Patada a la mesa

Manuel Felipe Sierra

El destino de la Mesa de Negociaciones y Acuerdos, facilitada por el secretario general de la OEA, César Gaviria, estaba perfectamente previsto. La iniciativa de una gestión externa para tratar de superar el cuadro de ingobernabilidad generado después de los episodios del 11 de abril del 2002, fue simplemente una maniobra distraccionista, un recurso para que el gobierno ganara tiempo. Por eso, se explica el llamado al diálogo del vicepresidente José Vicente Rangel en aquel momento -sin que fuesen convocados los factores esenciales (CTV y Fedecámaras) de la confrontación que significó la ausencia del poder de Chávez durante dos días.

Estaba claro que no existía disposición para la búsqueda de un entendimiento entre gobierno y oposición. La presencia de representantes del Centro Carter, el PNUD y la posterior intermediación de Gaviria -que ya llega a los seis meses- en tediosas conversaciones entre representantes del oficialismo y la Coordinadora Democrática- no podía prometer alguna posibilidad de entendimiento. En primer término, porque en Venezuela no existe un conflicto armado ni un enfrentamiento entre bandos estimulados por la violencia. En el país se registra- ciertamente, una atipicidad en la historia reciente de América Latina- una convulsión marcada por el empeño de Chávez en imponer un  proyecto autoritario contra una sólida y robusta cultura democrática, que se le opone. Pero en la cual, el gobierno ejerce y ejecuta cada vez con mayor celeridad la represión propia del Estado y además, fomenta una curiosa respuesta subversiva mediante la creación de grupos financiados con los dineros públicos como los círculos bolivarianos y organizaciones paramilitares.

En otro orden, dentro del proyecto chavista, ya enrumbado con claros perfiles autocráticos, no existe espacio para negociaciones ni consensos. Chávez -y con mayor fuerza después de los resultados del largo paro cívico de diciembre y enero- el esquema es simple, y demasiado explicito: consolidar un régimen de fuerza, apuntalado en una Fuerza Armada Nacional desvirtuada en sus principios legítimos y en una acelerada ocupación de los espacios claves de la sociedad, a partir de una concepción personalista y mesiánica.

La presencia de miembros del Grupo de Países Amigos en Caracas desde ayer -como consecuencia del esfuerzo de Gaviria y del ex presidente estadounidense Jimmy Carter- encuentra a una nación que dibuja una severa acumulación de crisis. No es sólo la dificultad de gobernar cuando se ha producido deliberadamente una fractura desde el poder, sino un dramático trasfondo social y económico. La cifra de 695 personas asesinadas en la capital de la República, en cuatro meses en cualquier parte del mundo sería un patético resumen de desintegración e impunidad. Tres meses de un autoembargo del mercado cambiario coloca a Venezuela en una sala de terapia intensiva para los centros del poder mundial.

La revolución bolivariana acelera sus pasos, sobre una premisa, que los hechos con terquedad, han demostrado su inconsistencia, y según la cual, es posible reeditar en un espacio con la tradición democrática nacional un sistema que burla y desnaturaliza en todos sus actos al Estado de Derecho. Cuando los voceros del alto gobierno dan su versión a los emisarios de Estados solidarios con la tragedia nacional, deberían recordar que las causas que determinaron y explican el "Caso Venezuela" no han desaparecido, sino que por el contrario, cada día se agravan y complican.