LA SEMANA EN TRES ACTOS
LA DERROTA
DE CHÁVEZ
Manuel Felipe Sierra
La semana pasada el presidente Hugo Chávez Frías sufrió una derrota en toda la línea. Sus amenazas y las pretensiones que él y altos funcionarios de su gobierno ejercieron, para evitar la decisión que finalmente fue aprobada por la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia declarando el sobreseimiento en la causa que se le seguía a altos cuatro oficiales, por el curioso episodio militar del 11 de abril no surtieron el menor efecto. Es más, fueron contraproducentes.
Su descalificación a la actuación de los magistrados que venían demostrando una relativa independencia frente a la pretensión hegemónica del poder central, provocó que la relación de fuerzas que se había expresado en la votación favorable a las dos ponencias previas sobre el tema, se consolidara y se hiciera -como resultó ser- invulnerable.
Lo mismo ocurrió en el seno de la Fuerza Armada Nacional. El alto mando militar el día lunes 12, convenció al mandatario, que aunque parezca contradictorio lo que más convenía en el manejo de la crisis militar era la exoneración de responsabilidades de los supuestos cabecillas del golpe de Estado o vacío de poder que se produjo el pasado mes de abril. Ciertamente, resultaba incomprensible que entre los supuestos responsables de esos hechos no apareciera el ex ministro de la defensa y general de tres soles Lucas Rincón, quien anunció al país de manera categórica y expresa la renuncia del mandatario, lo cual desencadenó los acontecimientos ya conocidos.
Ello explica, por qué el martes 13, Chávez ofreciera unas declaraciones (propias de su personalidad ambivalente) que suponían la negación de lo que había dicho 48 horas antes y que había provocado una justificada y airada reacción de la opinión pública. Si bien es cierto, que la modulación del lenguaje presidencial exhortando al acatamiento de la decisión que tomase el TSJ, incluso siendo adversa a los intereses del oficialismo, introdujo un elemento tranquilizador en un clima de creciente efervescencia y creciente tensión política, también lo es, que su actitud significó un mensaje equivoco para sus seguidores más incondicionales y leales: los círculos bolivarianos y los grupos paramilitares que operan en el oeste de Caracas.
En su alocución 11, Chávez hizo un llamado a la insubordinación y a l a protesta de los factores que hoy representan su más sólido apoyo, ante el debilitamiento y las contradicciones que consumen al MVR. Estos sectores efectivamente respondieron al llamado y generaron un clima de violencia para presionar a los miembros de la máxima instancia judicial y para demostrar –cosa que afortunadamente no pudieron lograr- su capacidad de convocatoria popular.
La contraseña de Chávez el martes 13, significo un balde de agua fría para el sector talibánico. Era imposible que militantes fanatizados y comprometidos con una estrategia que asume la violencia como una pieza clave pudiesen digerir las palabras absolutamente contradictorias de su jefe político.
Es cierto, que la decisión del TSJ supone un factor transitoriamente tranquilizador en el cuadro político y fundamentalmente en el seno de la Fuerza Armada Nacional, pero al mismo tiempo revela el grado de debilidad y aislamiento que debe enfrentar el presidente en las próximas semanas sobre todo cuando se facilita –a partir de la aprobación de la ponencia Arriechi el miércoles 14- el curso de las numerosas querellas intentadas contra el mandatario por supuestos delitos algunos de los cuales son demasiados obvios.
EL ESCANDALO
DE LOS BONOS
Todavía no se tiene una idea exacta de las magnitudes del escándalo que inevitablemente provocará sobre la adjudicación de bonos de manera directa por el Ministerio de Finanzas, por el Banco Central de Venezuela y que no pasó –aunque legalmente no resultaba obligatorio- por la instancia de la asamblea Nacional.
Las versiones sobre la operación son numerosas y todas ellas alarmantes y graves. Se habla de altas comisiones en dólares e incluso circulan documentos que comprometen al ministro Tobías Nóbrega y a su equipo asesor. Muchos especialistas consideran que la emisión de estos bonos podría complicar la salud del sistema financiero. Las próximas semanas serán decisivas para que el país conozca los alcances de los que considera uno de los actos de corrupción más escandalosos y costosos de la revolución bolivariana.
LSA CALLES
SON DEL HAMPA
La posible intervención de la policía Metropolitana por parte del Ejecutivo Nacional, sería sólo el comienzo de un plan dirigido a debilitar las instituciones policiales regionales y municipales en manos del poder nacional. En circunstancias normales, un debate planteado en estos términos podría resultar pertinente. Pero dentro del cuadro de tensión política que se vive en el país, es evidente que existe la pretensión del gobierno central de concentrar las instancias policiales, justamente, cuando estas son desafiadas por los grupos paramilitares promovidos, financiados y estimulados por el oficialismo para configurar una instancia paralela que se encargaría de ejercer el control de las calles, no en función de los intereses ciudadanos, sino como parte de un proyecto político, que pasa por quebrantar la legalidad y las funciones propias de la PM y de las policías que actúan en la preservación del orden público en estados y municipios del país.
15/08/2002
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