EL CERCO INTERNACIONAL

LA SEMANA EN TRES ACTOS

 Manuel Felipe Sierra

EL CERCO

INTERNACIONAL

Ahora el gobierno tendrá que vérselas con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).   Bernard Gernigon, jefe del Servicio de Libertad Sindical, fue claro: “la posición de la OIT sobre este problema se fundamenta en el Convenio 87 sobre la libertad sindical que fue ratificado por Venezuela, que dice que las organizaciones de trabajadores deben tener el derecho a elegir libremente sus representantes y organizar su propia elección sin injerencia de los poderes públicos”.  Y esa es una verdad reconocida incluso por regímenes confesamente dictatoriales.

Una acción de protesta motorizada por la OIT tendría un efecto más que catastrófico para la imagen severamente cuestionada ya del país y supondría graves inconvenientes para el comercio internacional venezolano.  Es rigurosamente histórico que la dictadura de Pinochet accedió al sistema de fondos mixtos para la seguridad social (que justamente hoy explican los altos niveles del ahorro interno chileno) ante la presión de los trabajadores de los puertos de Estados Unidos que estuvieron a punto de declarar un boicot contra los bienes de importación y exportación de ese país.

El movimiento sindical, es por definición, autónomo e independiente en relación con las esferas oficiales.  Los intentos por estimular agrupaciones obreras paralelas desde las alturas del poder han estado condenadas al fracaso.  No es por casualidad que ninguna dictadura ha podido crear centrales obreras poderosas que sean sumisas e incondicionales ante sus políticas. El caso de Perón y el peronismo en Argentina se explica porque ya existía una clase obrera pujante que recibió de Perón y de Evita un tratamiento privilegiado.

Pero el chavismo siempre ha carecido de apoyo obrero.  Su soporte fundamental son sectores de menores ingresos con escasa organicidad y que actúan emocionalmente, enganchados por el carisma de un líder y por promesas genéricas de redención social.  Lo ocurrido el año pasado en las elecciones para la renovación de las estructuras sindicales tiene el valor de una contundente elección.  Chávez apostó a su popularidad y encontró en Aristóbulo Isturíz a un candidato que iba mucho más allá del área de influencia del chavismo puro.

No obstante, los resultados están a la vista.  Isturíz (él mismo lo confesó) fue literalmente aplastado por la fórmula unitaria encabezada por Carlos Ortega.  Por eso el afán por deslegitimar la consulta a través de un CNE dócil y maleable, supone una jugada infantil e inútil.  El oficialismo no cuenta con otra central organizada que pueda convertirse en interlocutor ante los vientos huracanados de la conflictividad social.  Y no existe en el país ninguna otra organización con capacidad y fuerza suficientes para movilizar y conducir a los obreros en sus protestas.

Pero lo más grave, es que una decisión de esta naturaleza supondría automáticamente la violación del convenio 87 de la OIT que convertiría al país en un Estado objeto de sanciones internacionales que rebotarían sobre la credibilidad democrática del gobierno y que contribuirían aún más a una creciente situación de aislamiento internacional.

Lo mismo ocurre con el tema de los derechos humanos.  Hace pocos días el gobierno norteamericano presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.  El documento consideró el desempeño de Venezuela en esta materia como “pobre” señalando que había empeorado el año pasado en algunos casos.  La evaluación señala que “la policía y los militares cometieron asesinatos extrajudiciales de sospechosos de ser criminales a un ritmo mayor que años anteriores”.  Obviamente, se refería a los llamados “grupos de exterminio” que operan en el interior del país, especialmente en el estado Portuguesa.

Pero quizás el hecho más grave para el rostro externo del país estuvo marcado por la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que consideró las violaciones a la libertad de expresión contenidas en la sentencia 1013 del Tribunal Supremo de Justicia sobre el derecho a réplica y la libertad de expresión y las denuncias reiteradas del Bloque de Prensa Venezolano (cuyos directivos estuvieron presentes en la sesión en Washington).  Las visitas al país del comisionado de la CIDH, Santiago Cantón y de los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa sirvieron para constatar que en el país se vive un clima de intimidación y acoso contra los medios de comunicación, editores y periodistas.  Ya esta Organización había colocado a Venezuela por debajo de Cuba y Haití como los países menos respetuosos de este principio universal.

No es descartable que las investigaciones en esta instancia – lo cual sería funesto para el país  - concluyan solicitando a la OEA la aplicación de la Carta Democrática aprobada en septiembre pasado en Lima, la cual establece severas condenas para aquellos países miembros de la Organización que atenten contra los derechos humanos.

Sin embargo, el gobierno parece sordo frente a estos hechos que implicarían un férreo cerco internacional, precisamente, cuando el país requiere de mayores espacios para consolidar su presencia económica en el mundo.

EL MONÓLOGO

DE GUAICAIPURO

El ex presidente de PDVSA general Guaicaipuro Lameda sigue repitiendo un largo y dramático monólogo: la situación fiscal del país y las dudosas cuentas de PDVSA.  Antes de abandonar el cargo hizo los señalamientos correspondientes en el seno del Gabinete Económico, del cual fue sorpresivamente excluido.  Le hizo llegar sus números al propio presidente Chávez.  Después de dejar la jefatura de la empresa, se fue a la Asamblea Nacional para someterse a una interpelación.  La mayoría oficialista rompió el quórum.  Retó al ministro de Planificación Jorge Giordani a un debate.  Fijó el escenario y la hora.

Giordani no apareció.  Y Lameda se vio obligado a exponer sus criterios ante un grupo de periodistas.  Las cifras aportadas por el militar son escalofriantes.  El país marcha irremediablemente hacia una crisis fiscal de inquietante envergadura.  Las presiones sobre la empresa estatal de petróleo le impiden a ésta continuar con sus planes de expansión.  Lameda acusa directamente al Presidente de la República de conducir al país a una catástrofe económica y a sus más cercanos colaboradores de ocultarle al mandatario las dimensiones del caos que se aproxima.  Lameda busca, sin duda, un lugar en la política venezolana.  Pero mientras tanto sería bueno oírle lo que piensa y lo que dice.

COLOMBIA

NO ESTA LEJOS

El informe de la DIM sobre la presencia de jefes guerrilleros en Venezuela sólo confirma lo que es un comentario generalizado.  Es lógico, que ante la agudización del conflicto armado en ese país, zonas del territorio venezolano sean utilizadas para el repliegue y el alivio de los grupos guerrilleros.  Pero también hay incursiones recurrentes de los grupos paramilitares en la frontera zuliana, pese a los desmentidos del ministerio de la Defensa.  Ciertamente, hasta ahora ni los guerrilleros ni los paramilitares han actuado militarmente, salvo en tomas de algunos caseríos fronterizos.  Pero la dinámica de la guerra obligará necesariamente a una mayor “colombianización” del país.  Sobre todo si se toma en cuenta que el candidato (virtualmente electo nuevo Presidente de Colombia Alvaro Uribe Vélez)  ha basado su exitosa campaña en una promesa de confrontación directa contra los grupos armados.  El gobierno, sin embargo, sigue viendo la guerra colombiana como si se tratara de una operación militar distante y lejana.  En Afganistán, por ejemplo.        

14/03/2002