LA PAZ Y LA GUERRA

Análisis

19/02/2003

LA PAZ Y LA GUERRA

Manuel Felipe Sierra

La firma por los representantes del gobierno y de la oposición en la Mesa de Negociaciones y Acuerdos de una declaración contra la violencia, es un paso importante en la búsqueda de una salida a la severa crisis de gobernabilidad. Podría interpretarse como un discreto avance  de la misión facilitadora que desde hace tres meses conduce César Gaviria.

Pero hasta allí. Sería un error creer que el documento (que contiene una exhortación "a frenar la intemperancia verbal", que obviamente esta dirigido contra el presidente Chávez) supone un acuerdo. Ya el año pasado el mandatario se negó a suscribir un papel inicial para dar paso a las conversaciones entre ambos factores. Sin embargo, el espíritu de aquel llamado ha sido sistemáticamente desconocido y vulnerado por el gobierno.

La experiencia demuestra que después del 1l de abril del año 2002, cuando Chávez se vio obligado a dejar por dos días la Presidencia de la República, en el alto gobierno se definió una estrategia que se cumple en dos vertientes: el vicepresidente ejecutivo José Vicente Rangel y el canciller Roy Chaderton iniciaron una operación supuestamente a favor del dialogo pero que tal como fue concebida, sin la presencia de interlocutores válidos, condujo a un rotundo fracaso. No era más que una maniobra distraccionista y puramente mediática porque como se sabe, el proceso bolivariano es refractario a las instancias del entendimiento y las coincidencias.

No obstante, de cara a la comunidad internacional Chávez se vio obligado a dar "luz verde" a las gestiones de Gaviria, el Centro Carter, el Pnud de la ONU y más reciente, a la constitución del Grupo de Amigos. ¿Pero qué ha ocurrido en los tres meses de reuniones de la mesa? Simplemente que  Chávez ha utilizado el tiempo para acelerar su plan autoritario y fortalecer los grupos paramilitares y los círculos bolivarianos que fomentan la violencia.

Cuando se instaló la Mesa de Negociaciones y Acuerdos se clamaba justicia por las víctimas del Puente Llaguno. ¿En tres meses cuántos venezolanos más han resultado heridos, incluyendo la masacre de Altamira cuyo autor confeso es protegido por la policía política?. Las protestas y manifestaciones en Caracas y en el interior del país concluyen diariamente con ciudadanos, particularmente mujeres, objeto de la acción agresiva de los "círculos del terror" o la represión feroz de la Guardia Nacional convertida en brazo armado del chavismo talibánico.

Cuando se inició el diálogo -hay que recordar que los representantes del oficialismo lo han interrumpido varias veces- existía una severa recesión económica que hoy se ha traducido en una catástrofe nacional  nunca antes conocida en la historia, con controles de cambio y de precios abiertamente punitivos y políticos. El martes,  cuando se exaltaba la importancia de la declaración de los negociadores, se daba cuenta, al mismo tiempo, del espantoso ajusticiamiento de tres soldados de la logística de la disidencia militar de la Plaza Francia y dos jóvenes mujeres que los acompañaban; y del asalto salvaje por efectivos del CICPC al personal médico del hospital "Domingo Luciani". Más allá de las circunstancias que rodean estos hechos, sin duda alguna, ellos obedecen, al clima de terror que el discurso presidencial y la intimidación que los círculos bolivarianos han sembrado en el país; y a la obscena impunidad impuesta por la deliberada ineficacia de la Fiscalía General de la República  y la Defensoría del Pueblo. Venezuela, que no está envuelta en un conflicto armado como sostienen los voceros del chavismo, enfrenta, ciertamente, de manera pacífica y desarmada la más brutal ofensiva que exista en el Continente por parte de un gobierno que tomó, sin regreso, el camino de la neodictadura.