LA DICTADURA

Análisis

25/06/2002

LA DICTADURA

Manuel Felipe Sierra

Las próximas semanas estarán signadas por el curso de solicitudes ante el Tribunal Supremo de Justicia para iniciar un cúmulo de juicios contra el presidente Chávez, por supuestos delitos que van desde la malversación hasta el soborno por parte de un banco extranjero que le hizo entrega de una parte del millón y medio de dólares que aportó para su campaña electoral, cuando ya Chávez ejercía funciones de gobierno. Las reacciones iniciales del mandatario ante esta posibilidad revelan su decisión de no acatar una sentencia eventualmente desfavorable del máximo tribunal.  Para ello ha recurrido a un argumento falaz pero eficaz para conectarlo con los sectores más radicalizados que lo apoyan: la defensa de la revolución bolivariana.  Es decir, no se trataría de juicios puntuales referidos a materias concretas, sino de una nueva operación de sus opositores para obligarlo a renunciar.  En la práctica ello se traduce en un desconocimiento del poder judicial y de la institucionalidad democrática y lo coloca en el peligroso plano de la insubordinación.  ¿Contará Chávez con apoyo suficiente para adoptar una actitud de esta naturaleza, que significa nada más y nada menos, que un golpe de Estado?.  ¿La Fuerza Armada Nacional, cuyos principales voceros reiteran de manera recurrente su apoyo al sistema democrático, lo acompañarían en una aventura semejante?.  ¿Cuál sería el comportamiento de los organismos internacionales, especialmente la OEA, que han venido siguiendo con atención el caso de Venezuela?.  Obviamente, la estrategia de Chávez –además de mantener la moral de sus partidarios- trata de crear un clima de intimidación y de miedo que pueda inhibir, con la amenaza de la  violencia, a algunos magistrados del TSJ y otras instancias de los poderes públicos.  Pero objetivamente, si Chávez tomase el camino del desconocimiento de la legalidad tendría poco campo de maniobra.  Chávez logró el 11 de abril el apoyo de factores nacionales distintos al chavismo y de la opinión internacional porque en aquel momento se trató de una alteración del orden constitucional.  Entonces tenía en sus manos la carta de la legalidad democrática.  En el supuesto de que ahora, de producirse una decisión judicial en su contra decida desconocerla, se pondría sencillamente al margen de la ley y perdería toda legitimidad. De esta manera las cosas cambiarían y la viabilidad de un gobierno sustentado en el desprecio a las leyes le daría una escasisima posibilidad de sobrevivencia.