Peor el remedio

Manuel Felipe Sierra

PEOR EL REMEDIO

La discusión originada por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre la libertad de expresión y el derecho a réplica ahora es cuando comienza. En las próximas semanas el tema seguirá ocupando los titulares de la prensa. Los recursos que se intentarán ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los numerosos pronunciamientos de organismos como la Asociación Internacional de Radio y Televisión, reunida la semana pasada en Caracas, la Sociedad Interamericana de Prensa y los gremios periodísticos rebotan negativamente contra la imagen del gobierno venezolano en el exterior.

Ello ocurre, justamente, cuando el presidente Chávez hace un esfuerzo por mejorar la percepción que se tiene en el plano internacional del proceso venezolano. En el orden interno, la extralimitación del magistrado Jesús Eduardo Cabrera tendrá también consecuencias desfavorables para el régimen. El debate promovido por la Asamblea Nacional, conjuntamente con iniciativas similares del Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de la Prensa, y las escuelas de comunicación de las universidades, seguramente terminarán por crear mayor confusión. Al mismo tiempo, están madurando propuestas – ya el MVR estudia una ley sobre información veraz- que en el fondo complicaran aún más la definición de criterios uniformes sobre la materia Por lo pronto, el padre del Presidente el gobernador de Barinas, Hugo de los Reyes Chávez y su hijo Argenis Jesús Chávez han sido los primeros afectados por la jurisprudencia de Cabrera.

La misma Sala Constitucional del TSJ  anuló un amparo concedido a ambos por tribunales  barineses contra el legislador regional Miguel Angel Rosales Aparicio, quién ha venido haciendo severas críticas a la gestión del gobernador y a los supuestos manejos irregulares del hermano del Presidente en su condición (ya fue sustituido por la instancia nacional del partido) de dirigente del MVR. Ya se había advertido sobre los riesgos de que la polémica decisión sobre la libertad de expresión y el derecho a réplica, tuviese efectos en diversos ámbitos de la vida nacional.

LA UNIDAD SINDICAL

Estaba escrito. No era previsible que el Frente Bolivariano de Trabajadores que lideriza el diputado Nicolás Maduro pudiera ganar las elecciones sindicales, frente a una CTV que ha sabido manejarse en un aparente proceso de renovación. Ya el FBT no tiene mayor interés en las consultas que se realizarán entre el 23 de julio y el 23 de septiembre a nivel nacional. El Consejo Nacional Electoral que venía retrasando el proceso mediante una serie de decisiones que complicaban al máximo el cumplimiento del cronograma, desistió de sus tácticas dilatorias y autorizó la celebración del proceso de acuerdo a los estatutos cetevistas. Estos últimos hechos abren de manera expedita el camino para una sólida victoria de la dirigencia cetevista y colocan al gobierno y al FBT ante el dilema de diluir sus fuerzas(con significativa presencia en el sector de los empleados públicos y la construcción) o crear una estructura paralela.

La segunda vía impone riesgos políticos. Las centrales obreras que responden verticalmente a los gobiernos no han tenido mayor viabilidad, incluso en regímenes de fuerza. Al mismo tiempo, nunca tendría la fuerza operativa ni la capacidad de generar opinión que una CTV relegitimada con la participación de la mayoría de los trabajadores sindicalizados. Por cierto, que el gobierno se vio obligado a ceder ante la activa protesta que durante 14 días mantuvieron los trabajadores de Pequiven en El Tablazo y Morón. El caso fue un alerta para quienes estaban estimulando prácticas de “piratería” como una manera de controlar sindicatos. A los obreros petroquímicos se les hizo firmar para discutir un contrato colectivo y sus firmas fueron usadas para legalizar una organización paralela que en pocas horas -en la madrugada de un día no laborable- suscribió un convenio colectivo con la empresa. El conflicto de Pequiven, sobre el cual ejerció notoria influencia el candidato (disidente del MVR) a la presidencia de la CTV, Froilán Barrios, es un indicador de la conflictividad social que vive el país.

¿ QUIEN ENFRENTA A LOS “EXTERMINADORES”?

Es inconcebible el silencio oficial ante la proliferación de los” grupos de exterminio” en el interior del país. El caso de Portuguesa no deja lugar a dudas sobre la actuación impune de un grupo armado que ajusticia delincuentes e inocentes con la misma saña. Pese a los desmentidos de las autoridades, los reportajes de Douglas Bolívar en este periódico, dejaron en claro una situación semejante en Falcón. Se han producido también denuncias del mismo tenor en Yaracuy y últimamente la Asociación de Ganaderos de Barinas aportó informaciones sobre la actuación de un comando ilegal que asesina campesinos -con el pretexto de que son delincuentes- en la región.

Hasta ahora algunos voceros se escudan con el argumento de que la “población apoya” la muerte de los delincuentes. Esa es una explicación no sólo irresponsable sino cínica. Nadie tiene derecho a atentar contra la integridad física de ningún ciudadano, incluso aunque éste haya incurrido en delitos. Para eso están las instancias judiciales correspondientes. Si no hay una acción enérgica del gobierno nacional -las policías regionales están infiltradas y atemorizadas por estos cuerpos armados paralelos- vamos inexorablemente  hacia una generalizada espiral de violencia. Allí está Colombia, un ejemplo cercano y demasiado terrible.