LA GRABACIÓN DE LA VERDAD

LA SEMANA EN TRES ACTOS

Manuel Felipe Sierra

25/04/2002

LA GRABACIÓN DE LA VERDAD

Ya quedan pocas dudas.  La grabación dada a conocer por la periodista Marianella Salazar, en la cual el presidente Chávez ordena la aplicación del Plan Ávila para enfrentar la manifestación cívica del 11 de abril y cuya veracidad fue corroborada simultáneamente por el ministro de la Defensa, José Vicente Rangel y el Inspector General de la FAN, general en jefe, Lucas Rincón, tendría que ser el principal elemento para fijar la verdad, y en consecuencia, establecer responsabilidades en relación a la brutal masacre de centenares de venezolanos en los alrededores del Palacio de Miraflores.

Las explicaciones de Rangel y Rincón, son piadosas e ingenuas. Según ellos, la instrucción procuraba “garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar la alteración del orden público”. Que se sepa, en ninguna parte del mundo ni el más obstinado mandatario da una orden expresa de “matar”.  Pero es evidente, que ante una marcha de medio millón de personas en actitud de protesta activa, la aplicación de una operación armada de envergadura masiva (fue el mismo plan que desató la matanza del “Caracazo” en 1989) conduce inevitablemente a la represión con un costo natural de muertes y heridos.

Después de la histórica revelación de la inquieta periodista se explican varias cosas: el interés de convertir los episodios en una guerra de acusaciones; la multiplicación de versiones contradictorias; y la negativa de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional  de proceder con la diligencia debida para la integración plural e independiente de la Comisión de la Verdad.  Ahora es creíble la presunción de que ante la certeza de que la grabación sería conocida en algún momento, se trató de crear - y podría decirse que se ha logrado - enturbiar el clima propicio para el diálogo y sembrar en la opinión pública factores de confusión.

La tardanza o la falta de una definición sobre la composición y los alcances de la comisión que deberá esclarecer los sangrientos episodios del 11, 13 y 14 de abril, le permite al gobierno ganar tiempo. Y ello es lo que más le conviene en este momento. La posibilidad de una acción destinada a crear un marco de conciliación no pasa de ser nuevamente,  una mera exhortación o un simple gesto retórico. Después de casi tres semanas de los graves hechos, la situación del país permanece sin mayores alteraciones. Por el contrario: las causas que generaron el breve cambio de gobierno se han complicado sensiblemente.

Las fracturas en el seno de la FAN – admitidas dramáticamente por el general en jefe  en un noticiero de televisión - se hacen cada vez más agudas. Hay una razón elemental para ello: la institución castrense resiente desde hace tres semanas un estado de anarquía que tuvo su expresión en el pronunciamiento que a favor o en contra de Chávez hicieron miembros del alto mando militar.  Es imposible en tan corto tiempo  y sin que se haya producido una rectificación de las razones que originaron la crisis, que las aguas regresen a su nivel. 

Al mismo tiempo, cada día se torna más difícil la gobernabilidad frente a unos poderes públicos que pierden acelerada credibilidad y que hoy no tienen la fuerza requerida para realizar el esfuerzo caso heroico que supone retomar el camino de la democracia. Es por esto, que existe una coincidencia nacional en el sentido de que sólo un cambio de rumbo o un significativo golpe de timón (iniciativas ambas en manos del sector oficial) podría iniciar el tránsito nada fácil hacia el restablecimiento de la tranquilidad constitucional.

Desgraciadamente, hasta ahora no se han dado señales alentadoras en este sentido, salvo el tratamiento ofrecido al conflicto de PDVSA, que permitan la creación de las condiciones mínimas para activar los mecanismos de la convivencia y el diálogo.  Un cuadro de esta naturaleza hace impredecible en el mediano plazo el rumbo de Venezuela.  Y de allí el desconcierto, la incertidumbre y la honda preocupación que se percibe en la mayoría de los venezolanos.   

EL RADAR

DE WASHINGTON

Una comisión de congresistas norteamericanos visita al país para tomar el pulso de la situación planteada a raíz del “vacío de poder” generado entre el 11 y el 14 de abril.  En las filas del Partido Demócrata existe un especial interés en aclarar hasta dónde pudo haber una injerencia de la administración Bush, en los episodios que pusieron en peligro el hilo institucional venezolano.  No es nada nueva la preocupación de Washington por la gestión diplomática de Chávez en relación a temas sensibles como la aproximación a los regímenes de Cuba, Irak y Libia; y la actitud ambigua frente a la guerrilla colombiana.  Venezuela tiene sin duda, la necesidad de superar estos “ruidos” en el intercambio político entre ambas naciones para reafirmar la viabilidad del proyecto bolivariano. 

Pero el problema de fondo, es el económico.  Venezuela no es sólo uno de los principales y más seguros proveedores de petróleo de los Estados Unidos, sino uno de los aliados comerciales más activos en términos de inversiones (fundamentalmente en Florida) nacionales en aquel territorio.  En este plano las relaciones no han sufrido mayor deterioro.  Sin embargo, en la opinión estadounidense ha cobrado una excesiva fuerza el tema político después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año pasado y los programas de agresivo rearme y de confrontación en los escenarios críticos del mapa internacional. Una complicación de las relaciones políticas, hoy más que nunca, tendría un severo costo en el plano económico.

HORA DE

CONTARSE

En el seno del gobierno – ante la tendencia cada vez mayor a la ingobernabilidad – cobra fuerza la tesis de una consulta que además, de superar los escollos actuales, implique una inobjetable relegitimación del apoyo popular del gobierno.  En Miraflores, no se vio con buenos ojos la propuesta del referéndum consultivo realizada por la CTV y los partidos de oposición, cuando dos meses atrás existía una caudalosa marea antichavista.  Pero ahora las cosas han cambiado.  La forma cómo regresó el presidente Chávez al poder – después de la pausa que significó el gobierno provisorio de Carmona Estanga – ha moralizado, como es lógico, a los sectores más fieles al mandatario.  Sería, entonces, una coyuntura favorable para una iniciativa de este tipo que aunque riesgosa, se tornaría mucho más difícil para los intereses del gobierno en los próximos meses ante la agudización de los conflictos sociales y políticos; y los signos cada vez más inquietantes que se dibujan en el escenario económico.