LA SEMANA EN TRES ACTOS
07/12/2002
LA SANGRE
DE ALTAMIRA
Manuel Felipe Sierra
Era previsible. De alguna manera estaba escrito en el código silencioso de los hechos históricos. Los disparos que segaron vidas la noche del viernes en la Plaza Altamira es sólo una muestra sangrienta del severo drama de violencia que asfixia al país. Después de una semana de paro cívico, que devino en una huelga petrolera nacional y en una protesta generalizada, al gobierno -que viene jugando en el escenario siniestro de la violencia- no le quedaba otra carta que desafiar la voluntad democrática de los venezolanos mediante la aplicación del crimen.
Seguramente, surgirán diversas versiones e interpretaciones. Es posible que un demente de nacionalidad portuguesa, capturado en las inmediaciones de la Plaza Francia, se convierta en el “chivo expiatorio” de la tragedia. Pero se trataría de una acomodaticia explicación. El telón de fondo de los acontecimientos que conmueven a Venezuela, consiste en la aplicación por Chávez de un proyecto autocrático y totalitario, que pasa irremediablemente, por la vulneración de los principios y definiciones fundamentales del sistema democrático.
¿Es casual acaso que después de ocho meses no se hayan establecido responsabilidades a los pistoleros que masacraron a diecinueve compatriotas en Puente Llaguno?. ¿No tiene que ver, de una manera decisiva, el discurso intransigente y agresor del mandatario y su entorno, en las turbulencias políticas que ahora amenazan la propia sobrevivencia del régimen?.
Venezuela ha llegado a un nivel, ya irreversible, de conflictividad política y social. Por una sola razón: el empeño lunático en tratar de comprometer la conciencia nacional en un proyecto divorciado de la realidad y que sólo se concibe dentro de una nebulosa perspectiva “revolucionaria”. Lo que ha acontecido la última semana es suficiente para que un gobernante con mediana capacidad de estadista, hubiera producido un golpe de timón en el rumbo de sus políticas. Solamente el delirante mesianismo de Chávez, ha impedido un acto de reflexión para comprender las difíciles claves del cuadro político venezolano. Un paro cívico de una semana; la costosa paralización de la industria petrolera; el esfuerzo material de industriales y comerciantes; el rechazo militante a una política traducido en multitudinarias protestas nacionales y la sangre inocente de menores y ancianos en Altamira, tendrían que provocar cuando menos, una rectificación o la revisión de un esquema que ya es demasiado sabido se opone a las verdaderas corrientes de la vida y la realidad histórica. Tal como están las cosas al gobierno se le cierran los caminos. No es posible prolongar por más tiempo una estrategia represiva y de hostigamiento contra la mayoría de la población. No es posible acumular mayor número de violaciones a la Constitución Nacional y al pleno ejercicio del Estado de Derecho. No es posible que el venezolano siga sometido a un severo castigo de su salud mental. No es posible, de ninguna manera que se atente contra la integridad de instituciones como la Fuerza Armada Nacional, PDVSA, la Policía Metropolitana y los factores que configuran el poder público.
No obstante, la alocuciones de Chávez, del vicepresidente de la república José Vicente Rangel y el ministro del Interior y Justicia Diosdado Cabello la noche del viernes, cuando todavía permanecía quemante la sangre de las víctimas, que cumplían con un elemental deber ciudadano, pusieron de manifiesto una decisión - absolutamente catastrófica- que estimula la confrontación y el desencuentro de un país colocado ya en el borde de un precipicio de violencia e irracionalidad.
LA CARTA VA
Cesar Gaviria ha sido conminado por los países miembros de los países de la Organización de Estados Americanos a presentar un informe sobre la situación venezolana. Durante los últimos días ha recibido en el hotel Melía la visita, no sólo de los embajadores latinoamericanos sino también de los representantes de otras naciones. Todos han coincidido en ratificar la confianza a su gestión mediadora. Al mismo tiempo, es evidente la convicción de que el conflicto político del país obliga a la aplicación de los términos precisos de la Carta Interamericana Democrática, que supondrían la exclusión de Venezuela de la comunidad continental. Si bien ello no establecería sanciones económicas, supone cambio, un castigo moral y político imposible de eludir en un mundo globalizado y cada vez más interdependiente.
UN BARCA
EN LA BAHÍA
No fue la Armada Nacional. Fueron los oficiales de la Marina Mercante quienes determinaron un ritmo imprevisto en la convocatoria de la Coordinadora Democrática, CTV y Fedecámaras, al paro cívico nacional que se inició el lunes, 2 de diciembre. Durante varios días la mayoría de los tanqueros petroleros y otras embarcaciones, han permanecido fondeadas en los principales puertos del país. Las consecuencias son obvias: riesgo de desabastecimiento de productos vitales; caída del flujo diario en las exportaciones de petróleo; y saturación de las refinerías y lugares de embarque. Seguramente, nunca se pensó en el alto gobierno que la respuesta más contundente contra su política fuera dada por este grupo de venezolanos que resienten de un régimen con inequívoco perfil autoritario. Tampoco deja de llamar la atención que el buque insignia de la protesta haya sido bautizado “Pilin León”. No es por azar que el petróleo y las reinas de belleza representen el logotipo de Venezuela en el mundo.
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