LA SEMANA EN TRES ACTOS
Manuel Felipe Sierra
LA JUSTICIA
DE ISAÍAS Y CARMONA
Si algún hecho queda perfectamente claro a raíz de los últimos acontecimientos, es la fragilidad de la justicia venezolana. La multitudinaria manifestación del jueves 23, que pidió la renuncia del Fiscal General Isaías Rodríguez, y el mismo día el asilo del presidente provisorio Pedro Carmona Estanga, tienen en común que ambos hechos refuerzan la convicción de que vivimos en un país con instituciones no sólo débiles, sino impotentes e incapaces de asumir sus más elementales funciones.
Desde hace unos meses, y más aún después de los sucesos del pasado mes de abril, Rodríguez y los demás miembros del Poder Ciudadano, han debido poner sus cargos a la orden. El vacío de poder generado el 11 de abril no sólo implicó el colapso momentáneo de la institución presidencial, sino también la caída de todo el entramado institucional.
No verlo de esta manera es un grave error de óptica. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Chávez regresó a la Presidencia de la República porque su salida no fue el producto de una acción fríamente calculada y ejecutada sino un accidente generado por un extendido clima de confusión y pérdida de credibilidad en los órganos públicos. Las causas que determinaron su ausencia por 48 horas, no han cesado ni podrán ser superadas a través de investigaciones rutinarias de los órganos judiciales, ni tampoco de maratónicas interpelaciones en la Asamblea Nacional.
La ingobernabilidad que padece el país tendría que ser enfrentada con medidas lo más radicales posibles. Y en ello le corresponde un papel esencial al Ministerio Público. Las recientes crisis políticas vividas en países como Perú y Argentina no desembocaron en peores consecuencias, porque las demás instituciones del Poder Público actuaron de manera oportuna y en función de fortalecer el sistema democrático.
Lo que ocurre en Venezuela es todo lo contrario. Ante un debilitamiento sensible de la figura presidencial y una fractura difícilmente insoldable de la Fuerza Armada Nacional, el Poder Ciudadano ha eludido su responsabilidad con la mayoría de los venezolanos y actúa como un apéndice del Gobierno Central. Cuando el Fiscal General acepta el apoyo de los partidarios del oficialismo – el viernes fue aclamado por los círculos bolivarianos en Caracas- deja de ser el representante de todo los venezolanos para convertirse en un dócil instrumento de una política que está conduciendo al país a una impredecible confrontación en la cual se juega el destino de la democracia.
La tarde del jueves cuando Pedro Carmona se refugió en la casa del embajador colombiano lo hace entre otras cosas, porque pensaba en el destino infeliz del celebre “chinito de Recadi”. Hasta ahora todo el peso de la investigación y de las sanciones a que hubiere lugar parecían concentrarse en el expresidente de Fedecámaras, quien sin duda es responsable de haber usurpado facultades que no le eran propias, pero que no lo hizo por su cuenta y riesgo. Los militares que facilitaron su gobierno de facto reciben un trato distinto (ese mismo día su juicio fue suspendido por la Fiscalía Militar) entre otras razones, porque son uno de los factores beligerantes en la lucha encarnizada por la hegemonía militar, que los venezolanos vienen presenciando diariamente en las pantallas de televisión.
En estas circunstancias puede pasar cualquier cosa. Entre ellas la más grave: es la desconfianza en la administración y el peso de la justicia. En este tiempo del mandato chavista nadie tiene autoridad moral para condenar a culpables ni absolver inocentes. Isaías Rodríguez hubiese quedado mejor ante la historia de haber tomado la misma decisión de Pedro Carmona.
EMBAJADORES
DE MENTIRA
Primero fue Pdvsa. Sus niveles meritocráticos fueron sometidos a un proceso de erosión que provocó un agudo conflicto de ocho semanas y que funcionó como estímulo para el paro general del 9 de abril. Una vez que el presidente Chávez regresó a Miraflores aceptó la renuncia de la junta directiva de Pdvsa que había provocado la protesta de los trabajadores. Mal que bien la empresa petrolera preserva ahora los niveles profesionales de excelencia que estuvieron a punto de ser arrasados por la politización y la ideologización chavista.
Después del golpe de Estado o el vacío de poder del 11 de abril, la meritocracia militar está sentada en el banquillo. Según el curioso criterio del ministro de la Defensa, general en jefe Lucas Rincón, para los ascensos y los reconocimientos en la estructura castrense vale más “la lealtad que las credenciales”. Y ello está ocurriendo. Por eso coroneles sustituyen a generales y los méritos ganados en la vigilia de las academias pesan mucho menos que el incondicionalismo ante los jerarcas uniformados.
Ya había signos de ello, pero ahora no cabe la menor duda: la meritocracia en el servicio exterior tiene sus días contados. De nada valen los estudios, los post-grados, la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en diversos países por los funcionarios de carrera. Ahora el canciller Luis Alfonso Dávila ha desempolvado un reglamento según el cual, una mayoría de los más conocidos y eficientes embajadores y funcionarios del servicio exterior no llenaban las condiciones para ello. ¿Cómo queda entonces el prestigio y la eficiencia de la diplomacia venezolana ante los ojos del mundo?.
El final de la historia es clara: la estrategia chavista contempla la limpieza tecnocráticas y meritocráticas de las instancias (petrolera, militar y diplomática) sobre las cuales descansa en buena medida el funcionamiento del Estado. Es el regreso al planteamiento original chavista de que es indispensable demoler las instituciones de la vieja política. ¿Pero con quién sustituirlas?. En tres años los hechos están a la vista.
EL MECANISMO
CONSULTIVO
De las opciones que maneja la Asamblea Nacional y los partidos políticos en busca de una salida al atolladero de gobernabilidad del país, la más rápida, expedita y ecuánime es el referéndum consultivo. Las otras fórmulas: recorte del período en cuatro años, con la cual simpatizan sectores de la oposición y la renuncia de Chávez con la consiguiente convocatoria a elecciones en un plazo perentorio, que no disgusta a dirigentes del MVR, van a encontrar serios escollos en el escenario legislativo y de manera especial en el propio mandatario. La fórmula consultiva, en cambio, es una medición democrática transparente e inobjetable y no supone como las anteriores, al margen de sus resultados, la salida automática de Chávez. No obstante, hay sectores de la oposición que estimulados por la fortaleza de las últimas manifestaciones (que dicho sea de paso no han sido obra de su poder de convocatoria) se consideran en situación ahora de imponer ridículas e imposibles condiciones.
24/05/2002
No hay comentarios:
Publicar un comentario