LA VIOLENCIA

Análisis

05/08/2002

LA VIOLENCIA

Manuel Felipe Sierra

Era inevitable que la política del gobierno condujera a la exacerbación de la violencia.  Cuando a finales del año pasado Chávez provocó el deslinde con los factores democráticos del MVR, que condujeron a la salida posterior de Luis Miquilena se trataba de un plan perfectamente claro: la radicalización de las orientaciones claves del proyecto bolivariano. Ello no obstante, significó el endurecimiento también de nuevos factores de la sociedad civil que venían madurando en los espacios del antichavismo y que cobraron protagonismo a partir del paro cívico del 10 de diciembre y las posteriores movilizaciones de masas que condujeron a la gigantesca marcha del 11 de abril, que desembocó en la masacre de El Silencio y en la salida de Chávez por 48 horas del poder.  A su regreso, era previsible que el alto gobierno introdujera algunas rectificaciones ante un acelerado debilitamiento de la base de sustentación del régimen.  Pero no ha ocurrido de esta manera.  Pese a un llamado al diálogo, que desde un comienzo se supo condenado al fracaso, por cuanto era negado con los hechos diarios  y un persistente discurso presidencial de estimulo a la confrontación. 

A casi cuatro meses de aquellos trágicos sucesos el cuadro político está cada vez marcado por la agresividad y la conflictividad desatada desde el gobierno.  Los círculos bolivarianos se han reforzado mediante el financiamiento y la protección del oficialismo y son conducidos nada más y nada menos que por el propio ministro del Interior y Justicia Diosdado Cabello y el alcalde del Municipio Libertador Freddy Bernal.  Su presencia ya no sólo se reduce a los alrededores del Palacio Legislativo desde donde hostigan diariamente a los parlamentarios de la oposición, sino que están presentes con una inusitada carga de agresividad frente al Palacio de Justicia, la CTV y operan en varias regiones del interior.  El esquema es evidente: generar un clima de intimidación que pudiera disuadir la protesta cada vez mayor de los nuevos factores de la emergencia social.  Pero como es lógico, ello provoca una inevitable reacción.  El resultado ha sido un engerrillamiento mayor en el país que ha provocado no sólo la preocupación, sino la gestión de buenos oficios del Centro Carter, la OEA, la ONU, la Internacional Socialista; y que de prolongarse supondrá seguramente la aplicación de los mecanismos de La Carta Interamericana Democrática de la Organización de Estados Americanos aprobada en septiembre en Lima.  Pero el hecho más grave es la emergencia de grupos armados de confesa orientación paramilitar como los Tupamaros, La Organización Bolivariana y más recientemente el Grupo Revolucionario Carapaica que asumió su responsabilidad en el ataque armado a efectivos de la Policía Metropolitana; y presentó una lista de opositores al gobierno a quienes definen como objetivos de guerra.  Ello con el apoyo o en el mejor de los casos la neutralidad de Chávez y los más altos funcionarios de su administración.  Se pone en evidencia entonces,  que el plan dirigido a promover la violencia está en marcha, lo cual dentro de un clima de crispación y exaltación política irracional conduce inexorablemente a una modalidad de guerra civil que si, ciertamente, no tiene la magnitud del conflicto colombiano tiende sin embargo a colocar las cosas en un plano en el cual se pone en peligro la vigencia del sistema democrático y la paz del país.