro activo no suscribieron la propuesta de cambio de Chávez en 1998?.

La huelga de PDVSA, ciertamente, se inscribe dentro del tenso clima de confrontación política que vive el país. Pero no porque quienes ahora asumen el riesgo y la alta responsabilidad que significa el cierre de las operaciones de la principal industria del país actúen como parte de una siniestra conspiración. Lo hacen, simple y llanamente, en defensa de unos valores profesionales y democráticos que pretenden ser arrasados por un gobierno, que sin retorno, tomó el atajo de la violencia y la irracionalidad.

 ALTAMIRA = PUENTE LLAGUNO

La masacre de Altamira seguramente también quedará impune. Será una dolorosa repetición de la matanza de Puente Llaguno. En ambos caso Hugo Chávez ha entorpecido las investigaciones. ¿Por qué lo hace?. ¿Acaso ello no revela su interés en ocultar a los autores de unos hechos perfectamente claros como crímenes de lesahumanidad?. El jefe del Estado no tendría razón -y ello es una conducta irrenunciable de un mandatario que crea en la democracia- de convertirse en parte de una investigación que corresponde a órganos públicos claramente definidos. Después del suceso del 11 de abril, Chávez arbitrariamente exonero de responsabilidad a los primeros indiciados al señalar que éstos habían actuado “en defensa propia”. Ahora se permite tratar de “señor”, y enviar mensajes de dudosa benevolencia a un sujeto que ha confesado de manera cínica la paternidad de la muerte de hombres y mujeres inocentes. Este es uno de los rasgos más evidentes de que en Venezuela, el Estado de Derecho es una ficción.

ENEMIGO

PUBLICO

La violencia ejercida contra televisoras, emisoras y diarios en todo el país la pasada semana, es una expresión terminal y crítica de la estrategia oficialista para estrangular la libertad de expresión. Un grupo de comunicadores sociales -entendidos en su más amplia acepción- tomaron la iniciativa de responder de manera activa y beligerante a los atropellos y abusos contra editores, reporteros, fotógrafos y locutores que cometen, con la cómplice anuencia del gobierno, los grupos paramilitares organizados y financiados por el oficialismo. Los testimonios recogidos hasta ahora de trabajadores de la comunicación, incluso, en los más apartados rincones de la nación ponen de manifiesto cómo el discurso presidencial ha colocado a los comunicadores como “objetivos de guerra” de la delirante revolución bolivariana. Hoy más que nunca la defensa de la libertad de expresión y la vigencia de las garantías necesarias para el desempeño del oficio periodístico, se convierten en un inexcusable deber para los venezolanos comprometidos con la causa democrática.