¿QUIÉN PAGA LOS MUERTOS?

LA SEMANA EN TRES ACTOS

Manuel Felipe Sierra

¿QUIÉN PAGA

LOS MUERTOS?

César Gaviria vino a Venezuela.  Levantó un informe sobre los detalles que rodearon la salida del presidente Chávez el 11 de abril y su retorno el domingo 14.  En la comunidad internacional se ha creado un estado de preocupación, cada vez mayor, en relación con la vigencia del régimen constitucional venezolano.  El expresidente colombiano se reunió con diversos sectores y su informe establece – más allá de la grave situación política del país – que el régimen de Chávez se inscribe en los términos de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, aprobada en septiembre el año pasado en Lima; y que suspende de modo automático a aquellos gobiernos que surjan como producto del quebrantamiento de la voluntad popular. 

Curiosamente, la oposición venezolana entró en disquisiciones absolutamente irrelevantes y secundarias sobre la legitimidad o no del gobierno, a partir de la supuesta renuncia del mandatario ante el alto mando militar.  El hecho cierto, es que por encima de errores graves o menores de tipo procedimental, la manera cómo se constituyó el gobierno provisorio de Pedro Carmona Estanga y los decretos dados a conocer en ese momento, sin la menor duda, suponen una alteración del hilo constitucional.  En este sentido, la opinión de Gaviria a favor de la legalidad chavista ya era compartida por cientos de venezolanos que todavía no salen de su asombro ante el inmenso disparate que marcó el fugaz cambio de gobierno.  

Pero la oposición omitió el problema de fondo: Venezuela está siendo observada y procesada en el seno de la Organización de Estados Americanos por denuncias sobre reiteradas violaciones a los derechos humanos y en especial a la libertad de información.  Sobre esta materia el organismo ha investigado de manera suficiente.  Incluso, el fiscal de la Comisión de Derechos Humanos, Santiago Cantón, vivió una desagradable experiencia hace unas semanas, cuando constató en carne propia en Caracas la animadversión de los grupos chavistas contra los medios de comunicación.  Es más, la propia OEA ha liberado ocho resoluciones de amparo cautelar a editores, periodistas y medios que de manera olímpica han sido desconocidas por el gobierno. 

Al mismo tiempo se encuentra el tema de la violación masiva de los derechos humanos.  La salida temporal del mandatario obedeció fundamentalmente a la espantosa masacre de ciudadanos inocentes que manifestaban de modo pacífico la tarde del 11 de abril.  Pero es más, durante los días 13 y 14 en varias barriadas caraqueñas fueron asesinados numerosos compatriotas – según las estimaciones policiales muchos más que los caídos dos días antes - lo cual configura un macabro cuadro de muertes y sangre.  Frente a ello la actitud del gobierno ha carecido de la energía y la diligencia que estos hechos exigen.

No puede olvidarse tampoco la situación de los cientos de muertos durante el “Caracazo” el 27 de febrero de 1989, caso que después de recorrer los más inverosímiles vericuetos de las instancias internacionales después de trece años, todavía no han  merecido la necesaria aclaración y menos aún el debido castigo.  Tampoco pueden olvidarse las denuncias sobre numerosos fusilamientos y ejecuciones a raíz de la tragedia natural ocurrida en Vargas en diciembre de 1999 y atribuidos a cuerpo policiales. 

Es decir, Venezuela acumula un extenso prontuario en materia de violación de los derechos humanos, que tienen que ver con la vida y la libertad de expresión y que podrían según la opinión de especialistas como Hermán Escarrá, y que podrían acarrear la aplicación eventual de la carta de la OEA al país.  Por eso, la visita de Gaviria era una excelente oportunidad para reactualizar estos casos y para que la oposición exigiera una mayor atención del organismo en el establecimiento de responsabilidades frente al gobierno nacional.

La legalidad o ilegalidad del gobierno de Chávez, a estas alturas, es un hecho de menor importancia que ha debido diferenciarse claramente de la materia sustantiva que envuelve al Estado venezolano ante la Organización.  Y que es, nada más y menos el tema más sensible y de mayor repercusión internacional: la defensa de los derechos humanos. 

EL HOMBRE FUERTE

El general de brigada Raúl Elías Baduel, demostró durante el sábado 13, cuando permaneció sublevado en la Guarnición de Paracaidistas, en Maracay – que como se decía- es el “hombre fuerte” del Ejército.  En torno a él se han tejido numerosas versiones.  Incluso en algunas oportunidades se ha dicho que acariciaba proyectos conspirativos.  Es, como se sabe, el único comandante de los juramentados ante El Samán de Güere en 1981, que permaneció en las sombras para estructurar el movimiento golpista que estalló el 4 de febrero de 1992. 

Hombre de la confianza de Chávez, lo es sin embargo, también de los comandantes fundadores del núcleo bolivariano: Arías Cárdenas, Urdaneta Hernández, Acosta Chirinos, etc.  Se aseguraba que Baduel tendría conexiones con un grupo empeñado en reagrupar el llamado sector de los “comacates”, para refundar el proyecto originario, incluso con prescindencia de Chávez quien habría pactado con la estructura institucional de la FAN.  El 11 de abril, se comentó insistentemente que su pronunciamiento sería a favor de un gobierno provisorio, siempre y cuando se garantizase la continuidad del hilo constitucional. 

Baduel esperó (el militar con mayor capacidad de fuego bajo sus órdenes) hasta la mañana del sábado 13 y nunca fue consultado ni contactado por el nuevo gobierno, ni por el grupo de militares que quiso aprovechar la coyuntura propiciada por el breve mandato de Carmona.  Ese día se declaró en rebeldía y sus planteamientos no sólo obligaron a rectificar el Decreto que daba nacimiento al nuevo gobierno sino que logró restituir como inspector general de la FAN al general de tres estrellas, Lucas Rincón (quien había tenido veleidades con los golpistas) y fue el factor decisivo para el retorno de Chávez.  ¿Cuál será el futuro de Baduel?.

RELACIONES PELIGROSAS

No son buenas las relaciones entre Caracas y Washington.  Si bien el gobierno de Bush apoya el hilo constitucional venezolano, es decir, la presidencia de Chávez, en las altas instancias del gobierno norteamericano persisten reservas en relación a la naturaleza democrática del gobierno.  En los próximos días se conocerán detalles de los pasos que funcionarios de la principal potencia del mundo han dado para estimular la salida del mandatario. Para Estados Unidos Chávez sigue manteniendo una actitud de aproximación inaceptable con Fidel Castro y es un obstáculo para la operación final de exterminio de la guerrilla colombiana.  El embajador Charles Shapiro mantuvo durante la semana pasada una intensa ronda de conversaciones con políticos y sectores gremiales para aclarar que una cosa es el apoyo de su país a la legitimidad constitucional de Chávez, como lo señaló en el marco de la OEA y otra, muy distinta, las relaciones bilaterales entre ambos países             

18/04/02